«No vamos a blanquear un fraude electoral en Nicaragua», aseguraron los miembros de la Delegación para las Relaciones con los países de Centroamérica (DCAM) del Parlamento Europeo, al tiempo que dejaron claro que sin unidad de la oposición, el esfuerzo internacional sería insuficiente.
Las declaraciones fueron dadas durante una audiencia virtual de intercambio de puntos de vista sobre la situación política y de derechos humanos en el país, de cara a las próximas elecciones, realizada este lunes, 15 de marzo, y en la que participaron Wendy Flores, abogada del Colectivo Nicaragua Nunca Más, el líder campesino y exreo político Medardo Mairena; el opositor y aspirante presidencial Félix Maradiaga y la exguerrillera Dora María Téllez. La gran ausente fue la embajadora del régimen de Daniel Ortega ante la Unión Europea, Irana Venerio Fernández, quien no fue enviada a participar.
«Es tan importante aclarar las condiciones bajo las cuales la oposición está dispuesta a participar en las elecciones; nosotros tenemos nuestras ideas- y he hablado de las mismas-, pero evidentemente esta es una decisión para los nicaragüenses, para la oposición. Pero queremos hacer hincapíe que es importarte presentarse unidos, solo entonces podrán tener éxito y no caigan en la trampa de la división. Estamos aquí para apoyarles, haremos lo que esté en nuestras manos para apoyar este proceso, pero es un proceso nicaragüense y no queremos preescribir lo que deben hacer», maninfestó Katja Afheldt, jefa de la División México, América Central y Caribe del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE).
El parlamentario Juan Ignacio Zoido también hizo un llamado a la unidad opositora. Resaltó que de cara a las elecciones de noviembre, el régimen tiene la oportunidad de corregir el rumbo, pero todo parece indicar que no quiere dar marcha atrás, por lo que «no queda otro camino que redoblar la presión». Sin embargo, «lo que más teme Ortega es que la oposición se una, su estrategia es dividir…si se coordinan esfuerzos, el régimen posiblemente se podrá frenar», declaró. «Los signos no son exactamente positivos ¿cuáles son los puntos que deberían ser negociados para que se produzcan las elecciones viables?», preguntó el vicepresidente de la Delegación, Javier Nart.
El mensaje fue uniforme por parte de los europeos, quienes sostuvieron que desde el Parlamento se continuará apoyando la lucha por la democracia en Nicaragua, además, deploraron la actitud del régimen al no asistir su embajadora en la audiencia.
La eurodiputada Soraya Rodríguez Ramos señaló que el panorama, ahora, es «bastante pesimista», y sentenció que Europa no legitimará los resultados de unas elecciones realizadas sin condiciones. «No vamos a contribuir de ninguna manera a blanquear ningunas elecciones que no sean democráticas. No vamos a blanquear un fraude electoral si no se dan elecciones democráticas, libres y todos tengan la misma oportunidad», sostuvo.
Por su parte, la delegación nicaragüense urgió mayor presión contra el régimen, que incluyan sanciones individuales. Denunciaron la represión policial, las leyes represivas de Daniel Ortega para inhibir la participación política y promover la censura, así como las detenciones arbitrarias y la detención de 126 presos y presas políticos.
Noticia relacionada: Parlamento Europeo aprueba resolución contra la dictadura de Ortega
El opositor y precandidato presidencial Félix Maradiaga lamentó que la representante del régimen «no haya accedido a dar la cara y responder las preguntas» y rememoró la represión de abril de 2018, la que calificó como «una de las más grandes masacres de la historia en América Latina». Maradiaga condicionó su participación en un proceso electoral sin presos políticos, y urgió reformas electorales, así como garantías para el retorno seguro y voluntario de exiliados y el cese inmediato de asesinatos extrajudiciales de campesinos y miembros de las comunidades de la Costa Caribe. «Instamos desde ya que no se reconozca la legitimidad de ningún gobierno que no nazca de la voluntad popular», demandó.
Wendy Flores Acevedo, abogada de la organización Colectivo Nicaragua Nunca Más, denunció las graves violaciones a los derechos humanos a tres años de la insurrección «sin justicia y con estado de excepción de facto». «Solicitamos que inste al Estado de Nicaragua a cesar la represión y continúe identificando la situación en Nicaragua. Demandamos libertad de presos políticos».
Exreo político y coordinador del Movimiento Campesino, Medardo Mairena, dijo por su parte que «no hay condiciones para ir a un proceso competitivo y transparente» e instó a insistir en la entrada de organismos de derechos humanos a Nicaragua. «Instamos a darle acompañamiento al pueblo de Nicaragua para que podamos salir de esta dictadura» , declaró el líder campesino.
La exguerrillera Dora María Téllez, exmiembro del FSLN, demandó sanciones individuales ante «un fraude en marcha» entre el régimen y partidos políticos aliados, que no precisó; frente a acciones restrictivas como inhabilitar a la oposición y restringir la libertad de expresión, a través de la Ley de Agentes Extranjeros y de Ciberdelitos.
El panorama «podría cambiar si se acepta el retorno de organismos de derechos humanos, se libera a la presas y los presos y si hay una reforma electoral profunda. Lo que viene para el país es una crisis mucho más aguda que va a provocar migración, desesperación y situación cada vez más dura económica para las familias nicaragüenses… Es una oportunidad de oro de resolver la situación por la vía pacífica… El régimen de Ortega no entiende con palabras dulces, sino con mensaje contundentes…Las sanciones individuales son las que le duele porque son las de las cuales se lamenta», indicó Téllez.
Noticia relacionada: Daniel Ortega acusa de fascistas y de practicar terrorismo de Estado a EE. UU. y Europa
El eurodiputado Leopoldo López Gil declaró que «uno siente un gran dolor por Nicaragua». «Hay un objetivo claro (de parte del Gobierno): La permanencia del poder de Ortega. Estamos más que dispuesto a darle una manos al pueblo nicaragüense para apoyar la democracia».
En octubre de 2020, el Parlamento Europeo aprobó una resolución contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en señal de advertencia de que si aprobaba su combo de leyes, que incluye la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y la Ley de Ciberdelitos, la eurocámara respondería con sanciones a la pareja presidencial y también a su círculo cercano, al que aseguran lo tienen en la «lista negra».
