El régimen de Daniel Ortega apresura la instauración de la prisión perpetua en Nicaragua por supuestos «crímenes de odio», cuya iniciativa de reforma constitucional fue presentada ante el Plenario este martes, 27 de octubre, para ser remitida a la Comisión Especial.
La reforma al artículo 37 de la Constitución Política, impulsada por el gobierno y promovida a la saciedad por la vocera y vicemandataria, Rosario Murillo, fue presentada el 22 de octubre ante la Primera Secretaría de la Asamblea por la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) fue presentada cinco días después en el Pleno para ser enviada a una Comisión Especial de carácter constitucional encargada de estudiar y realizar las consultas para el respectivo dictamen.
Las reformas constitucionales deben hacerse en dos periodos legislativos, es decir, el proceso de cambios debe iniciarse este año 2020, antes del 15 de diciembre, y continuar hasta después del 10 de enero de 2021 cuando inicie el próximo periodo legislativo.

«Ya comenzó el proceso. Estamos cumpliendo el proceso en primera legislatura y estaremos listos en segunda legislatura. Nos comprometemos que en cuanto se abra, el año que viene después del 10 de enero, procederemos a pasar la segunda etapa porque necesitamos que esté aprobada esta reforma. El pueblo nicaragüense necesita que esté aprobada esta reforma», manifestó Gustavo Porras, el sancionado presidente de la Asamblea Nacional y ficha del orteguismo, celebrando las supuestas tres millones de firmas levantadas por la dictadura en las instituciones públicas y algunos barrios.
En sintonía, seguidores del régimen llegaron a la Asamblea Nacional para entregar las cajas «llenas de firmas» y presenciar el hecho donde solo se dedicaron a aplaudir. «Agradecemos su presencia, muchas gracias, cumplieron su misión», dijo Porras al finalizar.
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La Comisión quedaría conformada por los parlamentarios de la actual Comisión de Justicia, la que está integrada por seis legisladores, entre los que se cuenta a los sandinistas Edwin Castro, María Auxiliadora Martínez e Irma Dávila. También son parte de esa comisión los liberales Maximino Rodríguez y Jimmy Blandón y por la Bancada de la Alianza Liberal Nicaragüense y del Partido Liberal Independiente (ALN/PLI), el diputado Mauricio Orúe.

El documento de ocho páginas, de las cuales tres y media es la lista de firmas de los diputados oficialistas, contiene además una carta a la diputada Loria Dixon, otra al presidente del Legislativo, Gustavo Porras, con una supuesta exposición de motivos y la fundamentación, en la que esgrimen que ‹‹en estos momentos, la nación se encuentra preocupada y consternada por el incremento de crímenes crueles, inhumanos degradantes y de odio que han causado grandes impactos, conmoción, rechazo, indignación y hastío entre los nicaragüenses que claman por la aplicación de una pena excepcional para los responsables que cometen dichos crímenes ya que son fenómenos o acciones extrañas a nuestra cultura».
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Con la modificación, la norma quedaría de la siguiente manera: «Artículo 37. La pena no trasciende de la persona del condenado. No se impondrá pena o penas que aisladamente o en conjunto duren más de treinta años», dice la primera parte.
Ortega manda a la Asamblea cajas «llenas de firmas» para comprobar su supuesto respaldo a la cadena perpetua
‹‹Excepcionalmente se impondrá la pena de prisión perpetua revisable para la persona condenada por delitos graves, cuando concurran circunstancias, que por su impacto causen conmoción, rechazo, indignación, repugnancia en la comunidad nacional. La ley de la materia regulará su aplicación», reza el restante del mismo artículo, dejando a discreción de los operadores judiciales del régimen los delitos y personas que causen este tipo de emociones.
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La vicemandataria Murillo impulsó una campaña de máximo castigo por «crímenes de odio», amparándose en una ola de femicidios registrada en la nación, aunque la propuesta realmente está dirigida a atacar e intimidar a los opositores, indican expertos. La dictadura pretende modificar la Constitución Política y el Código Penal para establecer cadena perpetua como la pena máxima en el país en lugar de los 30 años que actualmente contempla la ley.