Uno de los cuatro hijos del general Julio César Avilés, Lenín Bonifacio Avilés Sánchez, ha sido beneficiado por contratos de instituciones del Estado, aún cuando legalmente está inhibido de recibir ese tipo de concesiones por estar vinculado de un alto funcionario público, en este caso un parentesco con el jefe del Ejército de Nicaragua.
Una investigación del medio de comunicación digital Divergentes revela que Avilés Sánchez es socio propietario de dos compañías denominadas International Rental Equipments Sociedad Anónima (Iresa) y Absolute Nicaragua Sociedad Anónima (Absolute) y desde esa posición ha logrado obtener contratos estatales que suman millones de córdobas.
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«Avilés Sánchez tiene una conexión directa con el poder. Específicamente con la institución militar que, además de ser la principal fuerza armada de Nicaragua, tiene una influencia significativa en el mundo de los negocios. Con numerosas empresas, el Ejército de Nicaragua es uno de los principales capitales nacionales con proyección internacional, al punto que sus inversiones cotizan en la bolsa de valores de Estados Unidos. Esa conexión le ha abierto puertas a las empresas del “papá emprendedor” —Iresa y Absolute— como proveedoras estatales», indica la publicación.
La investigación periodística destaca que, efectivamente, Avilés Sánchez, al ser hijo del comandante en jefe del cuerpo castrense cuenta con todas las influencias para acceder a contratos de instituciones del Estado, tal es el caso de los «arreglos empresariales» que ha concretado y que le han sumado al menos 7 millones 855 mil 891.02 córdobas en un periodo que va de 2015 al 2021.
«Estas contrataciones públicas que benefician al hijo del general Avilés incurren en tráfico de influencia y conflicto de interés. La Ley 737, “Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público”, señala en el artículo 18, numeral 2, inciso b, que no pueden ser oferentes del Estado “el cónyuge, la pareja en unión de hecho estable y los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de los funcionarios públicos y de los servidores públicos”», destaca la publicación..
Sin embargo, a pesar de esa prohibición, de acuerdo con los datos recabados por los periodistas de Divergentes, «ni el Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur) ni el Ministerio de Economía Familiar Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (Mefcca), las dos instituciones públicas que contrataron los servicios de las empresas de Avillés Sánchez, explicaron, hasta la publicación de este reportaje, por qué decidieron adjudicar los contratos, cuando el hijo del jefe del Ejército de Nicaragua está dentro del régimen de prohibiciones».
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«El propietario de estas empresas es el hijo del jefe del Ejército. Un funcionario que está en una posición relevante y por ende (las contrataciones) tiene toda la característica de tráfico de influencia. Él por su relación de consanguinidad, por ser hijo de quien es, tiene prohibido recibir contrataciones y la ley trata de evitar estas posibles situaciones de beneficio», le dijo a los investigadores periodísticos Dayra Valle, experta en contrataciones públicas.
Valle hizo ver que este tipo de situaciones cada vez son más comunes en las altas esferas del poder. Asimismo, relató que ni las instituciones públicas pueden alegar ignorancia ni el proveedor desconocimiento, pues la ley y el reglamento son claros para ambas partes.
Las empresas del hijo del general, en el caso de Absolute, según su página de Facebook, se dedica a la «planificación y organización de eventos especiales, montaje de tarimas y techos para conciertos nacionales y extranjeros». También suplen lo necesario para «ferias, bodas y todo tipo de eventos sociales y corporativos».
Con Absolute Nicaragua Sociedad Anónima, Avilés Sánchez consiguió, entre 2015 y 2021, al menos 25 contrataciones menores de parte del Intur y el Mefcca, de acuerdo con documentación que tiene en su poder Divergentes. En 2016 la compañía estuvo a cargo del montaje del lanzamiento de la campaña turística de ese verano. Ese mismo año “apoyó la actividad ‘Encuentros en Amor a Nicaragua, Orgullo de mi Municipio’, realizada en varios departamentos del país. También brindó servicios de alquiler de audio. (Ver contratos de Absolute Nicaragua aquí).
«Los contratos otorgados a Absolute de parte de Intur y Mefcca revelan que la empresa ganó 4,296,222 millones de córdobas en ese periodo», revela la investigación.
