Hasta las 5:29 de la mañana del 14 de septiembre de 2020, el artesano Danny García González, de 32 años, originario del barrio indígena de Monimbó en Masaya, era un exreo político de la dictadura de Daniel Ortega. Un minuto después, más de 30 efectivos de la Policía allanaron su vivienda y lo arrestaron sin dar ninguna explicación, para luego presentarlo en la Dirección de Auxilio Judicial señalado de los delitos de tráfico de explosivos, tenencia ilegal de armas de fuego y tráfico de drogas.
«No puedo creer que está viviendo nuevamente esta pesadilla», dijo entre lágrimas, Ruth Matute, exrea política y esposa de García, quien estaba presente al momento de la captura de su cónyuge. Matute declaró a Artículo 66 que a su marido los efectivos del régimen también se le llevaron una motocicleta y celulares.
Antes de la tercera detención del exreo político; el 10 de abril Ruth Matute denunció que a García lo vigilaba un supuesto inspector de la Policía orteguista, quien llegaba todos los días a su casa.
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«Desde la primera vez que nos detuvieron (en octubre, 2018) y nos quitaron la fábrica de pólvora, tuvimos que dedicarnos a otras cosas, Danny (García) estaba trabajando en una fábrica de ataúdes, pero la Policía ordenó a los propietarios que no le dieran trabajo, porque estaba bajo proceso investigativo. No nos dejan en paz, queremos salir adelante como gente honrada que somos, pero este régimen sigue metiéndose con las personas que somos opositores», dijo Matute a este medio de comunicación.
Asediado, perseguido y secuestrado por ser fabricante de pólvora
Danny García nació en 1988. Desde los 15 años se incorporó al negocio familiar de fabricación de pólvora, herencia de Julián «el Monimboseño», famoso fabricante de pólvora y creador de la bomba de contacto, explosivo utilizado en la guerra civil de 1979 y que después de 39 años volvió a cobrar relevancia en las protestas sociales de 2018.
El artesano de pólvora fue el motivo que usó la justicia de Daniel Ortega para secuestralo el seis de octubre de 2018, junto a otros de sus familiares, entre ellos el pirotecnista y exreo político Lázaro García y su esposa Ruth Matute, a quienes el régimen los acusó de terrorismo, pero fueron excarcelados el 27 de febrero de 2019, no sin antes advertirles que los tenían «vigilados».
Las amenazas por parte del régimen, tras la excarcelación de Danny García y sus familiares, no se hicieron esperar y comenzaron una voraz persecución en contra de él y su familia. El 10 de abril de 2020, fue detenido por segunda vez, estuvo cinco días en la Delegación Policial de Masaya «bajo proceso investigativo», lo dejaron en libertad, pero no le entregaron ninguna de sus pertenencias que le decomisaron.
«No quiero hablar acerca de eso, la verdad salí amenazado y no quiero que te hagan nada a vos, porque me dijeron que no le diera información a Artículo 66 ni a ningún medio de comunicación, por favor vete», fueron las palabras con tono nervioso que Dany García le dijo al reportero de este medio de comunicación cuando trató de entrevistarlo luego de su segunda detención ilegal.
El 14 de septiembre fue la tercera y definitiva detención arbitraria en contra de García. La dictadura lo señala, junto a otro ciudadano de nombre William Caldera Navarrete de trabajar juntos para «desestabilizar el país».
«A las 7:30 de la mañana del 14 de septiembre de 2020, de la Rotonda San Jerónimo 400 metros al norte, una patrulla policial que realizaba labores de vigilancia y patrullaje, perfilaron a los sujetos, quienes cargaban una mochila color azul y un saco macen color rojo, encontrando 10 artefactos explosivos con sus cápsulas detonantes (explosivos tipo emulnor), 14 óvulos con un peso de 12 libras de marihuana y 2 armas de fuego tipo revólver, calibre 38», informó el oficial Victoriano Ruiz Urbina, segundo jefe de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), versión que los familiares de los detenidos desmienten.
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«A Danny lo involucran con otro señor (William Caldera), que ni por cerca se conocen. Además, Danny fue secuestrado en nuestra casa, en horas de la mañana, mientras ese señor fue detenido en horas de la tarde del mismo 14 de septiembre», expresó Ruth Matute, quien informó que antes de este nuevo secuestro, la Policía de Daniel Ortega le había propuesto a su esposo ser informante en contra de opositores, a lo cual el exreo político se negó.
«Lo que le le hicieron a mi esposo fue ponerle un punto y final, porque toda su vida ha sido opositor y nunca iba a cambiar su pensamiento, aunque lo amenazaran. Lo único que nos queda es exigir justicia» manifestó la exrea política.
«Medidas cautelares no han servido de mucho»
Debido al constante asedio desde que fueron excarcelados, a Ruth Matute y Danny García, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les otorgó medidas cautelares. Sin embargo, Matute afirmó que estas medidas no les han servido de mucho, pues el hostigamiento es constante.
«Las medidas cautelares fueron un fallo total, porque desde que nosotros salimos de la cárcel no han dejado de asediarnos. Decidimos mudarnos de casa para que no nos siguieran hostigando, pero fue en vano, porque la represión continuó».
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«Ellos (la Policía orteguista) se meten esas medidas cautelares por donde usted ya sabe, hacen lo que quieren y no respetan los derechos de las personas, yo les grité que por qué no nos dejan en paz, que busquen a los verdaderos criminales y violadores. Yo les dije que yo tengo dos operaciones de corazón abierto, pero a ellos eso no les importó».
Presentados en audiencia preliminar
Danny García y William Caldera fueron presentados el jueves, 17 de septiembre, en audiencia preliminar, ante la juez noveno de audiencia de Managua, Karen Chavarría, acusados por la Fiscalía orteguista de los delitos delitos de tenencia de artefactos explosivos, portación de armas de fuego y tráfico de estupefacientes, en perjudico del Estado de Nicaragua.
La abogada Yonarqui Martínez, defensa de Danny García, recalcó que interpuso un «formal incidente de nulidad» por inobservancia del derecho constitucional, ya que su defendido fue detenido el 14 de septiembre y no el 15 como lo señala la acusación presentada por el Ministerio Público, Igualmente, refirió que la judicial no es competente, porque no es su jurisdicción, sin embargo no se dio a lugar su petición.
En cuanto al estado que se encuentra Danny García, la defensora dijo que aunque «gracias a Dios no ha sido golpeado, está siendo sometido a torturas psicológicas y que los oficiales del dictadura le preguntan acerca de otras personas». La audiencia inicial se programó para el 29 de septiembre, a las nueve de la mañana, «Aunque la denuncia no presenta los requisitos se dio a lugar. Tanto la defensa del señor William Caldera como mi persona haremos la respectiva defensa donde una vez más demostraremos la inocencia de nuestros defendidos», detalló Martínez.
Actualmente, ambos ciudadanos continúan en la Dirección de Auxilio Judicial, en Managua. Aunque la dictadura los señala de delincuentes, sus familiares afirman que son presos políticos y que seguirán demandando su libertad.
