Integrantes del Movimiento Feminista de Nicaragua se presentaron este viernes, 26 de febrero, a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para interponer un recurso por inconstitucionalidad contra la Ley Especial de Ciberdelitos, conocida como Ley Mordaza, por violar al menos cinco artículos de la Carta Magna con el fin de censurar a periodistas, defensores de derechos humanos y ciudadanos que no comparten el pensamiento político del régimen.
Los recurrentes detallaron que la ley viola los artículos 8, 10,21, 30 y 39 de la Constitución Política de la República al darles la facultad a los operadores del régimen de procesar a cualquier ciudadano bajo el supuesto de difundir «noticias falsas», además, autoriza a los proveedores de servicios de telecomunicaciones grabar y propiciar el tráfico de datos en tiempo real lo que violenta el derecho a la privacidad y confidencialidad.
María Teresa Blandón, coordinadora del movimiento, manifestó que la ley «nos concula, nos arrebata el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la información de calidad, a expresar nuestras ideas sin ningún tipo de censura y está encaminada a censurar a la ciudadanía, a organismos de derechos humanos, a las organizaciones de la sociedad civil y prensa independiente».
«Pretende, entre otras cosas, el control interno a la libre expresión, el uso de las redes sociales como una arma de documentación, otorgan facultades a las autoridades para intervenir las comunicaciones no solo de los medios de comunicación, sino de todas las personas y organizaciones defensoras de Derechos Humanos; una mayor afectación es una intervención directa a todos los aparatos de telecomunicación digital», manifestó por su parte, Mirna Blandón, miembro de la organización feminista La Corriente.
«El objetivo es claro: Nos quieren silenciar, nos quieren callar, quieren que no digamos la verdad de lo que ocurre en Nicaragua (como la pandemia y femicidios), quieren silenciar a la oposición. Quieren acorralarnos, no lo van a lograr», alertó.
A pesar que el trámite se realizó de manera «rápida», los recurrentes denunciaron que durante la presentación les acompañó en todo momento «un señor armado». «No sabemos porqué tiene que haber una persona armada si somos ciudadanos ejerciendo un derecho, no representamos ningún peligro para el Estado o para el Poder Judicial, pero esto parece ser la tónica en esta institució del Estado», reclamó Mirna Blandón.
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La Ley Especial de Ciberdelitos fue publicada el 30 de octubre en el diario Oficial La Gaceta. A partir de esa fecha, la dictadura contó con 60 días para aplicar la normativa que castiga con multas y hasta con cárcel lo que el gobierno pudiera considerar «difusión de noticias falsas».
