Una semana después del paso del huracán Iota, el régimen de Ortega dio a conocer hoy un informe preliminar en videoconferencia con representantes de Organismos No Gubernamentales nacionales e internacionales, embajadores de Nicaragua acreditados en otros países, asociaciones de amistad y miembros de la solidaridad internacional con Nicaragua, según informó su medio oficial.
El informe fue presentado por Iván Acosta, ministro de Hacienda y Crédito Público, Guillermo González, ministro director del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (Sinapred), Myrna Cunningham, presidenta de un organismo de la Costa Caribe poco conocido, Carlos Alemán, gobernador de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, Martha Reyes, ministra de Salud, y Óscar Mojica, ministro de Transporte e Infraestructura.
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Según los datos preliminares, los daños totales acumulados son 617 millones 433 mil dólares de dólares y las pérdidas de la economía 121 millones de dólares, que suma un total de 738 millones 602 mil dólares, junto a las necesidades de atender a los afectados por el huracán, llegan a 742 millones 671 mil dólares, generando un impacto de 1.5 de a 6 puntos del Producto Interno Bruto.
Acosta mencionó que «742 millones de dólares es el impacto de daños y pérdidas preliminares, porque en este momento hay distintas instituciones que están en el territorio certificando y verificando esta cuantificación. Estamos certificándolo con el Banco Mundial, que junto con la Unión Europea y la Cepal (Comisión Económica para América Latina) son los que desarrollaron este instrumento de evaluación de daños post eventos catastróficos».
Un analista de temas internacionales que pidió omitir su nombre indicó que en esta comisión que rindió el informe hay dos funcionarios sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Unión Europea por corrupción y violación de los derechos humanos y otra de la llamada Comisión Porras , conocida también como Comisión de la Mentira creada por la Asamblea Nacional para tratar de responder a las acusaciones de organismos internacionales como la CIDH , Amnistía Internacional , y la Comisión de los Derechos Humanos e la ONU, entre otros , sobre los hechos ocurridos a raíz de la insurrección cívica de abril del 2018 que produjo más de trescientos muertos, lesionados, exiliados heridos, y centenares de secuestrados políticos.
«Es una vergüenza que estas personas integren una comisión que informe de los daños de los huracanes para pedir ayuda internacional conociendo sus antecedentes y qué pensarían los bancos y organismos que están dispuestos a brindar ayuda sobre la calidad moral y honestidad de dichos miembros», remarcó.
NINGUNO A ESTADO PERO NI CERCA DE LOS SITIOS DEVASTADOS, TODO EL CÁLCULO ES AL “OJO DE BUEN CUBERO”, DESDE UNA OFICINA CON CIFRAS DE EL CARMEN Y NADA DE LOS TERRITORIOS