Los diputados sandinistas, subordinados a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, presentaron una nueva iniciativa de Ley de reforma y adición a la Ley 406, Código Procesal Penal (CPP), con la que pretenden cambiar los artículos 253 y 256 para ampliar el plazo de detención «preventiva» que pasaría de 48 horas a 90 días, lo que ha puesto en alarma a la oposición que sospecha que el régimen pretende sacarlos de circulación por hasta tres meses, mientras pasan las elecciones.
La ley de reforma al CPP que están proponiendo fue presentada este miércoles, 27 de enero, y establecen, en el caso del cambio al artículo 256 que toda persona que sea detenida deberá ser presentada ante el juez competente en un plazo de 48 horas para la realización de la audiencia preliminar donde el Ministerio Público deberá presentar su acusación.
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Vencido el plazo para la investigación complementaria, las autoridades correspondientes presentarán a la persona detenida ante el juez para la realización de la audiencia preliminar, la cual se realizará inmediatamente. En esta audiencia el fiscal deberá presentar la acusación ante el juez competente. Si este requisito no se cumple, el juez ordenará la libertad del detenido. Este precepto ya existía en la ley que están reformando.
Sin embargo, lo nuevo es que piden que se adiciona un artículo, el 253 bis, denominado «Audiencia especial de tutela de garantías constitucionales», que en resumen establece que cuando la persona detenida por la Policía sea presentada ante el juez dentro de las 48 horas después de su detención, se celebrará esa audiencia de tutela de garantías constitucionales donde el Ministerio Público solicitará la ampliación del plazo para investigar y se pedirá la «detención judicial» que podrá extenderse hasta por 90 días según el juez considere necesario. La iniciativa puntualiza que el plazo para esta investigación complementaria (detención judicial) no podrá ser menos a 15 ni mayor a 90 días.
Rosario Murillo celebra prisión perpetua y advierte que «amor con amor se paga». Foto: CCC.
Con esto, la presunción de inocencia ya no sería de 48 horas y se estaría apostando a seguir con la línea represiva y de intimidación hacia los opositores. Por otro lado, en otra lectura que hacen de esta reforma, opositores aseguran que podría significar otra limitante para quienes aspiren a un cargo público, pues mientras esté en investigación se vería inhabilitado de participar y así Daniel Ortega estaría arando el camino para quitarse de encima a cualquier contrincante que le haga la mínima sombra.
La alarma se enciende dentro de la oposición debido a que, bajo esta reforma que estaría siendo aprobada en los próximos días, bastaría con que un dirigente opositor sea detenido el 8 de agosto, que la Policía lo presente al juez para que el Ministerio Público pida al judicial que le amplíe el plazo de investigación complementaria y decrete detención judicial por 90 días. Es decir, lo dejarían en libertad el ocho de noviembre, un día después de las elecciones y eso es suficiente para sacarlo de circulación, pues bajo esta reforma al CPP esa detención sería completamente legal y no necesariamente está obligados a demostrar la culpabilidad en ningún delito.
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El diputado Maximino Rodríguez, de la bancada del PLC, destaca que con esta reforma las autoridades podrían tener por más tiempo a las personas bajo investigación, «la ley manda que son 48 horas sino la Policía tiene obligación de ponerte a la orden del juez so pena de caer en una ilegalidad, entonces ahora puede tener 90 días».