Estados Unidos ya había dado un primer aviso. El 22 de diciembre de 2017 impuso las primeras sanciones contra uno de los funcionarios del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El entonces presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas Reyes, recibía el «galardón» mediante la activación de la Ley Global Magnitsky.
Así entró en la «lista negra» de corruptos, lavadores de dinero, torturadores o violadores de derechos humanos del mundo. Como consecuencia de esta sanción, la dictadura de Ortega se vio obligada, primero, a quitarle todas las funciones a Rivas en el Poder Electoral, luego fue separado totalmente del cargo.
Esa señal llegó en vísperas de la Navidad de ese año, casi cuatro meses después, en abril de 2018, se dio el estallido social, primero por la inacción de la dictadura frente a un voraz incendio en la reserva de Indio Maíz y posteriormente, la llama que movilizó a la mayoría de nicaragüenses fue una reforma a la Ley de Seguridad Social, un golpe para todos los sectores sociales, pero más aún contra los jubilados, a quienes de sus raquíticas pensiones les quitarían un cinco por ciento más y que al salir a protestar fueron recibidos con represión por parte de las turbas de la Juventud Sandinista (JS).
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Desde 2007, cuando Daniel Ortega retomó el poder, hasta 2018, con más de una década al frente del país: las denuncias de corrupción, nepotismo, fraude electoral, violaciones a las leyes del país, creación de normativas a su medida para perpetuarse en el cargo, restricciones a la libertad de prensa, negociaciones con la empresa privada, carestía de la vida… generaban un descontento social, que era callado con represión ante cualquier intento de protesta.
Pero fue la agresión contra adultos mayores que llevó a los ciudadanos a unirse a la lucha por la derogación de la ley. Primero, los estudiantes salieron en respaldo, después se unieron todos los sectores sociales. Así creció la violencia hasta llevar a que las fuerzas represivas de la administración de turno, policías y grupos paramilitares, acabaran con la vida de más de 300 nicaragüenses y otros miles de heridos.
En ese contexto, las sanciones llegaron meses después para castigar a los cómplices de las violaciones de derechos humanos. La lista creció hasta alcanzar 28 funcionarios castigados, ocho entidades privadas y una institución pública, la Policía Nacional. Estados Unidos, el Parlamento Europeo, Reino Unido, Suiza y Canadá son los países que le han dicho con las sanciones a Ortega que para la escalda de violencia y que trabaje en el restablecimiento de la democracia de Nicaragua.
El exdiputado y ahora asesor político de Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN), José Pallais, explicó que estas sanciones son «parte del repudio mundial al régimen. El mayor castigo internacionalmente que han tenido (la dictadura) es que a través de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la OEA (Organización de Estados Americanos) se haya sabido la verdad y se haya dicho claramente que este es un régimen violador de los derechos humanos, que, incluso, ha incurrido en la comisión de delitos de lesa humanidad».
Esas condenas internacionales, afirma, han servido para «develar la naturaleza criminal del régimen y que exista una conciencia mundial de que este régimen es una amenaza contra la paz mundial por su desacato a los acuerdos en materia de derechos humanos».
Por su parte, Violeta Granera sostiene que las «sanciones son parte de la estrategia de lucha, porque aunque no lo reconozcan lo cierto es que esto ha afectado en dos líneas: uno, en el plano personal de estos funcionarios sancionados, pero también en la ilegitimidad total del régimen».
Administración de Trump, la que más sanciones ha impuesto
Estados Unidos es el país que despuntó con las sanciones y el que más ha presionado a los funcionarios que cataloga de «delincuentes internacionales». Con la medida les restringe las operaciones financieras, les limita actividades vinculadas con la inversión y acceso a créditos de organismos multilaterales. Además, les niega la entrada al país, con lo cual afecta sus desplazamientos migratorios.
La administración de Donal Trump, tres meses después del estallido social, el cinco de julio de 2018 impuso sanciones al entonces subdirector de la Policía Nacional y consuegro presidencial, comisionado Francisco Díaz. Al jefe policial lo señalan de ser el responsable de dirigir la represión contra ciudadanos durante la crisis iniciada en abril de 2018.
