El grupo político Unión Democrática Renovadora (Unamos), antes MRS, rechazó la Ley de Reforma y Adición a la Ley 842, Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias, aprobada el miércoles, tres de febrero, por la aplanadora de diputados sandinista en la Asamblea Nacional y que este jueves se aprobará en lo particular (artículo por artículo).
La negativa de «Unamos» es porque afirma que esta nueva imposición «pretende obligar a las empresas y en especial a los bancos a tener entre sus clientes a funcionarios o instituciones que han sido sancionados por corrupción, lavado de dinero y violaciones graves a los derechos humanos de los nicaragüenses».
Además, advierten que la reforma a la Ley de Consumidor está diseñada para proteger los intereses económicos de la familia de Daniel Ortega y su cúpula sancionada por los Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido y Suiza; «también abre la puerta a que se exija a los bancos locales a prestar servicios a quienes estén vinculados al crimen organizado».
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«Con esa ley, Nicaragua se colocará fuera de las normas internacionales establecidas para prevenir el lavado de dinero, lo que podría causar el cierre de las relaciones entre bancos europeos, estadounidenses y los bancos locales», señala Unamos.
Más pobreza para Nicaragua .
La reforma antojadiza también afectará las transacciones financieras y comerciales que cualquier nicaragüense o empresa local tenga con otros países.
También advierten que las remesas que nicaragüenses residentes en Estados Unidos envían a sus familias se verán golpeadas debido a los altos costos que cobrarán los bancos internacionales por esas transacciones., reduciendo así el apoyo a sus familiares. «Como sabemos, decenas de miles de familias nicaragüenses se apoyan en las remesas para enfrentar su sobrevivencia».
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Al igual que la empresa privada y sociedad civil, Unamos expresó que con esta normativa se ha colocado a Nicaragua en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). «Con la aprobación de esa ley, el país pasaría a la lista negra, conllevando el virtual aislamiento financiero y económico internacional, cuyas consecuencias serían funestas para las familias y las empresas».
Por su parte, el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) rechazó el tres de febrero la reforma a la Ley de Consumidor por considerar que esta incitaría al lavado de dinero y a sufrir penalidades por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
«Esa situación tendría graves e inmediatas consecuencias para la economía del país, por cuanto conllevaría en otros efectos negativos, el cierre de las cuentas de corresponsalías bancarias, la posibilidad de recibir remesas, de enviar o recibir transferencias internacionales, el cierre de líneas de crédito del exterior y la cancelación de contratos con las marcas de tarjetas de créditos»., señala el comunicado del Cosep.
El Cosep advierte que es importante que la dictadura de Daniel Ortega comprenda que esta reforma afecta la sostenibilidad económica y financiera del país y el marco jurídico que regula la relación entre las entidades financieras y los usuarios de estos servicios.