Ortega, con su combo de leyes, intenta eliminar toda competencia electoral, denuncia Cosep

El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) denunció este lunes, 1 de febrero, al régimen de Daniel Ortega de «consolidar un Estado policial que tiene como función eliminar toda competencia electoral» y reiteró su demanda por reformas electorales a las puertas de posibles elecciones generales en noviembre.

«La sociedad nicaragüense y la comunidad internacional somos testigos como en la agenda del gobierno y sus funcionarios lo que prima son la aprobación de leyes, decretos, normativas y acciones destinadas a consolidar un Estado policial que tiene como función amenazar, reprimir y sancionar para eliminar toda eventual competencia electoral que le pueda disputar el poder», señala el comunicado emitido por el gremio empresarial, presidido por Michael Healy.

Los empresarios expresaron que el régimen está «ausente» al no mostrar voluntad para resolver la crisis política, social y económica del país que se ha prolongado por casi tres años y se agravó con la pandemia COVID-19. Por el contrario, el régimen «ha mostrado interés exclusivo en privilegiar los intereses de su partido a través de la instrumentalización inconstitucional del Estado».

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«Está a tiempo de recapacitar», exhortó el sector privado a Daniel Ortega y su administración, al momento que le recordaron el cumplimiento «indispensable» de los acuerdos de marzo de 2019 que demandan la liberación de los presos políticos y el restablecimiento de los derechos y garantías constitucionales. Además, le instaron inicie un proceso de reformas electorales que permita elecciones libres, transparentes, competititivas y observadas este próximo noviembre.

«El gobierno debe comprender que los nicaragüenses y la comunidad internacional no aceptaremos que Nicaragua vuelva otra vez a destruirse. Debe comprender que estamos en presencia de una nueva oportunidad histórica y que si no la aprovechamos estaremos condenando nuevamente a la confrontación, la pobreza y el atraso a nuestro país», indican.

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El sector privado también demandó que se reviertan todas las medidas económicas que generan inestabilidad e inseguridad empresarial, en referencia a las reformas tributarias y persecución fiscal. «En su agenda lo que prevalece es la construcción de un Estado interventor y recaudador que no garantiza la libertad de empresa y la seguridad jurídica que se requiere para trabajar por la recuperación económica urgente que el país requiere. El Estado y sus funcionarios observamos contrario a toda lógica y visión de país, están dedicados a desmotivar la inversión, desestimular la creación de empresas y obstaculizar la generación de empleos en detrimento de las familias nicaragüenses», señala el Cosep.