Ese mismo día le pasaron factura a Francisco “Chico” López Centeno, quien fungía como tesorero del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y vicepresidente de Alba de Nicaragua, S.A (Albanisa). Lo acusaron de «utilizar su posición en beneficio propio y de su familia, al usar compañías de su propiedad para ganar contratos con el Gobierno». El trío lo completó Fidel Moreno, secretario general de la Alcaldía de Managua. Lo culpan de organizar los actos violentos llevados a cabo por los grupos parapoliciales y por la Juventud Sandinista.
Fidel Moreno y Rosario Murillo, dos de los sancionados por Estados Unidos
El 27 de noviembre de 2018 siguió creciendo la lista. A Rosario Murillo, la vicedictadora de Nicaragua, la identificaron directamente como el cerebro que ordenó los crímenes contra los ciudadanos que protestaron por sus desmanes. También, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó al asesor presidencial en temas de seguridad y espionaje, Néstor Moncada Lau, un estrecho colaborador de Ortega en su relación con los mandos de la Policía y el Ejército.
Con ello, según el doctor Pallais, entre más sanciones lleguen la credibilidad del régimen queda severamente «debilitada y cuestionada. Como actores nacionales (los sancionados) carecen de toda legitimidad internacional. La afectación principal es moral, es una ubicación en el listado que se hace y se comparte con todo el mundo y quedan en esa lista de violadores de derechos humanos, de los que han incurrido en prácticas corruptas, vinculados con graves delitos y esto debilita la capacidad de gestión, de relación y ha limitado su capacidad de contacto diplomático y de incidir en la construcción del orden mundial».
El 13 de diciembre de 2018, llegó el «premio» para Ileana Patricia Lacayo Delgado, esposa del extitular del CSE Roberto Rivas, a quien Washington señala por «corrupción significativa».
El 29 de enero de 2019, el asesor de seguridad nacional de la administración de Donald Trump, John Bolton, explicó en su cuenta de Twitter que tras la sanción a PDVSA (Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima) Estados Unidos también castigaba a Albanisa de Nicaragua, la empresa conjunta del gobierno de Nicaragua con PDVSA y «caja de fondos ilegítimos del régimen corrupto de Daniel Ortega».
El 17 de abril de 2019 cayó el Banco Corporativo (Bancorp), institución financiera que el círculo de poder económico del FSLN manejaba como caja fuerte para camuflar los petrodólares provenientes de la cooperación venezolana y guardar los millones que producen a la familia gobernante los negocios creados al amparo del poder.
Laureano y Juan Carlos Ortega Murillo, hijos de la pareja presidencial que han sido sancionados. Ilustración/Artículo66
Ese día, el primero de la descendencia Ortega-Murillo se unió «al selecto club» el tenor presidencial, Laureano Ortega Murillo. Lo calificaron como elemento «clave de la corrupción del régimen de Ortega para buscar financiamiento. Al hacerlo, colocó los intereses de su familia y su fortuna personal por encima de los intereses del pueblo nicaragüense al participar en negocios corruptos».
Un poco más de dos meses y cuatro nuevos funcionarios nicaragüenses fueron castigados por Trump. El 21 de junio de 2019, la exministra de Salud, Sonia Castro entró en la lista por negar atención médica a los manifestantes que resultaron heridos en el contexto de las protestas y dejarlos morir. Ella fue quien giró la orden, recalcó Estados Unidos.
Orlando Castillo (q.e.p.d.), exdirector general del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones (Telcor), también fue sancionado por censurar a los medios de comunicación independientes. En esa tanda, ubicaron al ministro de Transporte e Infraestructura Óscar Mojica. En Nicaragua, asumieron que esto representaba un mensaje para el Ejército.
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El otro que recibió el castigo fue Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, EE. UU. dijo que el sindicalista y brazo represor del régimen habría funcionado como el cabecilla de los grupos armados y las turbas que atacaron la movilización multitudinaria donde fueron asesinadas más de 15 personas.
