La justicia de Daniel Ortega vuelve a arremeter contra la familia del opositor Juan Sebastián Chamorro, en un juicio que la Alcaldía de Managua —también controlada por el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)—, impulsó para embargar una empresa inmobiliaria propiedad de la esposa y suegra del director ejecutivo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.
Según denunció Chamorro, a través de un mensaje en Twitter, el juez orteguista Ramón Real Pérez desestimó «la oposición a la ejecución», interpuesta por el abogado defensor de la Innobiliaria Intermezzo. El «juez Ramón Real Pérez dicta sentencia rechazando pruebas presentadas en el caso del embargo de propiedades a la familia de mi esposa. Un abuso judicial de un sistema corrupto controlado por Ortega», denunció el político.
Chamorro advirtió que estas pruebas que han sido desechadas por la justicia de Ortega, «serán utilizadas en un futuro para demostrar la injusticia».
La acción judicial contra la esposa y suegra de Juan Sebastián Chamorro iniciaron el 21 de agosto del 2020, cuando la jueza Isabel Castro Martínez giró orden de captura y allanamiento bajo el argumento de incumplimiento de compromisos fiscales con la Alcaldía de Managua.
Chamorro explicó que el régimen inició una campaña contra los empresarios con «abusivos cobros, reparos y multas» para aumentar la recaudación y en caso de no pagar los amenazaron con cárcel. Como parte de lo que él califica como «terrorismo fiscal» se investigó a la Inmobiliaria Intermezzo del Bosque, donde funge como propietaria la suegra del miembro de la Alianza Cívica, Victoria Lacayo.
«Después de una auditoría impuesta por la comuna (Alcaldía de Managua), la dirección de recaudación dictaminó que la urbanizadora había ganado, solamente entre los años 2017 y 2019, la cantidad de 325 millones de córdobas. La auditoria sentenció que se le debe a la Alcaldía la astronómica suma de 9 millones 478 mil córdobas», señaló Chamorro en ese entonces.
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Por su parte, Victoria Cárdenas, una de las implicadas y esposa del opositor, denunció a través de un video que «la Alcaldía de Managua está procediendo ilegalmente contra las pequeñas, medianas y grandes empresas. Están amenazando al sector privado con encarcelarlos si no pagan los reparos que arbitrariamente imponen a los contribuyentes».
Cárdenas resaltó que la «Inmobiliaria Intermezo es una sociedad de tres mujeres, y al estar compuesta de tres mujeres pensaron que iban a doblegarnos con intimidación fiscal. Es absolutamente falso que la sociedad (empresa) haya tenido ingresos de 325 millones de córdobas entre el 2017 y 2019. Como consecuencia, le imponen a la sociedad un reparo exorbitante por 9,478,000 córdobas; este reparo es absurdo, tomando en cuenta que la mayoría de los lotes se vendieron hace más de 13 años».
«Es un acto de intimidación»
Para las afectadas, esta acción solo es un reflejo de la «intimidación» que pretende imponer el régimen de Nicaragua a través de «calumnias», ya que aseguran que el abogado que designó la dictadura «imputa defraudación fiscal al acusar ilegalmente en un Juzgado Penal».
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Sostienen, además, que la inmobiliaria tiene como pruebas «las solvencias fiscales recibidas regularmente de la alcaldía en los últimos años, incluyendo la última, vigente al 31 de diciembre del 2019».
Introducen recurso de amparo
Chamorro recalcó que ya introdujeron un recurso de amparo ante el Tribunal de Apelaciones de Managua, en busca de que se suspenda el proceso, pero que debido a la falta de independencia de poderes en el país ven como una probabilidad casi nula que fallen a su favor. «Hago un llamado a todos los que han sido afectados por este tipo de prácticas intimidatorias, que las denuncien para que Nicaragua y el mundo sepa de este tipo de represión fiscal por parte de la dictadura de Ortega» y agregó que «estos atropellos atentan contra la libre empresa, ahuyentan la inversión e impide la generación de empleos tan necesarios en estos momentos», concluyó.
Mientras Cárdenas sostiene que la nueva movida de fichas de la dictadura es en represalia por «el actuar y las posiciones de mi marido, Juan Sebastián, han sido determinantes en esta acusación tan injusta.
Victoria María Lacayo Cabrera, suegra del opositor Juan Sebastián Chamorro, recibió la notificación de embargo de su casa, cinco lotes de la Inmobiliaria Intermezzo del Bosque y un pozo de agua que abastece al residencial supuestamente por no cumplir con sus obligaciones con la Alcaldía de Managua y deberle en impuestos sobre bienes inmuebles nueve millones 478 mil córdobas. La comuna alega que entre 2017 y 2019 la familiar del director ejecutivo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) ni siquiera presentó su declaración de ingresos sobre las propiedades que le pertenecen y solo se benefició con las ganancias.
