El Consejo Supremo Electoral (CSE) publicó el Reglamento de Ética Electoral en el diario oficial La Gaceta el 14 de mayo, el cual sella la obligatoriedad de las leyes represivas impulsadas por el régimen de Daniel Ortega, de cara a las elecciones nacionales previstas para el próximo siete de noviembre.
El reglamento tiene el objetivo de regular las actividades de las organizaciones políticas participantes en las elecciones, de conformidad con la Ley de Seguridad Soberana (Ley 919), Ley de Regulación de Agentes Extranjeros o Ley Putin (Ley 1040), y la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo (Ley 1055), también conocida como Ley de Inhibiciones.
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La congresista estadounidense María Elvira Salazar urgió al Congreso de su país aprobar la Ley Renacer para ejercer mayor presión al régimen de Daniel Ortega con el fin de garantizar elecciones libres, justas y transparentes el próximo siete de noviembre; e informó que hay intenciones de invitar a algunos aspirantes presidenciales nicaragüenses a una audiencia con el Subcomité de Relaciones Exteriores para las Américas y apoyar a un candidato único opositor.
La funcionaria norteamericana señaló que Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo están activamente socavando el proceso electoral y persiguiendo a los candidatos de la oposición para robarse las próximas elecciones.
La Diócesis de Estelí, dirigida por monseñor Abelardo Mata, envió un contundente mensaje frente a la actual situación social y política en Nicaragua. En el comunicado se especifican las debilidades que enfrenta la oposición, pero no deja atrás las decadencias del régimen de Daniel Ortega.
Los religiosos piden a quienes están en la Presidencia aprovechar la oportunidad de elecciones y «hacer cambios profundos de cara al bien común», apelan a las creencias que profesan los gobernantes para tener la valentía de saber «deponer sus intereses y sus egoísmos» y crear las condiciones necesarias para celebrar unos comicios transparentes.
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La Red de Incidencia EU-LAT Network, que aglutina a 40 organizaciones europeas de derechos humanos y desarrollo, emitió un comunicado donde muestra su preocupación por el retroceso del Estado de Derecho y el deterioro del orden democrático en algunos países de América Latina, y destacan la difícil situación que enfrenta Nicaragua agudizada desde el estallido social de 2018.
El organismo menciona específicamente a Nicaragua, por ser un país que arrastra una crisis sociopolítica y de derechos humanos. Asimismo, indicó que un proceso electoral puede permitir la transición hacia la salida de la crisis, sin embargo, mostró preocupación por las reformas electorales que amenazan con repetir un fraude electoral en noviembre de este año, lo que negaría la posibilidad de una salida pacífica y democrática a la grave crisis que ya vive Nicaragua.
La aspirante a la Presidencia de la República de Nicaragua Cristiana Chamorro insistió, a través de un comunicado dado conocer el 14 de mayo, que se debe de pensar elegir a un solo candidato para competir y derrotara la dictadura y no ir por separados.
Chamorro dijo que sigue en pie su promesa de «decirle sí a Nicaragua» y no tiene interés en dividir el voto de los nicaragüenses. Aseguró que está decidida a seguir al lado del pueblo de Nicaragua, «empujando, primero condiciones para unas elecciones libres, justas y transparentes que honren el derecho sagrado del pueblo a elegir en libertad».
