La Cámara de Industrias y Comercio de Nicaragua (Cadin) y la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (Apen) dieron a conocer su rechazo rotundo a la reforma a la Ley de Protección a los Derechos de las Personas Consumidores y Usuarios, que fue aprobadA por los diputados sandinistas y sus aliados políticos en el Parlamento. Las entidades, en sus respectivos comunicados, señalan que tras esos cambios Nicaragua podría ser aislada del sistema financiero internacional bloqueándose el flujo de remesas y transferencias internacionales.
Los empresarios organizados en Cadin respaldaron el pronunciamiento de la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp) y el del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) que advierten sobre las graves consecuencias a la economía nacional que se derivarán de la nueva Ley de Defensa del Consumidor que pretende «resucitar financieramente» a las personas e instituciones sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
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«Tal y como fueron aprobadas las reformas, repercute directamente en la economía del país, compromete la relación con la banca internacional, bilateral y multilateral, quienes podrían cancelar sus corresponsalías y las líneas de crédito que tienen con la banca comercial nicaragüense, afectando gravemente los créditos y financiamiento para el sector productivo exportador, la cadena de suministros y por ende a toda la industria y comercio nacional», advierte Cadin en su pronunciamiento de rechazo.
Asimismo, expresan que los cambios en la norma legal comprometen la credibilidad financiera de Nicaragua, pues la deja expuesta a la posibilidad de actividades ilícitas como el lavado de dinero.
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«Consideramos también que habrá afectaciones directas en el empleo, las remesas, la inversión extranjera, restándole competitividad al país y sumiéndolo aún más en la pobreza. Hacemos un llamado a la Asamblea Nacional para hacer conciencia de lo perjudicial que es para la sociedad nicaragüense, el haber aprobado esta ley por las graves consecuencias económicas, políticas y sociales para el país, razón por la cual rechazamos la aprobación de la misma», destacan los empresarios de la industria nicaragüense.
Productores y exportadores se suman a rechazo
Por su parte, la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (Apen) expresó su preocupación ante la reforma a la Ley de los Consumidores y también se plegó a la posición de Asobanp en cuanto los peligros que representa para el sistema financiero nacional la entrada a vigencia de la nueva disposición legal.
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«Esta reforma de ley deterioraría la posición de país dentro del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), afectando potencialmente las corresponsalías de los bancos internacionales, imposibilitando el recibo de remesas, fundamentales para miles de hogares nicaragüenses, así como cualquier transacción internacional que requiera transferencias e impactando las exportaciones e importaciones, inversión extranjera directa, contratos con tarjetas de créditos, aislando a Nicaragua del sistema financiera internacional», indica Apen.
«Por todo lo anterior, Apen insta a las autoridades a trabajar por el fortalecimiento del marco jurídico para el mejor desarrollo de las actividades productivas», finalizan el escrito con fecha de tres de febrero.
