Organizaciones de Derechos Humanos nacionales y regionales urgieron a los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas (ONU) que durante la sesión 46 que tendrá lugar en Ginebra el 21 de febrero, emitan una resolución firme sobre Nicaragua, y renueva el mandato de la Oficina de la Alta Comisionada.
El exreo político dijo que es muy pronto pensar en ser parte de UNIR y que analizará mejor la propuesta, por que no puede aceptar apresuradamente.
«La resolución debe enviar un mensaje claro a la comunidad internacional en apoyo a las víctimas, a las personas defensoras de los derechos humanos, a medios de comunicación independientes y periodistas, que la búsqueda de justicia, verdad y reparación tiene que continuar siendo una lucha colectiva e internacional», manifestó este jueves, 18 de febrero, Ericka Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Las declaraciones fueron dadas durante el conversatorio sobre «El papel del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ante la continua crisis en Nicaragua», en el marco del 46 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas con el objetivo de proveer información actualizada a misiones y delegaciones sobre la continuada crisis de derechos humanos en Nicaragua y abogar para que esta entidad mantenga un monitoreo cercano sobre el país, indicaron las organizaciones.
Guevara Rosas señaló que «la situación de Nicaragua es un punto en la agenda y el mandato de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DD.HH sigue siendo crítico, dada la continua negativa (del régimen) de Nicaragua a cooperar con los sistemas regionales e internacionales de protección de DDHH», por lo que las 17 organizaciones que convocaron al evento instan a que se asegure una resolución que establezca claros criterios de cooperación.
Durante el conversatorio, Clément Nyaletsossi, relator especial sobre el Derecho a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación de la ONU, manifestó su preocupación en particular con las recién aprobadas Ley de Agentes Extranjeros, de Ciberdelitos y la instauración cadena perpetua para supuestos crímenes de odio, que coartan los derechos de periodistas independientes y el financiamiento de las organizaciones de la sociedad civil.
«Yo les pido a las autoridades de Nicaragua que asegure la participación para demostrar su deseo de participar en el sistema de la ONU. Desde que asumí esta posición (2018) he pedido visitar el país y varias veces les he mostrado mi disposición para abordar estos temas, y al momento no he recibido ningún tipo de respuesta del Gobierno. El Gobierno debería suspender la Ley de Agentes Extranjeros y Ciberdelitos y reconocer que estas leyes no están de acuerdo a los estándares internacionales porque impacta en el trabajo de la sociedad civil y tienen el objetivo de matarlas», mencionó.
Pedro Baca, de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), agregó que en el país se está desplegando un dispositivo muy «sofisticado» de censura. Hay una «filosofía de poder que justifica la censura y la cree necesaria». Explicó que actualmente se observa una «censura simbólica» cuando, por ejemplo, colocan banderas del partido gobernante en las instalaciones confiscadas que terminan infundiendo miedo. «El deterioro ha sido constante, de derechos humanos y de expresión, que se siente normalizado ese deterioro».
En el 2020 fueron asesinadas 13 personas de comunidades indígenas en medio de las invasiones de colonos a sus territorios, además, ese año hubo ocho heridos, dos secuestrados y una comunidad desplazada. «Los pueblos indígenas han sido desplazados forzosamente. Exhortamos al Consejo de Derechos Humanos incorpore la situación de los pueblos indígenas y afrodescientes, debido a que la resolución actual no se visibiliza. Seguimos enfrentando graves ataques», dijo Lottie Cunningham, del Centro por la Justicia y Derechos humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN).
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Thelma Montenegro, víctima de violaciones de DDHH, añadió que esperan mayor contundencia de acción internacional de cara a las elecciones generales. «Exigimos un plan de transición en cuanto a justicia, que se registre la verdad, incluir a los familiares de víctimas en un plan de reparación para que en este país nunca más se vuelva a repetir esta crueldad simplemente por defender nuestros derechos. Se ha cometido delito de lesa humanidad. No prescribe, no admite amnistía, ese es nuestro temor que como víctimas que unas elecciones vengan a disfrazar la justicia».
Aníbal Toruño, director de Radio Darío en León, sostuvo que Daniel Ortega trituró todos los derechos constitucionales en Nicaragua y mantiene un Estado policial totalitario con casa por cárcel a opositores y periodistas. «Si algo pediría es repetir esta experiencia que los organismos e instituciones que estamos acá pudiesen hacer un consorcio de esfuerzos conjuntos para poder establecer estrategias inmediatas urgentes. En los últimos tres años, ha habido 125 asedios a la radio, 31 asedios y tres allanamientos a mi residencia y 10 personas tenemos medidas cautelares de parte de la CIDH», denunció.
El evento fue coauspiciado por CEJIL, Amnistía Internacional, International Service for Human Rights (ISHR), la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y derechos humanos (Race & Equality), la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) y la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH).
