El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, afirmó este miércoles que Nicaragua “se encamina a la peor elección posible” el próximo siete de noviembre. Esta conclusión se debe a la recién aprobada reforma electoral que beneficia al partido de gobierno, el Frente Sandinista; la elección de los magistrados afines al sandinismo del Consejo Supremo Electoral (CSE) y las leyes para inhibir a opositores y restringir la libertad de expresión.
Durante la sesión ordinaria que se realizó para discutir la situación del país, Almagro dijo que “está claro que en Nicaragua no se cumple con los elementos esenciales de la democracia representativa” que señala la Carta Democrática Interamericana. “Esto constituye una alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático en Nicaragua”.
Fue una sesión muy intensa en la que la mayoría de los miembros de la OEA criticaron la dictadura Ortega Murillo. El exembajador en la Organización de Naciones Unidas (ONU), Julio Icaza Gallard, dijo que este llamado de alerta se puede traducir en una propuesta de resolución que se podría aprobar a inicios de junio, cuando se haya vencido el plazo que se fijó en octubre de 2020. “Las alternativas son varias, en dependencia de los votos que se tengan: van desde un desconocimiento de los resultados de las elecciones, por la falta de condiciones básica, hasta un llamado al no reconocimiento del gobierno resultante o la suspensión de Nicaragua de la organización, en aplicación de la Carta Democrática”, agregó Icaza Gallard.
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El exdiplomático dijo que esto depende de los votos que se consigan. El desconocimiento de los resultados de las elecciones se conseguirían con mayoría simple, mientras que la aplicación de la Carta Democrática necesita de la mayoría cualificada, aunque esta última pareciera estar fuera de las posibilidades.
Esta sesión se realizó a solicitud de Luis Almagro, en correspondencia con el mandato de la Asamblea General del 21 de octubre de 2020, en la que el secretario general se comprometió a informar periódicamente sobre el cumplimiento de las condiciones electorales solicitadas en ese momento.
Estos fueron los siete puntos que se establecieron en la resolución llamada “Restablecimiento de las Instituciones Democráticas y el respeto de los derechos humanos de Nicaragua, mediante elecciones libres y justas”:
- La modernización y reestructuración del CSE para garantizar que funcione de forma totalmente independiente, transparente y responsable.
- Un proceso político pluralista que conduzca al ejercicio efectivo de los derechos civiles y políticos, incluidos los derechos de reunión pacífica y de libertad de expresión, y al registro abierto de los nuevos partidos políticos.
- Un examen técnico independiente, la actualización de los registros de votación y una auditoría independiente de las listas de votantes.
- Observación electoral internacional independiente, fidedigna y acreditada.
- Un registro de votantes transparente y efectivo, la distribución de tarjetas de identificación (cédulas) y la gestión de los centros de votación.
- Un recuento y consolidación transparentes de los resultados y la publicación de los resultados en tiempo real.
- Procedimientos adecuados para la presentación de quejas sobre la conducción de las elecciones y sus resultados, así como procedimientos para resolverlos.
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En su informe, Luis Almagro dijo que el régimen de Ortega no ha mostrado voluntad política para ejercer la medidas necesarias para que haya elecciones libres en Nicaragua.
Los incumplimientos del régimen
Almagro dijo que el régimen de Ortega reiteradamente ha incumplido acuerdos a los que se ha comprometido desde hace cinco años. Primero, entre octubre de 2016 y enero de 2017, se comprometió con la Secretaría de la OEA para hacer reformas electorales. A finales de ese año el organismo también realizó una serie de recomendaciones que fueron aceptadas y con las que el régimen se comprometió a cumplir. A un año de la crisis de 2018, también se llegó a un acuerdo en la mesa de negociación con la Alianza Cívica entre marzo y abril de 2019. En aquella ocasión el gobierno de Nicaragua invitó a la OEA para firmar el acuerdo, con la presencia de testigos y garantes. Ninguno de estos acuerdos se cumplió.
