La Policía de Nueva Guinea, al mando del comisionado Otto Nicolás Portillo, prohibió la reunión anual de campesinos y campesinas de Nueva Guinea, Río San Juan y otras cinco comunidades de la Costa Caribe Sur, miembros de la asociación «Sano y Salvo», bajo el argumento de «estar en año electoral», denunció la organización campesina e indígena el lunes, 15 de febrero.
Mediante un comunicado, la organización descrita como «primera asociación campesina e indígena de la cultura y producción ecológicas en la biósfera del sureste» relató que socios procedentes de varias comunidades de la RAAS (Región Autónoma del Atlántico Sur) se disponían a realizar la asamblea en correspondencia con las obligaciones legales, sin embargo un dispositivo policial, dirigido por el comisionado Norvin Díaz Somoza, retuvo la camioneta de acarreo donde trasladaban las sillas y provisión.
Noticia relacionada: Campesinos de El Fajardo, Río San Juan, denuncian persecución y amenazas de la Policía y el Ejército
Los policías y antimotines los retuvieron en la entrada de la finca orgánica «La Esperanzita», otra asociación hermana donde llevarían a cabo la reunión; tras largos minutos por llegar a un entendimiento, el comisionado Díaz dijo que «por mandato superior no se podía dar el permiso» y posterior que «iba a consultar a sus superiores».
Durante una llamada telefónica entre el comisionado departamental Otto Portillo y Elba Rivera, socia de «Sano y Salvo» y maestra conocida por ser crítica del régimen, el policía le comunicó «que no iban a permitir la actividad» porque «estamos en año electoral y tales eventos están prohibidos».
«Es una grave violación y gran daño para más de 80 campesinos mestizos e indígenas que vinieron desde todas esas comunidades lejanas, donde unos tienen que viajar hasta dos días para participar en su asamblea», manifestó la asociación, detallando que muchos integrantes proceden de Río San Juan, Bluefields, El Rama, Kukra Hill, Laguna de Perlas, Nueva Guinea, El Castillo y la comunidad Rama Cay.
A su vez, los socios denuncian que ambos comisionados y su dispositivo policial se encontraban vigilando los movimientos de los campesinos, previo a la actividad; incluso, dos días antes, el comisionado Norvin Díaz se había comunicado vía telefónica con la socia Elba Rivera para «saber si el evento era político».
Noticia relacionada: Monseñor Rolando Álvarez exhortó a no temer a la represión del régimen
«Como campesinado, nos sentimos violentados en nuestros derechos constitucionales y nos afecta gravemente en lo económico. Los socios y socias son de todas las tendencias políticas y nuestra asamblea y nuestra asamblea nunca se habla de política partidaria, por la diversidad religiosa y partidaria que hay en la asociación. Además, la asamblea es obligatoria para cumplir con los estatutos y reglas del Ministerio de Gobernación», explica el comunicado.
Añade que a la asociación, «la Policía le ha hecho un gran daño económico, a las y los socios los metió a grandes molestias de viajar largas horas de movilización sin razón. La única ganancia que vemos es que esta arbitrariedad deja sin argumentos aquellas personas locales, nacionales y extranjeras que todavía quieren justificar la represión».
El caso fue conocido por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), organismo que condenó la «evidente violación a la libertad de reunión y asociación». El Cenidh indicó que el hecho será denunciado ante la comunidad internacional y mencionó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OACNUDH).
Es el trabajo que nos queda denunciar a estos delincuentes serviles del régimen de que se van se van