El Ejército de Nicaragua emitió una normativa interna militar en la que se declara «el único cuerpo armado en el país, apartidista y apolítico», lo que despierta sospecha para algunos expertos, debido a las críticas internas contra el cuerpo castrense y la demanda internacional de sancionar a la institución militar del régimen de Daniel Ortega, señalado de participar en la represión estatal en 2018 y de apañar la existencia de bandas paramilitares ligadas al gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
En la normativa publicada el miércoles, 24 de marzo, se lee que «el Ejército de Nicaragua constitucionalmente es el único cuerpo armado de la República de Nicaragua, para la defensa de la soberanía, de la independencia y la integridad territorial, y que su fortalecimiento institucional en su organización y funcionamiento es un proceso permanente».
En el artículo uno del Capítulo Uno también señala que «el Ejército de Nicaragua es indivisible, tiene carácter nacional, patriótico, apartidista, apolítico, profesional, obediente y no deliberante».
Para el general en retiro HugoTorres, «ese es un enunciado común, no solo para el EN, sino para los ejércitos centroamericanos que son pequeños (porque) según la Constitución (de Nicaragua), el único cuerpo armado de la nación para la defensa de la soberanía es el EN. Pero, ¿por qué sacan esta normativa ahora en este año electoral? Por qué lo hacen en momentos en que el EN ha venido siendo seriamente cuestionado por la población, al que se acusa de haberse prestado por omisión o acción de sus miembros retirados y activos… la población dice que vieron militares con uniforme de la Policía (Nacional) y las evidencias del tipo de armamento que usaban», cuestionó.
Por tanto, podría ser un intento «para “reafirmar” su obediencia a la Constitución, apolítico, apartidista, pero esas son palabras, en la práctica la población cuestiona la adhesión de altos mandos del Ejército al régimen de Ortega», resaltó, en referencia a los paramilitares que participaron en la represión del régimen contra la población durante las protestas de 2018, la que dejó más de 300 muertos.
Un hecho que posterior, negó el jefe del Ejército, general Julio César Avilés Castillo, quien en 2019 manifestó que «bajo ningún punto de vista aceptamos ese concepto de fuerza paramilitar. Miramos que usar el término paramilitar o militarización es un enfoque equivocado».
Además, la normativa del EN se publica en un contexto que senadores estadounidenses discuten la nueva iniciativa «Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral (Renacer, por sus siglas en inglés) para aplicar sanciones contra la dictadura y luego que, el almirante Craig S. Faller, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, calificara a Nicaragua como un «actor regional maligno» que representa una «amenaza» para la seguridad de esa nación.
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«No son hechos aislados», declaró Torres. «Las sanciones que podrían ser a la Institución, no solo a los mandos, sería un hecho gravísimo; sería grave para el fondo de pensiones de los oficiales porque afectaría al Instituto de Previsión Social Militar (IPSM) con todas las empresas y el dinero que tienen en la Bolsa de Valores».
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«Tendría la Comandancia del Ejército que hacer gestos más claros, de distanciamiento de (Daniel) Ortega y (Rosario) Murillo como para que alguien le tome la palabra en el plano internacional, y digan “dieron este gesto fuerte, esperemos (para las sanciones)», por ejemplo investigar si hubo militares involucrados en la represión contra el pueblo en el 2018. Sin embargo, Torres no cree que pueda darse esa posibilidad a menos que sea «compadre hablado con Ortega», es decir maniobra estratégica del régimen, considerando que la «presión sobre el Ejército es también sobre el régimen».
La normativa también remarca en el artículo 124 que «el tiempo de servicio militar activo de los oficiales será de 40 años y 65 años como edad máxima. Por interés institucional el tiempo de la prestación del servicio militar podrá ser extendido de conformidad con el Código Militar». El artículo 126 declara que lo relacionado a la permanencia en los grados de escala superior y media (artículo123) y artículo 36 de la presente normativa «no se tomará en cuenta lo dispuesto para determinar el ingreso al Ejército de Nicaragua y la edad límite de permanencia en los Grados Militares de los oficiales».
Torres explica que es una vieja práctica en cuanto a que Ortega pretende justificar la permanencia de los oficiales «anchos de cintura». « A la par del general (Julio César Avilés Castillo) que debió haber pasado a retiro hace como unos ocho años, al mismo tiempo el Jefe del Estado Mayor e Inspector General puede permanecer igualmente el tiempo que esté el Comandante, no estrictamente. Estos que están ahora son de la complacencia de la compañera (Rosario Murillo), pero eso se convierte en un “gran tapón” para el resto de oficiales porque la edad va avanzando, al no poder ascender a los altos cargos».
Eso «obedece a criterio político, no obedece a una necesidad militar». En la línea de sucesión se encuentran el Jefe del Estado Mayor, mayor general Bayardo Ramón Rodríguez y el Inspector General, mayor general Marvin Corrales.
Los altos mandos del ejército son taladores de madera en las Reservas Nacionales. Son empresarios, no militares. Además de padres de los paramilitares, sus suplidores de armas, entrenamiento; además, de cometer asesinatos de campesinos a lo largo y ancho de Nicaragua. ¡SANCIONES AL EJÉRCITO Y CONGELAMIENTO DE SUS FONDOS EN LA BOLSA DE VALORES EN EE.UU!