Amparados en una «orientación» de Guillermo González, director del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención a Desastres (Sinapred) desde hace cinco años, la Policía del régimen Ortega-Murillo amenazó a organismos religiosos y de la sociedad civil que han iniciado campañas para reunir ayuda destinada a los damnificados de Eta, con cerrarles sus locales si no se someten al control estatal par recolectar dichas donaciones, según denunciaron la Coalición Nacional (CN) y la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB).
«Ante la inacción estatal, pobladores de Bluefields y de muchos otros municipios del país han organizado iniciativas de recolección de víveres y materiales necesarios para las familias damnificadas (…) Sin embargo, una vez más, la reacción del régimen ha sido prohibir estas acciones de solidaridad y apoyo, amenazando con criminalizar o clausurar los centros civiles y religiosos que han puesto a disposición para fungir como centro de acopio», indica la Coalición Nacional en un comunicado distribuido a los medios de comunicación.
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Ivania Álvarez, dirigente de la UNAB y de la Coalición Nacional, explicó a Artículo 66 que efectivos de la Policía se han presentado en diferentes puntos de acopio de donaciones y han amenazado con decomisar lo recolectado y cerrar los locales donde se esté recibiendo ayuda para los damnificados a menos que se sometan a la vigilancia policial y que luego todas las donaciones reunidas deben ser entregadas en su totalidad al Sinapred.
«Resulta que ahora la Policía, amparándose en un supuesto decreto de hace cinco años, dice que se permitirán las donaciones, pero que los policías deben vigilar el lugar y que todo debe ser entregado al Sinapred porque son los únicos autorizados para distribuir ayuda en caso de emergencias. Ahí están los policías en los puntos de recolección y hasta intimidan a los que llegan a donar porque a cada uno que va entrando a dar su colaboración le piden la cédula y le toman foto, es una manera de intimidar a la gente para que no acuda a dar su aporte, están tratando de cortar las expresiones de solidaridad del pueblo nicaragüense, pero aún con esas amenazas la gente está llegando», aseguró la dirigente opositora Álvarez.
Agregó que bajo esa condición y dado que el deseo de la gente y de las organizaciones de la sociedad civil es ayudar a las víctimas del huracán Eta que están clamando por ayuda, pues habrá que cumplir con la condición de canalizar las donaciones a través de Sinapred, pero aseguró que tendrán mecanismo para vigilar que la ayuda llegue a los más necesitados. «Es que son sinvergüenzas (el Gobierno) y si se robaron las mascarillas donadas durante el peor momento de la pandemia del COVID-19, también se pueden robar la comida donada», dijo Álvarez.
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«El Gobierno es indolente ante las emergencias de la población, ya lo demostró durante la pandemia que ocultó información y ahora está haciendo lo mismo y todavía trata de evitar que la gente colabore. Es un Estado indolente», dijo la dirigente de la UNAB.
El supuesto decreto del que se está valiendo la Policía para someter a su control los puestos de recepción de donaciones no es en realidad un decreto, se trata de una «orientación» del director de Sinapred, Guillermo González del 2015 cuando impidieron una donación del Movimiento Campesino a los habitantes del corredor seco en Nueva Segovia.
En aquel momento, el diario La Prensa publicó que «mediante una nota informativa que reveló una política desconocida y amparado en un operativo policial, el Gobierno impidió que productores de Río San Juan y Nueva Guinea donaran unos ochocientos quintales de granos básicos a familias afectadas por la sequía en cinco municipios de Nueva Segovia. La nota firmada por Guillermo González, codirector general del Sistema Nacional de Prevención, Atención y Mitigación de Desastres (Sinapred), establece que toda ayuda que se quiera hacer llegar a las personas y familias afectadas por alguna situación debe ser canalizada a través del Sinapred».
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En su comunicado, la Coalición recordó el caso de una emisora radial que recolectaba víveres que serían entregados a menores de edad y adultos mayores damnificados por Eta, pero que fue impedida por efectivos policiales.
Gobierno no atiende como se debe a damnificados
De acuerdo con la Coalición, «la atención brindada por las autoridades gubernamentales a los damnificados del huracán Eta ha sido mínima e insuficiente en las zonas más afectadas y vulnerables de la zona del Caribe Norte y Triángulo Minero.
Anexa Alfred, integrante del Comité de la Coalición Nacional por el Partido Yatama, aseguró que hay comunidades que ni siquiera han sido visitadas por el Sinapred y que no han recibido ningún tipo de ayuda de parte de ninguna institución del Gobierno.
«Se han corroborado severos daños en la ciudad de Bilwi, mayormente en las comunidades indígenas de Wawa Bar, Walpasiksa, Prinzu Áwala y Karata, estas fueron arrasadas, no tienen energía eléctrica, incluso en las comunidades indígenas del litoral en el norte desde antes del huracán no había energía y no pudieron recibir la información sobre el huracán en tiempo y forma», denunció Alfred.
Pero la iglesia Hosanna esta recolectando y no le dicen nada.