La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, finalmente soltó el proyecto de reforma constitucional, que incluye la modificación específica al artículo 37 de la Carta Fundamental del país, en la que eliminan el límite de 30 años de prisión en Nicaragua.
El proyecto, firmado por 69 diputados del oficialismo, tiene fecha del 19 de octubre, pero fue enviado a la Primera Secretaría parlamentaria hasta el jueves, 22 del mismo mes, y los sandinistas permitieron a los diputados liberales que leyeran la iniciativa hasta este viernes 23.
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El documento de ocho páginas, de las cuáles tres y media son de la lista de firmas de los diputados oficialistas, contiene además una carta a la diputada Loria Dixon, otra al presidente del Legislativo, Gustavo Porras, con una supuesta exposición de motivos y la fundamentación, en la que esgrimen que ‹‹en estos momentos, la nación se encuentra preocupada y consternada por el incremento de crímenes crueles, inhumanos degradantes y de odio que han causado grandes impactos, conmoción, rechazo, indignación y hastío entre los nicaragüenses que claman por la aplicación de una pena excepcional para los responsables que cometen dichos crímenes ya que son fenómenos o acciones extrañas a nuestra cultura».
Además, la dictadura concentra su reforma en dos párrafos que, que en realidad, el segundo es una excepción a la disposición constitucional actual. Con la modificación, la norma quedaría de la siguiente manera: «Artículo 37. La pena no trasciende de la persona del condenado. No se impondrá pena o penas que aisladamente o en conjunto duren más de treinta años», dice la primera parte.
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‹‹Excepcionalmente se impondrá la pena de prisión perpetua revisable para la persona condenada por delitos graves, cuando concurran circunstancias, que por su impacto causen conmoción, rechazo, indignación, repugnancia en la comunidad nacional. La ley de la materia regulará su aplicación», reza el restante del mismo artículo, dejando a discreción de los operadores judiciales del régimen los delitos y personas que causen este tipo de emociones.
En la exposición de motivos, el oficialismo agrega que que esta reforma constitucional en materia penal tiene como sustento la Declaración Universal de Derechos Humanos, Convenios Internacionales de derechos humanos, civiles y políticos, por lo que ‹‹consecuentemente, el Estado asume la obligación de promover y proteger los Derechos Humanos de todos los nicaragüenses con especial atención en los sectores que se encuentran en condición de vulnerabilidad: niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres, pueblos originarios y afro descendientes del Caribe, entre otros»
El «odio» que castiga la dictadura
Para no dejar dudas de la falta de especificidad de su ley, el régimen insiste en castigar con dureza «ciertos hechos delictivos de gravedad excepcionales», y remarca los «crímenes crueles, degradantes e inhumanos y de odio», según se lee en la misma justificación de motivos, dejando a discreción de sus operadores el premio y el castigo.
El régimen de Ortega usó como pretexto para modificar la Constitución e imponer la prisión de por vida, la violación y asesinato de dos niñas en una comunidad del Caribe Norte de Nicaragua, ocurrido hace casi dos meses. Después de ese crimen que conmocionó al país, la dictadura desplegó una campaña para justificar su nueva movida legislativa, pero en sus intervenciones, tanto Ortega, como la primera dama Rosario Murillo, iniciaron a tildar de «crímenes de odio» los sucesos sangrientos ocurridos en el contexto de la crisis sociopolítica de abril de 2018 y arengó contra los opositores a quienes amenazaba con frecuencia de encerrarlos hasta el fin de sus días.
