El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo envió con trámite de urgencia una iniciativa de Ley a la Asamblea orteguista para el “Aseguramiento Soberano y Garantía del Suministro de Combustibles y Productos Derivados del Petróleo” con lo cual pretende que “todos los inventarios de combustibles y productos derivados del petróleo propiedad de la empresa Distribuidora Nicaragüense de Petróleo, Sociedad Anónima (DNP) pasen a ser propiedad total del Estado de la República de Nicaragua”.
La iniciativa que está compuesta por cinco artículo resalta en el apartado número 3 que el “Instituto Nicaragüense de Energía (INE), como ente regulador, queda facultado para hacer cumplir la presente ley y garantizar la observancia de la misma por parte de los diferentes agentes económicos que actúan dentro de la cadena de suministros de hidrocarburos”.
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La medida que será aprobada en los próximos días, ya que el régimen domina con sus diputados el Parlamento, llega tras las más recientes sanciones impuestas contra empresas de la dictadura por Estados Unidos. El 12 de diciembre, el Departamento del Tesoro agregó en la lista de sancionados a las entidades Distribuidora Nicaragüense de Petróleo S.A. (DNP Petronic), Inversiones Zanzíbar Sociedad Anónima y Servicio de Protección y Vigilancia S.A. (alias El Goliat), todas empresas bajo el mando de Rafael Ortega Murillo, a quien también incluyeron en el club de delincuentes internacionales según la Oficina de Control de Activos (OFAC, por sus siglas en inglés)
El economista y catedrático Eduardo Solórzano señaló a Artículo 66 que con las sanciones vendrán afectaciones directas al régimen porque por medio de sus empresas “lavan dinero” y son los principales actores en la cadena del combustible. “Esto significa que ellos son los que canalizan el petróleo y se lo venden a las empresas”. En el caso de los bancos hay una posibilidad que no puedan realizar más transacciones porque ninguna entidad se va a querer ver involucrada.
