«Como te digo, hablar fluido no (puede), caminar tampoco. Él todavía está postrado a una cama, sometido a terapia», relata la abogada Yonarqui Martínez al referirse a don Justo Rodríguez, excarcelado político de la Isla de Ometepe.
Campesino de 68 años, viudo, que un día fue señalado de participar en una protesta opositora en su comunidad, lo que terminó por borrar su característica sonrisa y aspecto robusto. Tras ocho meses de martirio desde su detención en abril de 2020, Justo regresó a su vivienda de plástico, zinc y madera vieja, parapléjico.
«El asedio de la Policía (continúa), a veces don Justo está deprimido, a veces la situación de salud de él se torna difícil», continuó manifestando la abogada, quien el 18 de marzo de 2021 fue obligada a salir de la Isla cuando se disponía a llevarle medicinas al excarcelado político.
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Pero, «hay casos peores», dijo en tono alarmante. «En el 2018, las torturas contra los menores de edad era con ácido, a Lenín Rojas Contreras le quitaron las uñas, y don Eddy Montes (asesinado en la cárcel)», recordó Martínez.
Desde que estalló la crisis el 18 de abril de 2018, al menos 1,614 personas han sido privadas de libertad por razones políticas por parte del régimen de Daniel Ortega. El número podría ser exponencialmente mayor por las detenciones que no son reportadas por el Estado, por ser realizadas por grupos de civiles armados o porque las propias víctimas han evitado denunciar su caso por temor a represalias, alerta el reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La convulsión cambió la vida de los nicaragüenses, país donde además de pobreza, también parió organizaciones de familiares de presos políticos, nuevamente en la administración de Ortega. Mes a mes, madres, padres, hermanas, esposas buscan a sus familiares detenidos de manera arbitraria o comparecen ante los medios de comunicación denunciando los vejámenes. Muchos forzados a viajar de un departamento a otro, intentado sobrevivir al desgaste físico, emocional y económico.
«Desde el inicio de las protestas sociales, la privación de la libertad ha sido empleada con la intención principal de reprimir cualquier postura de oposición al actual gobierno y transmitir un mensaje de temor para mantener control sobre la población nicaragüense», agrega la CIDH.
«La situación de Danny (García), pues está un poquito depresivo, afligido, siempre pregunta qué pasará, qué está pasando afuera, que como está la oposición; y un poco enfermo porque uno al estar encerrado ahí no puede estar bien, pide bastante medicamento», manifestó la exrea política Ruth Matute, esposa del tres veces encarcelado político, Danny García, condenado a deciséis años de cárcel y 46,500 córdobas de multa.
Ortega no le permite el acceso al penal. Desde que Danny García fue «secuestrado» en septiembre, solo la mamá de él logra verlo. Lo que Ruth sabe sobre la situación de su esposo son las declaraciones que le lleva su suegra.
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«Yo me la estoy pulseando, buscando cómo vender mis accesorios, ropa usada, ropa nueva, a lo que salga, ya que yo soy madre sola ahorita y tengo a cargo a mis dos hijos. Ahora me evito la controversia de decir qué pasó por mi, yo me limito a vender en línea y nadie sabe quién soy», expresó Matute.
Quienes logran visitar a sus reos son requisadas con tal abuso que hasta «le quitan la ropa interior para ver si llevan objetos», sumado al abuso verbal. En muchas ocasiones, los oficiales las han obligado a eliminar el cincuenta por ciento de los productos que le llevan a sus familiares encarcelados para obligarlas a comprar en el Comisariato penal y poder pasar el paquete alimenticio.
Según el conteo de las organizaciones de familiares de presos y presas políticos, actualmente, tras las rejas se encuentran unos 125 presos políticos– 115 en el contexto de la crisis sociopolítica y diez encarcelados antes de 2018- víctimas de detenciones masivas, selectivas y mútiples, mediante el uso de la fuerza, incluso tratos crueles o degradantes.
Ortega mantiene presos a 111 hombres, tres mujeres y una mujer trans recluida en un penal para varones, por razones políticas.
La cifra de presos políticos fluctúa a capricho del dictador. Un día hay unos 600, luego 90, 110, ahora 125, porque son puestos en «libertad», para después recapturarlos. Los excarcelados de los últimos meses son enviados bajo el régimen de convivencia familiar en total silencio y hermetismo, incluidos en la lista de reos comunes que el Gobierno libera cada cierto mes.
