A través de un comunicado, la Coalición Nacional condenó la poca beligerancia del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo para apoyar a los damnificados en la Costa Caribe de Nicaragua, tras el paso del huracán Eta que dejó severos daños materiales y el fallecimiento de dos mineros artesanales tras un deslave. Además, criticaron las acciones del régimen en contra de organizaciones no gubernamentales que se han dispuesto a recolectar víveres y medicinas para hacerlas llegar a las comunidades afectadas.
«Ante la inacción estatal, pobladores de Bluefields y de muchos otros municipios del país han organizado iniciativas de recolección de víveres y materiales necesarios para las familias damnificadas, mostrando la solidaridad que nos hace grandes como nicaragüenses a pesar de las crisis y el actual contexto. Sin embargo, una vez más, la reacción del régimen ha sido prohibir estas acciones de solidaridad y apoyo, amenazando con criminalizar o clausurar los centros civiles y religiosos que han puesto su disposición para fungir como centros de acopio», destaca el escrito.
Igualmente, reprocharon que a esas entidades les hayan advertido «que se abstengan de brindar la ayuda inmediata que requiere urgentemente la población afectada, que cada vez aumenta». Uno de los casos que ponen de ejemplo es el asedio policial y paramilitar a la radio Siempre Joven, de Bluefields, donde los trabajadores que apoyaban con la colecta «entre ellos menores de edad y adultos mayores, en el Caribe Norte» sufrieron intimidación.
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Según la Coalición, la negligencia del gobierno no abona a la atención de las personas que viven en las zonas afectadas por el Huracán Eta, las que están expuestas a enfermedades virales. También refirieron el informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que detalló que más de 70 mil personas en el Caribe Norte estuvieron expuestas a los efectos del fenómeno climático, «que ha generado fuertes vientos y lluvias constantes, que sin un abordaje integral de emergencia puede derivar en brotes de enfermedades respiratorias, gastrointestinales y virales, que pueden ser mortal ante la ausencia de alimentos y agua potable».
«Sin ninguna compasión por la situación que viven las personas afectadas, el régimen y sus funcionarios públicos y partidarios se han dado a la tarea de hacer proselitismo político en medio del desastre. Es necesario recordar que es obligación de todo Estado proveer atención y mitigar los daños causados por desastres naturales. Por ello, demandamos al régimen que se realicen todas las gestiones pertinentes para restablecer la energía eléctrica en las zonas del Caribe Norte, donde aún se encuentran sin este servicio de vital importancia», refiere el comunicado.
Por su parte, la opositora Támara Dávila, miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), pidió a la ciudadanía continuar apoyando las iniciativas, pese al afán de la administración de turno por criminalizar esa acción humanitaria. «Como oposición animamos a seguir con las muestras de solidaridad, pese al hostigamiento y a la criminalización de la solidaridad. También hacemos un llamado para que estemos atentos a apoyar a las familias que más lo necesitan».
Asedio a centro de acopios
La tarde del miércoles, cuatro de noviembre, el doctor de José Antonio Vázquez, presidente de la Unidad Médica Nicaragüense (UMN), declaró que la Policía y paramilitares al servicio de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo asediaron las oficinas de esta organización, ubicada en Altamira, Managua. El galeno refirió que el hostigamiento se dio luego que se anunciara la recolecta de insumos médicos para ayudar a los damnificados por el huracán Eta en la Región del Caribe Norte.
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Otra de las organizaciones que desistió de continuar con su labor fue el Comité de Emergencia de los Clubes Leo y Clubes de Leones del departamento de Rivas. «Nos vimos tristemente obligados a suspender nuestras actividades de sumarnos a la gran recolecta nacional para brindar ayuda humanitaria para los damnificados por el huracán Eta». El asedio se extendió a las oficinas de la Diócesis de Bluefields, en Managua, que también estuvo rodeada de uniformados.
Ante estas situación la Coalición exige al régimen de Ortega que implemente acciones urgentes para asistir de manera oportuna a la población damnificada y permita a la sociedad civil llevar o enviar ayuda a las zonas vulnerables. «No es momento de proselitismo político ni manipulaciones ante la tragedia que viven miles de nicaragüenses en la Costa Caribe del país. Los efectos apenas inician, por lo que es tiempo de solidaridad entre nicaragüenses. En juego se encuentra la vida de miles de personas, que tienen un futuro por delante. Basta ya de ya negligencia como la cometida con la llegada del COVID-19 a Nicaragua».
