En una nueva modalidad de vigilancia y represión contra los opositores al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, la activista opositora Zayda Hernández fue citada por la Policía al servicio de la dictadura para interrogarla sobre la acusación por una supuesta agresión contra un adolescente integrante de la Juventud Sandinista (JS).
La Unión Europea declaró que la reforma a la Ley Electoral y el nombramiento de nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral controlado por el régimen constituyen un “retroceso” de la democracia. La OEA y EEUU también se sumaron al rechazo.
El citatorio fue entregado a la opositora en la casa de un familiar hasta donde los efectivos policiales la llegaron a buscar la mañana de este jueves, 29 de abril, mismo día de la cita.
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Hernández no vive ahí, sino que se mueve por varias casa ante el constante acoso de los vigilantes del régimen, sin embargo, por donde ande la persiguen, y eso lo comprobó cuando llegó donde un familiar en un barrio de Managua que no es su residencia habitual y ahí había una patrulla policial esperándola y le entregaron la cita.
«De conformidad con lo establecido en el Artículo 230, numeral 2 del Código Procesal Penal (CPP). Artículo 3, numeral 29 de la Ley 872, de la Policía Nacional, procédase a citar a: Zayda Hernández, para que se presente ante la subcomisionada Licchen Benítez, con el objetivo de brindar declaración», dice el citatorio policial, sin especificar el motivo de la cita que era para las 8:30 de la mañana y fue entregada una hora antes.
La acusación de un JS
Wilmer Benavidez, vocero de la Coalición Nacional (CN) y amigo de Zayda, quien la acompañó a la comparecencia ante la Policía, indicó a Artículo 66 que cuando Hernández se presentó en la subdelegación policial del Reparto Shick perteneciente Distrito Cinco, fue notificada que sería interrogada porque estaba siendo acusada de agresión física y verbal contra un adolescente, estudiante del Colegio Público Filemón Rivera Quintero, localizado en el mismo Reparto.
Según la Policía, el adolescente supuestamente denunció que durante una actividad realizada por el Día de la Tierra en ese colegio, el pasado 22 de abril, la activista política llegó a acompañar a su hermanita, que también estudia ahí, y tras ser reconocida por el alumno, que es identificado en el colegio como activo miembro de la Juventud Sandinista, habrían sostenido una discusión en la que Hernández lo tomó del brazo y lo agredió verbalmente.
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Benavidez relata que Hernández asegura que nunca se dio tal discusión, lo que en realidad pasó es que el muchacho de la JS al reconocerla se le acercó y empezó a ofenderla «le decía golpista, traidora a la patria y se decía a sí mismo que él era sapo, pero orgullosamente sapo y no traidor. Zayda lo que le dijo fue que no se estuviera ofendiéndose él mismo y se retiró del lugar», ahora resulta que el adolescente es la víctima y la Policía tomó la denuncia.
Finalmente, la activista expuso ante los policías que la estaban interrogando que ella quería interponer una denuncia contra el adolescente porque era ella la agredida, ante lo que los uniformados contestaron que no le iban a recibir ninguna denuncia y que mejor se retirara del lugar.
Van a incrementar las citas
La excarcelada política y dirigente opositora Ivania Álvarez indicó que esa nueva modalidad de represión y persecución policial la vienen aplicando desde hace algunos meses.
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«A partir de noviembre y diciembre del año pasado (2020), una gran cantidad de opositores recibieron citatorias para interrogarlos y los mantuvieron retenidos bajo interrogatorios por entre dos y tres horas. Al menos tenemos reportes de 20 activistas que han sido citados par ser intimidados y por supuestas acusaciones de vecinos», señala la excarcelada política.
«Creemos que en estos días va a incrementarse esa modalidad y podría llegar a encarcelamiento, ya hay un caso que ha pasado a más, que es el de Julio Godoy en Bluefields, que lo está acusando el hijo del alcalde sandinista de ese municipio y está en arresto domiciliario», advirtió Álvarez, integrante de la Unidad Nacional Azul y Blanco en representación de la Articulación de Movimientos Sociales.