El siete de noviembre de 2019, tres más fueron enlistados. El comisionado Ramón Avellán, subdirector de la Policía, tildado de ejecutor de los ataques de la policía orteguista y grupos paramilitares contra el pueblo de Masaya, durante la crisis sociopolítica.
Igualmente, fue «fichado» Roberto López, presidente del Instituto de Seguridad Social (INSS) por manejar de «forma indebida los activos públicos o la expropiación de activos privados para beneficio personal o con fines políticos». Las reformas al seguro social desencadenaron la rebelión.
El otro del día fue el vicepresidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Lumberto Campbell. Lo ligaron con los fraudes y corrupción en ese poder del Estado.
Parte de los sancionados por Estados Unidos
El 12 de diciembre de 2019, Estados Unidos propinó otro golpe contra la familia gobernante. El hijo mayor de la pareja presidencial y administrador de los negocios del régimen, Rafael Ortega Murillo se convirtió en el segundo hijo de la dinastía en obtener el «premio». «Es el administrador del dinero clave detrás de los esquemas financieros ilícitos de la familia Ortega», justificó Estados Unidos.
Junto a Rafael, Estados Unidos también le declaró muerte a las empresas Distribuidora Nicaragüense de Petróleo S.A. (DNP Petronic), Inversiones Zanzíbar Sociedad Anónima y Servicio de Protección y Vigilancia S.A. (El Goliat), todas compañías que engrosaban el holding económico del FSLN, creadas con dinero proveniente de los petrodólares venezolanos y la corrupción.
Primera institución estatal que cae
Hasta el momento, la única institución de carácter estatal que ha sido sancionada es la Policía Nacional. Fue fichada el cinco de marzo de 2020. «La designación de OFAC está dirigida a la Policía Nacional como una institución responsable de los abusos de los derechos humanos en Nicaragua», dice el Departamento de Estado.
En esa misma fecha, tres jefes policiales ampliaron el círculo de corruptos y violadores de derechos humanos a nivel internacional. El comisionado Luis Alberto Pérez Olivas, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como «El Chipote» fue agregado al listado. En esas celdas, hubo denuncias de tortura, violación, electrocutación, laceraciones con alambre de púas, estrangulamiento y palizas con tubos de acero, lo que le achacaron a Pérez por estar a cargo de esa prisión.
Otro agente policial que sancionaron fue el comisionado Justo Pastor Urbina, jefe de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP), esta dependencia policial es señalada de dirigir la mayoría de asesinatos en abril de 2018, principalmente en la denominada «Operación limpieza», donde se registraron varios muertos en diferentes puntos de Nicaragua y usaron armas de guerra.
Suiza sanciona a seis funcionarios orteguistas por violadores de derechos humanos
El comisionado Juan Valle Valle, jefe de la Dirección de Vigilancia y Patrullaje de Managua engrosó a los tres del día, a quien en múltiples ocasiones se le vio con un fusil AK al hombro dirigiendo los operativos represivos contra los ciudadanos que intentan manifestarse pacíficamente.
Van por el Ejército
El opositor José Pallais afirmó que no se atreve a mencionar quiénes podrían ser los próximos sancionados, pero de lo que sí está seguro es que vendrán más. «Había una gran expectativa en la comunidad internacional de que el proceso electoral de noviembre (2021) iba a ser aprovechado para dar una respuesta a la situación social, económica y política que agobia al país y Ortega está frustrando esas esperanzas de la comunidad internacional con esta iniciativa de reforma a la Ley Electoral», sostiene, por lo cual considera que presionarán más para que se den verdaderas elecciones, lo que llegaría, «probablemente», antes del siete de noviembre antes de que se cometa el fraude.
Sin embargo, la dirigente político y miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), Violeta Granera, dice que han estado «empujando» para que las sanciones pasen de sanciones individuales a sanciones institucionales, tal cual sucedió con la Policía.
La pareja de dictadores junto al sancionado jefe del Ejército de Nicaragua, general Julio César Avilés
«Tenemos mucha fe en la aprobación de la Ley Renacer para que se logre sancionar a instituciones que sin duda han sido parte del problema y de la represión en Nicaragua como es el caso del Ejército», argumenta.
