CSJ supervisa a abogados para prevenir riesgos ante crimen organizado

Un sorpresivo anuncio hizo la licenciada Adriana Obando Quezada, funcionaria de la Corte Suprema de Justicia, que tiene a su cargo una dirección de información y prevención de delitos del crimen organizado, cuando dio a conocer que durante este mes se están realizando, sobre este tema, supervisiones aleatorias a profesionales del Derecho, especialmente en Managua que es donde está inscrito el mayor número.

Según la funcionaria, se trata de hacer una evaluación sobre la labor de prevención «de cómo los sujetos de obligación están comprendiendo sus propios riesgos y de qué manera se están tomando medidas» en lo que llamó «Debida Diligencias de Conocimiento de Clientes (DDC)», según divulga un boletín informativo del Poder Judicial.

Igualmente, advirtió que el objetivo es monitorear el grado de comprensión sobre sus obligaciones en relación al lavado de activos, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masivas.

En Nicaragua hay inscritos 12,557 abogados y notarios públicos en la CSJ y casi la mitad reside en Managua, por lo que dicha supervisión se realiza inicialmente en la capital.

La supervisión se produce tanto en las oficinas de la dirección a cargo de la funcionaria en la Corte Suprema como en las propias oficinas de los profesionales del Derecho, quienes según ella, son informados por cédula o correo electrónico, el momento y la hora que se supervisarán, lo cual inició a principios de mes y continuará una vez finalizado el periodo de vacaciones del Poder Judicial.

Aunque dijo que la selección de los abogados y notarios se hizo en forma aleatoria no explicó cómo funciona este procedimiento, el cual, según un abogado que nos pidió omitir su nombre, no se ha producido mucha divulgación sobre esta supervisión y realmente qué es lo que se persigue.

Estas medidas, dijo la funcionaria, es una de las recomendaciones que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) hizo al Gobierno de Nicaragua para prevenir los delitos de lavados y activos.

Un informe de este año ubica a Nicaragua, en el tema de los delitos de lavado de dinero, en la antepenúltima posición de América Latina y El Caribe- 31 de 33 países- solo por delante de las Islas Caimán y Haití.

 A escala global, Nicaragua ocupó la posición 125, es decir, que quedó a 16 posiciones del final de la lista de 141 naciones, siendo catalogado como un país de alto riesgo para estas prácticas ilícitas. 

Las puntuaciones de riesgo fueron presentadas en el Índice de Basilea están basadas en datos de 16 fuentes de acceso público como el Grupo de Acción Financiera Internacional, Transparencia Internacional, el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial.

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Esas puntuaciones abarcan cinco ámbitos: Calidad del marco de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo; soborno y corrupción; transparencia y normas financieras; transparencia pública y rendición de cuentas; y riesgos legales y políticos.