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Además, paralelo a los contratos que ganó con Absolute, Avilés Sánchez también fue beneficiado, siempre por las dos instituciones y en el mismo periodo con 15 contratos para su otra empresa, International Rental Equipments S.A. Con esta compañía recibió pagos que suman 3, 443,946.94 millones de córdobas. (Ver contratos aquí).
Iresa Nicaragua es la otra empresa de Avilés Sánchez, con la que inició rentando baños portátiles; según sus propias palabras en una entrevistas brindada a un revista de negocios, «actualmente Iresa está en proceso de crecimiento, cuenta con cuatro divisiones y 26 servicios en el catálogo», le dijo el empresario a esa publicación.
«Iresa fue fundada en 2014 por Avilés Sánchez y por su socio y amigo Juan Aguirre Pereira. Los servicios que ofrece, según su página de Facebook, son renta de baños portátiles, oficinas portátiles, torres de luz, plantas eléctricas, andamios, formaletas de piso, succión de sumideros y más».
Sin embargo, aunque su principal rubro tiene que ver con el alquiler de baños portátiles, en algunos servicios brindados al Intur, por ejemplo, también fue contratada para montar el evento del Festival de Vals, mazurcas y polkas, en el año 2016. Es decir, suplió el servicio de montaje que en teoría ofrece Absolute.
Otra revelación que salta en la investigación es que además de obtener contrataciones a nombre de sus dos empresas, Avilés Sánchez logró la adjudicación de un contrato con el Intur a título personal por la organización de un concurso de cuaresma realizado en 2015. La institución pública le pagó 115, 710 córdobas, para sumar un total de 7,855,891.02 millones de córdobas en al menos seis años.
Resulta llamativo que las empresas Avilés hijo, han incumplido la ley de contrataciones públicas flagrantemente y tanto el Intur como el Mefcca no se han preocupado por verificar el cumplimiento del régimen de prohibiciones para evitar casos de conflicto de interés u otras ilegalidades en las contrataciones públicas.
Dayra Valle explicó que en el caso de Avilés Sánchez la relación con el jefe del Ejército de Nicaragua es lo que debió verificar el comité de evaluación. Ese aspecto tuvo que ser suficiente motivo para separarlo del proceso de licitación y notificarle que estaba descalificado por estar incluido en el régimen de prohibiciones.
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«El conflicto de interés está establecido en la Ley de Probidad. Es una figura que está establecida como una prohibición vinculada a los servidores públicos, pero que tiene su efecto en la relación que pueda tener un servidor público en puestos relevantes o tomadores de decisión o que pueden generar un tráfico de influencias. Establece que hay ciertas acciones prohibidas y estas están vinculadas con el manejo de recursos públicos y parte de la gestión pública», destacó la especialista.
Valle agregó que en todo caso, «son contrataciones ilegales que deberían ser nulas, pero al final se ejecutaron. Ahora lo que debería ocurrir es una investigación por parte de la Contraloría General de la República, que es el ente fiscalizador, analizar el expediente y probar que el dueño de las empresas es hijo de un alto funcionario».
Contraloría debería fiscalizar
En caso que el ente fiscalizador por la Ley en Nicaragua que es la Contraloría cumpliera con su mandato constitucional debería revisar el expediente de todas las contrataciones adjudicadas a Avilés Sánchez y al de comprobar que existen todas las anomalías que revela la investigación periodística estaría en toda la facultad de ordenar dos tipos de sanciones. Al responsable de emitir la adjudicación lo podrían castigar con multas salariales o la destitución. Y al proveedor, que por ejemplo en este caso sabe que está involucrado en una situación donde pudiera existir tráfico de influencia, podrían suspender o inhabilitar de forma permanente para no ser contratista del Estado nuevamente.
«El tráfico de influencia para beneficio de particulares es un hecho de corrupción y daría lugar a un proceso judicial si la Procuraduría decidiera darle causa, pero desafortunadamente en estos casos, hemos tenido la experiencia de que son pocos los que prosperan, por no decir ninguno», indicó la experta en contrataciones del Estado..
La Contraloría General de la República ha sido tildada de inoperante por la experta en temas de lavado de dinero y anticorrupción Martha Patricia Molina. quien sostuvo que el último informe de Gestión Anual de la Contraloría de 2020 revela que esa entidad pública no fiscalizó 104 instituciones, lo que equivale a 75 instituciones sin fiscalizar respecto a 2016 (29 entidades sin fiscalizar).