Y es que el mismo jefe de la institución castrense ya forma parte de los funcionarios en lista negra. El 22 de mayo de 2020 pasó a estar en ese grupo. Julio César Avilés fue fichado por «estar alineado políticamente con el presidente (Daniel) Ortega, se negó a ordenar el desmantelamiento de las fuerzas paramilitares o parapolicías durante y después de los levantamientos políticos que comenzaron en abril de 2018».
Ese mismo 22, Iván Acosta Montalván, ministro de Hacienda y Crédito Público, fue sancionado argumentando que el titular «amenazó personalmente a los bancos para que no participaran en una huelga organizada por los líderes de la oposición en marzo de 2019, cuyo objetivo era impulsar la liberación de los presos políticos».
Dos días antes del 41 aniversario de la Revolución Popular Sandinista, el 17 de julio de 2020, cayó el tercero de los hijos de la pareja presidencial, Juan Carlos Ortega Murillo. Su empresa «Difuso Comunicaciones S.A.» también fue agregada a la lista. A él le achacan corrupción y «apropiación indebida de activos públicos o la expropiación de activos privados para beneficio personal o con fines políticos, corrupción relacionada con contratos gubernamentales o soborno». A Difuso por estar designada o ser propiedad de Juan Carlos.
Otro que fue seleccionado ese día para engrosar la lista de funcionarios corruptos fue José Jorge Mojica Mejía, «es uno de los hombres de frente más confiables de la familia Ortega. Actúa como representante personal de Ortega, crea compañías fantasmas para lavar dinero y oculta su propiedad y ganancias ilícitas», destacaba la nota. Con Mojica se vino abajo Mundo Digital (Syditec, S.A.), El argumento es que estaba a cargo del sancionado y era utilizada como parte de un esfuerzo por «lavar dinero para el régimen de Ortega».
El nueve de octubre, la Oficina de Control de Activos (OFAC) incluyó en la lista a la fiscal Ana Julia Guido por conformar «un grupo de fiscales que trabajaron con la Policía Nacional designada para fabricar casos contra presos políticos y sus familias» y al asesor de la dictadura Paul Oquist Kelley (q.e.p.d.) por «representar a nivel internacional en una variedad de roles y juega un papel principal en la difusión de la desinformación para encubrir los crímenes del régimen y las fechorías de horribles abusos a los derechos humanos».
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Ese días apareció seleccionada la cooperativa Caja Rural Nacional (Caruna), la que ha servido como herramienta para que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, desvíe dinero del ALBA de Nicaragua, SA (Albanisa), $ 2.4 mil millones en fideicomisos petroleros y carteras de crédito, argumentan.
Las más recientes sanciones llegaron el 21 de diciembre de 2020 contra el diputado Wálmaro Gutiérrez, el jefe policial de León, Fidel Domínguez; y el magistrado vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia Marvin Aguilar. «Cada uno de los individuos designados son responsables de cooperar con los mecanismos de información judicial o financiera para apoyar la identificación sistemática, la intimidación y el castigo de la oposición política por parte del régimen de Ortega», recordaron en ese momento.
Los doblemente sancionados
Los jefes policiales Francisco Díaz, Justo Pastor Urbina, Luis Pérez Olivas, Ramón Avellán, la exministra de Salud, Sonia Castro, y el asesor Néstor Moncada son los funcionarios que han recibido el «galardón» de sancionados hasta tres veces. Además de Estados Unidos, la Unión Europea, o sea, 26 países, decidieron incluirlos en la lista de delincuentes internacionales el cuatro de mayo de 2020. La medida fue prorrogada hasta octubre de 2021.
Esas mismas seis personas también fueron seleccionadas para más sanciones por Reino Unido, el seis de mayo de 2020; Suiza, el 24 de junio de 2020.
Canadá, por su parte, desde el 21 de junio de 2019, ya había presentado su lista de sancionados. Repiten Sonia Castro, Francisco Díaz y Néstor Moncada. Completan los nueve: Gustavo Porras, Orlando Castillo, Rosario Murillo, Fidel Moreno, Laureano Ortega y Óscar Mojica.