El Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) rechazó la Ley de Reforma y Adición a la Ley 842, Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias, aprobada este miércoles, tres de febrero, por la aplanadora de diputados sandinista en la Asamblea Nacional, por considerar que esta incitaría al lavado de dinero y a sufrir penalidades por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Congresistas norteamericanos de los partidos demócrata y republicano al unísono piden a la comunidad internacional unirse para exigir a Ortega que garantice elecciones libre y democráticas.
«Esa situación tendría graves e inmediatas consecuencias para la economía del país, por cuanto conllevaría en otros efectos negativos, el cierre de las cuentas de corresponsalías bancarias, la posibilidad de recibir remesas, de enviar o recibir transferencias internacionales, el cierre de líneas de crédito del exterior y la cancelación de contratos con las marcas de tarjetas de créditos»., señala el comunicado del Cosep.
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En conferencia de prensa, el presidente del bloque empresarial, Michael Healy Lacayo, dijo que la reforma a la Ley está poniendo en una difícil situación a los nicaragüenses. «Es la peor situación que hemos tenido en el sistema financiero en los últimos 30 años».
«Esta decisión del gobierno de tratar de obligar a los bancos a tomar medidas que son prohibidas por las entidades financieras internacionales pone en riesgo que el sistema financiero internacional pueda desparecer debido a la decisión del gobierno por reformar esta ley», recalcó Healy.
El Cosep advierte que es importante que la dictadura de Daniel Ortega comprenda que esta reforma afecta la sostenibilidad económica y financiera del país y el marco jurídico que regula la relación entre las entidades financieras y los usuarios de estos servicios.
«También se afectaría la seguridad y confianza de nuestro Sistema Financiero Nacional en relación con las entidades financieras internas y del sistema global, así como el acceso a los mercados internacionales y de capitales financieros necesarios para el desarrollo integral y sostenible del país».
«El gobierno debe de poner un alto»
Michael Healy afirmó que el gobierno de Ortega debe de poner un alto a la reforma de esta ley, «porque de no hacerlo, vendría a agudizar la situación de los nicaragüenses. Esperamos que el gobierno retroceda y se enfoque en la facilitación de todos los diferentes sectores».
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El empresario señaló que el objetivo de la empresa privada no es entorpecer al economía, sino proponer una salida a la crisis económica del país. «El Cosep hizo una propuesta de 15 puntos en 2019, que ayudarían a la recuperación económica del país, pero se hizo cado omiso».
El Cosep reafirmó que rechazan este dictamen de ley aprobada por la dictadura y «demandamos a los diputados suspender el proceso de aprobación de la misma para evitar que nuestro país sea excluido del sistema financiero mundial y que los nicaragüenses podamos dedicarnos a trabajar para alcanzar la prosperidad que todos anhelamos y restaurar el estado democrático de derecho de nuestro país».
Healy enfatizó que el gobierno no puede destruir el desarrollo económico del país que se ha venido trabajando por más de 30 años, «pero ahora con una pluma de la Asamblea Nocional puede destruir esa esperanza que queremos los nicaragüenses de tener una Nicaragua con democracias, con justicia y con desarrollo».
El presidente del Cosep expresó que es difícil poder sentarse y negociar con la dictadura, porque «sino ha cumplido acuerdos en marzo de 2019 que tuvieron como garantes al Vaticano y a la OEA (Organización de Estados Americanos) ¿quién nos garantiza que va a cumplir?, lo que tiene que haber aquí es una voluntad del gobierno; la iniciativa debe ser tomada por el gobierno».
Les queda chiquito Poncio Pilatos! “La iniciativa debe ser tomada por el gobierno”. Payasos. Pudieron ayudar a librar a Nicaragua de Ortega peerooo… primero sus billetes, no? Ahora son los llantos.