“El cúmulo de incumplimientos es demostrativo de la falta de voluntad de recuperar el camino democrático e institucional”, dijo Almagro. “Lamentablemente la respuesta del gobierno de Nicaragua parece estar orientada a generar condiciones que dificulten superar esta crisis e impedir el restablecimiento de la paz y la democracia”, agregó el secretario general.
Almagro recordó que en este contexto se han aprobado una serie de leyes que agudizan el deterioro democrático en el país, como por ejemplo, la “Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz” que penaliza a los “traidores a la patria”. “Estas acusaciones han sido criticadas por la Secretaria, porque tienen un objetivo claro: restringir los derechos políticos para limitar la competencia” en las elecciones.
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Otra de la leyes condenadas fue la “Ley de Regulación de Agentes Extranjeros”, con la que “se pretende silenciar a las personas y organizaciones identificadas como opositoras y evitar cualquier ejercicio de libertades públicas, como la expresión, asociación y de participar en los asuntos públicos: derecho a protesta y defender derechos, entre otros”, según Almagro. “Estas leyes aumentan más aún el control sobre la sociedad nicaragüense, y en particular el proceso electoral por parte del oficialismo”, agregó.
El secretario general dijo que la reforma electoral aprobada por los sandinistas es un cambio cosmético de un cuerpo legal deficiente, que pretende ocultar “un claro intento de consolidar el control total del proceso electoral”.
El exembajador de Nicaragua en la OEA, Carlos Tünnermann, dijo que este tipo de declaraciones obliga a los grupos opositores a buscar la unidad. “Frente a unas elecciones de esa naturaleza, la fortaleza solo está en que vayamos unidos y con presencia masiva en las urnas electorales. Solo así podremos derrotar a Ortega”, agregó. Sin embargo, con la inscripción de la alianza electoral de Ciudadanos por la Libertad (CxL) la unidad selló la desunión.
Tünnermann señaló que a la oposición le corresponde que haya una reunión de la OEA con un proyecto de resolución antes de que finalice mayo. “Los informes fueron contundentes, pero en la próxima reunión tiene que haber un proyecto de resolución discutido para que con los votos se tomen decisiones que podrían ser de mucha importancia para enderezar el rumbo del país”,
Gallard dijo que esta discusión sobre Nicaragua en el Consejo Permanente es positiva porque en medio de muchos problemas que enfrentan otros países, como Colombia y El Salvador, “se corre el riesgo de que pase desapercibida” la situación que se vive en el país.
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Violaciones a los derechos humanos “persisten en impunidad”
Por su parte, la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y relatora para Nicaragua, Antonia Urrejola dijo que las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas desde abril de 2018 “persisten en completa impunidad”.
“A tres años del inicio de las protestas sociales se han incumplido departe del estado las recomendaciones de la CIDH, incumplimiento de las medidas cautelares y la instalación de un contexto de impunidad generalizado frente a los graves hechos ocurridos”, agregó Urrejola.
Según el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), de la CIDH, contabiliza hasta el momento al menos 328 personas fallecidas y dos mil personas heridas, como consecuencia de la actuación de fuerzas estatales con el acompañamiento de civiles armados desde 2018. La CIDH ha registrado que más de 1614 personas han sido víctimas de privación arbitraria de su libertad, como represalia por participar en actos de protestas. Por otro lado, la Oficina de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), registra que más de 100 mil personas han migrado desde Nicaragua a otros países, a raíz de la crisis.
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Urrejola recordó que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) determinó que se cometieron en Nicaragua “crímenes de lesa humanidad”, los asesinatos de campesinos opositores; la colonización y violencia en los territorios indígenas, la expulsión de más de 150 universitarios de las universidades públicas y decenas de despidos de trabajadores de la salud pública. Además, el ataque a los periodistas, que incluye el cierre de medios y la decenas que se han tenido que exiliar. Hasta el momento 112 personas se encuentran en las cárceles. “La Comisión condena la falta de voluntad manifiesta para superar la impunidad y la grave crisis que atraviesa el país”, agregó Urrejola.
