La Comisión de Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos (USCIRF, por sus siglas en inglés) ubicó a Nicaragua como el noveno país que cuenta con la peor persecución religiosa a nivel mundial.
De acuerdo con un informe, difundido este miércoles, primero de mayo, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, junto al partido político Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), «comenzó a perseguir a la Iglesia católica después de que esta brindara refugio a manifestantes y varios clérigos que expresaron su oposición a los abusos contra los derechos humanos por parte del gobierno».
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El organismo denunció que los «actores gubernamentales y grupos pro-Ortega han adoptado medidas represivas cada vez más severas contra la Iglesia», como «arrestar, encarcelar y expulsar arbitrariamente a clérigos y laicos católicos» y «cancelar el estatus legal de organizaciones católicas, confiscar propiedades e intimidar y acosar a los fieles».
Entre las instituciones canceladas arbitrariamente por la dictadura sandinista, la USCIRF resaltó la Universidad Católica de la Inmaculada Concepción en Managua, un centro de formación para seminaristas, la Universidad Católica Juan Pablo II, Hermanas Pobres de Jesucristo y Cáritas, la Orden Franciscana Menor y el Instituto Técnico Santa Luisa de Marillac, administrado por monjas.
«En el caso de la Universidad Centroamericana (UCA), dirigida por jesuitas, el gobierno cerró la institución tras alegar sin fundamento que estaba involucrada en terrorismo. También confiscó sus activos, anunció su intención de establecer una universidad estatal (la Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro) en su lugar y expulsó a los jesuitas que vivían cerca del campus», detalla el reporte.
El régimen nicaragüense también modificó la Ley 89, Ley de Autonomía de Instituciones de Educación Superior, y la Ley 582, Ley General de Educación, «para eliminar formalmente la autonomía de todas las instituciones de educación superior, incluida la de las universidades católicas cerradas, y someterlas al control del Consejo Nacional de Universidades (CNU), perteneciente al gobierno».
Asedio contra figuras religiosas
Además de arremeter contra agrupaciones religiosas e independientes, la organización precisó que «el gobierno nicaragüense utilizó cargos espurios, como la difusión de ‘noticias falsas’ y ‘conspiración para socavar la integridad nacional’, para justificar el arresto, encarcelamiento y exilio arbitrarios de miembros reales o percibidos de la Iglesia católica».
En febrero de 2023, el gobierno sentenció al obispo de la Diócesis de Matagalpa, Rolando Álvarez Lagos, a 26 años de prisión y le despojó de su nacionalidad «como represalia por sus críticas a las acciones del gobierno, incluyendo durante sus homilías y sermones». El líder católico pasó más de 500 días encarcelado en «La Modelo», hasta que fue exiliado a la Santa Sede, junto a otros 18 religiosos.
La dictadura orteguista también desterró a 222 presos políticos a Estados Unidos, entre ellos el padre Oscar Benavidez, quien regularmente predicaba contra los abusos del gobierno, y el seminarista Darvin Leiva, inicialmente puesto bajo arresto domiciliario junto con el obispo Álvarez.
La organización destacó la situación del periodista Víctor Ticay, sentenciado a ocho años de prisión por dar cobertura a la procesión «La Reseña», una celebración de Semana Santa, en Nandaime. El joven poeta Carlos Bojorge también fue apresado por asistir a una actividad católica y gritar «¡Viva la Iglesia católica» dentro de un templo.
En octubre del año pasado, el gobierno «expulsó arbitrariamente a clérigos detenidos al Vaticano, incluidos Álvaro Toledo, quien habló sobre el encarcelamiento injusto de sacerdotes, y Osman José Amador Guillén y al obispo de Siuna, Isidora Mora, quienes rezaron por el obispo Álvarez en sus homilías».
«El hostigamiento continuo a los fieles tomó muchas formas. Agentes gubernamentales uniformados y de civil intimidaron a clérigos y feligreses mediante la vigilancia evidente de los servicios religiosos», señaló la USCIRF.
Una de las medidas represivas impuestas por el régimen Ortega-Murillo fueron las prohibiciones de la «observancia pública de tradiciones católicas como las procesiones durante la Semana Santa», así como el uso de «un lenguaje despectivo para demonizar a la Iglesia católica, refiriéndose a ella como una ‘mafia’ y llamando a los sacerdotes ‘representantes del diablo’».
Llamado a la acción
Ante este panorama represivo contra la Iglesia, la USCIRF renombró a Nicaragua como un «país de especial preocupación» (o CPC, por sus siglas en inglés)», debido a su participación en «violaciones sistemáticas, continuas y atroces de la libertad religiosa»
De igual manera, la organización recomendó a Estados Unidos «imponer sanciones específicas a las agencias y funcionarios del gobierno nicaragüense, responsables de violaciones particularmente graves de la libertad religiosa, congelando los activos de esos individuos y/o prohibiéndoles la entrada a ese país».
También aconsejaron «apoyar el trabajo del Grupo de Expertos en Derechos Humanos para Nicaragua (GHREN) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para investigar las violaciones de la libertad religiosa en Nicaragua e identificar a quienes las perpetran».
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Otras sugerencias propuestas por el organismo internacional fueron «abogar por los religiosos presos políticos, a través de cartas, delegaciones congresionales, discursos en el piso y reuniones informativas» y «apoyar legislaciones que amplíen las bases legales para sanciones contra violadores de la libertad religiosa».
Los demás países que presentan más casos de extrema persecución religiosa, y también considerados CPC, son Afganistán, Azerbaiyán, Birmania, China, Cuba, Eritrea, India, Irán, Nigeria, Corea del Norte, Pakistán, Rusia, Arabia Saudita, Tayikistán, Turkmenistán y Vietnam.