El 75 por ciento de los excarcelados políticos acompañados por la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) narran torturas psicológicas y físicas. La organización documenta 220 denuncias de torturas desde el año 2018. En el 2020, ocurrieron 56 casos.
«Los casos de torturas en proceso de investigación en los sistemas penitenciarios se realizan en 12 departamentos y las dos regiones autónomas: Managua 117 casos, Masaya y Carazo con 20 casos cada uno, y Matagalpa 19, cometidos principalmente en contra de mujeres».
«El testimonio de algunos son desgarradores y reflejan actos que podrían ser calificados de torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes». Los detenidos relatan golpes con maderas con clavos, cachas de pistola, palos y bates de madera. Es común las lesiones en las manos. En el caso de las mujeres, y durante el tiempo más cruento, eran desnudadas y obligadas a hacer sentadillas, manoseadas y/o violadas.
«Todo eso que yo pasé en la (celda) 300, que me encadenaban de los pies, de las manos, de la cintura; la comida me la pasaban con patas de cucarachas y piedras, lo único que a uno le da las fuerzas ahí es la fuerza de Dios y la esperanza de que pronto este régimen va a caer», señaló el ex preso político Juan Bautista Guevara de Ticuantepe, conocido como «el profe Juan».
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Quienes caen en las «mazmorras» viven en hacinamiento, con negligente atención médica, obstaculización de visitas y, en algunos casos, aislamiento. Durante la pandemia de COVID-19, la CPDH reportó 15 presos con coronavirus que no recibieron atención especializada y dejaron encerrados junto a entre 15 y 25 personas en un espacio reducido.
Quienes logran salir del encierro, son víctimas de amenazas y campañas difamatorias de simpatizantes, incluso de la Policía, denuncian las organizaciones.
Algunas de las víctimas consultadas por este medio declararon no estar emocionalmente preparadas para revivir su episodio, y preferían mantenerse en «perfil bajo» por temor a más represalias.
Los encarcelamientos continúan coludidos con el Poder Judicial para perseguir y criminalizar a opositores. Defensores de Derechos Humanos señalan que la estrategia de Ortega también ha evolucionado en acusar a los opositores por delitos en perjuicio del Estado como «terrorismo» en 2018 a señalarlos de cometer delitos comunes como robo con intimidación, tráfico interno de estupefacientes y portación ilegal de armas. Las penas llegan a ser consideradas hasta «irrisorias» como la pena de 216 años de cárcel imputada contra el exreo político Medardo Mairena.
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«A medida que la crisis se ha prolongado, los hechos documentados revelan que las personas privadas de la libertad han sido tratadas como objeto de intercambio y de negociación con la finalidad de mantener en incertidumbre y angustia a sus familiares, inhibir cualquier acción de protesta social y condicionar las acciones de la oposición y la sociedad civil», denunció recientemente, Antonia Urrejola, presidenta de la CIDH.
Las mentiras de Ortega quedaron selladas en el documento suscrito en marzo de 2019 con la oposición nicaragüense y ante la comunidad internacional. Contrario a lo que se esperaba, el dictador lanzó la llamada Ley de Amnistía con la que «liberó» una parte de los reos y, dejó en la impunidad, los crímenes cometidos en el contexto de las protestas. Los presos y presas políticos ahora son un condicionante para legitimar las próximas elecciones generales en noviembre de 2021.
A tres años de la lucha cívica, «no existe investigación y sanción de funcionarios implicados, ni plan de reparación». A siete meses de los eventuales comicios, familiares de presos y presas políticos también deploran la cosificación de sus familiares para campañas políticas y demandan a la oposición no participar en elecciones, mientras sus hijos, hijas, hermanos, esposos, padres y madres, no obtengan verdadera libertad.
«Él (Ortega) puede simular sacando presos comunes para tratar de embobar a la comunidad internacional, puede ser que saque unos diez o veinte, pero lo que está haciendo es ganando tiempo. Si hay condiciones verdaderas, sí se puede votar, pero en este momento no hay», sostuvo el ex preso político Juan Bautista Guevara.
«Estamos cada día más mal económicamente, me preocupa mucho ver que la oposición no ha llegado a una unión y no sé qué se espera, es una incógnita, una desesperación, solo tenemos la Fe en Dios que sea el único que actúe en todo esto», declaró, por su parte, la ex rea política Ruth Matute.
-Si se realizan las elecciones en noviembre ¿usted (doña Ruth) iría a votar? «Por supuesto que sí, pero que haya una unión y que sea sólida».