Daniel Ortega impuso su voluntad a través de su aplanadora de diputados en la Asamblea Nacional y ubicó a siete de sus fichas como magistrados, entre propietarios y suplentes, en el Consejo Supremo Electoral. El orteguismo junto con sus aliados reeligieron al sancionado Lumberto Campbell y a Mayra Salinas.
La dictadura con ello mantendrá el control en el Poder Electoral desoyendo los llamados de la comunidad internacional para garantizar personas respetables en unos posibles comicios generales.
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El régimen también aprobó en lo general sin ningún su propuesta de reforma electoral. No habrá observación nacional ni internacional, tampoco depuración del padrón electoral. La iniciativa fue avalada con 85 votos del oficialismo y sus colaboracionistas.
La sorpresa la dio Brooklyn Rivera, representante de Yatama en el Parlamento, partido regional que forma parte de la Coalición Nacional. Rivera votó a favor de la continuidad de Lumberto Campbell, lo que fue catalogado como una puñalada para la oposición.
Rivera argumentó que su voto no es representativo porque no haría la diferencia con los 70 que tiene seguros el FSLN y dijo que lo hacía porque con el sancionado magistrado los une una amistad, por lo cual minimizó que Estados Unidos vea a Campbell como un delincuente internacional artífice de fraudes electorales.
Rivera argumentó que su voto no es representativo porque no haría la diferencia con los 70 que tiene seguros el FSLN y dijo que lo hacía porque con el sancionado magistrado los une una amistad, por lo cual minimizó que Estados Unidos vea a Campbell como un delincuente internacional artífice de fraudes electorales.
Juan Sebastián Chamorro: La dictadura llevará las elecciones a un fraude, porque «corruptos contarán los votos». Foto: La Prensa.
Los grupos de oposición rechazaron la aprobación de la reforma electoral y aseguraron que con ello se aleja aún más la posibilidad de una salida democrática a la dictadura. Además, reprocharon la acción de Brooklyn Rivera al apoyar a un colaborador de la dictadura. Escuchemos las declaraciones de los opositores.
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La Coalición Nacional, por su parte, expresó a través de un comunicado que se plantea expulsar de sus filas a Brooklyn Rivera. Ese grupo opositor detalla que ese voto de Rivera constituye una infracción grave a los Estatutos y Código de Ética de la Coalición Nacional, mereciendo el rechazo por parte de este bloque opositor por estimar su actitud incompatible con el compromiso de las organizaciones integrantes de la Coalición Nacional de no favorecer directa o indirectamente a la dictadura».
Un trabajo periodístico de Divergentes revela que el hijo del general Julio César Avilés, Lenín Bonifacio Avilés Sánchez, ha sido beneficiado con contratos de instituciones del Estado, aún cuando legalmente está inhibido de recibir ese tipo de concesiones por estar vinculado a un alto funcionario público, en este caso un parentesco con el jefe del Ejército de Nicaragua.
La investigación detalla que Avilés Sánchez es socio propietario de dos compañías denominadas International Rental Equipments Sociedad Anónima (Iresa) y Absolute Nicaragua Sociedad Anónima (Absolute) y desde esa posición ha logrado obtener contratos estatales entre 2015 y 2021 que suman casi ocho millones de córdobas. Quienes lo contratan son el Instituto de Turismo (Intur) y Ministerio de Economía Familiar Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (Mefcca).
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Divergentes destaca que, efectivamente, Avilés Sánchez, al ser hijo del comandante en jefe del cuerpo castrense cuenta con todas las influencias para acceder a contratos de instituciones del Estado, tal es el caso de los «arreglos empresariales» que ha concretado y que le han sumado al menos 7 millones 855 mil 891.02 córdobas en un periodo que va de 2015 al 2021.
«Estas contrataciones públicas que benefician al hijo del general Avilés incurren en tráfico de influencia y conflicto de interés. La Ley 737, “Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público”, señala en el artículo 18, numeral 2, inciso b, que no pueden ser oferentes del Estado “el cónyuge, la pareja en unión de hecho estable y los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de los funcionarios públicos y de los servidores públicos”», recalca la publicación.
