El diputado Maximino Rodríguez, jefe de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), confirmó que ya fueron convocados para la conformación de la Comisión Especial que dictaminará una reforma constitucional que permitirá la modificación del artículo 37 de la Carga Magna y allanará el camino para la aplicación de la cadena perpetua, en lugar del límite de 30 años que establece la máxima norma del país.
El diputado Rodríguez dijo que efectivamente la iniciativa de reforma constitucional fue presentada ante la Junta Directiva del Parlamento y que el próximo martes, 27 de octubre, podría quedar aprobada la comisión especial que dictamine los cambios penales.
Según el jefe de la Bancada Liberal, esta instancia legislativa quedaría conformada por los parlamentarios de la actual Comisión de Justicia, la que está integrada por seis legisladores, entre los que se cuenta los sandinistas Edwin Castro, María Auxiliadora Martínez e Irma Dávila. También son parte de esa comisión los liberales Maximino Rodríguez y Jimmy Blandón y por la Bancada de la Alianza Liberal Nicaragüense y del Partido Liberal Independiente (ALN/PLI), el diputado Mauricio Orúe.
El también diputado del PLC Jimmy Blandón dijo a Articulo 66 que desconoce los detalles de cuál será su función en esa Comisión Especial, y que únicamente fue notificado por su jefe de bancada de que ambos son partes de esa nueva instancia parlamentaria que tendría como fin proponer un proyecto legal que culminaría con la imposición de la prisión de por vida.
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Con esa reforma, el régimen de Daniel Ortega pretende establecer la pena de cadena perpetua como castigo a los «crímenes de odio». Esta iniciativa ha llamado la atención y ha despertado rechazo de parte de los organismos defensores de los derechos humanos, debido a que la vicedictadora Rosario Murillo constantemente tilda como crímenes de odio las protestas de la oposición política.
Por tal motivo, analistas políticos, juristas y defensores de derechos humanos consideran que la dictadura se está armando con una pena de cárcel de por vida, con el fin de recrudecer la represión contra la oposición, e incluso contra la prensa independiente, a quienes Murillo ha llegado a acusar de «promover e incitar al odio».
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La primera vez que el régimen habló de establecer la pena de prisión perpetua en Nicaragua contra los ‹‹crímenes de odio›› fue cuando el dictador Daniel Ortega, durante el acto de las fiestas patrias el 15 de septiembre, dijo que orientaría a la Corte Suprema de Justicia que trabaje un proyecto para establecer la cadena perpetua, en una clara muestra de que Ortega controla los poderes del Estado a su antojo.
A partir de ese momento, la segunda al mando de la dictador y vocera gubernamental Rosario Murillo se dio a la tarea de promover la idea como un acto de justicia y para ello mandó a todos los empleados públicos a recoger firmas en apoyo a esa iniciativa.
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Las reformas constitucionales deben hacerse en dos periodos legislativos, es decir, el proceso de cambios constitucionales debe iniciarse este año, antes del15 de diciembre, y continuar hasta después del 10 de enero del próximo año cuando inicie el próximo periodo legislativo.
El régimen de Daniel Ortega ha desoído a los organismo de derechos humanos y a la comunidad internacional que le ha dicho que no apruebe las leyes consideradas represoras porque de lo contrario va a haber consecuencias individuales contra los responsables de la aprobación de esas leyes.
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Ya recientemente fue aprobada la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, con la que se criminaliza a los Organismos No Gubernamentales y a la oposición política. Está en la ruta de formación de Ley y pronto será aprobada la Ley Especial de Ciberdelitos, con la que se atenta contra la libertad de expresión y se persigue a los medios de comunicación independientes.
Ojalá que los que vive de la política en Nicaragua hagan bien su trabajo y no tengan que lamentarse porque en guerra avisada no mueren soldados y si los opositores hacen bien su trabajo no tienen porque tener miedo.
Y que tiene miedo es porque tiene cola que le puedan cortar y creo que la ley si se administra bien para evitar los llamados a la violencia y también evitaría el revanchismo que ya es típico en la sociedad nicaragüense.
Digo revancha porque estos señores opositores si hipotéticamente llegarán al poder será igual o peor la pasajera de cuenta contra los sandinistas y no se vale en pleno siglo XXI y esto ya Nicaragua lo vivió en los 90s y toda Nicaragua sabe. Creo que hoy es la oportunidad para que haya una reconciliación verdadera para que el país pueda tener un Norte y haci poder empezar a crecer tanto en lo económico como Eneko político y sólo así mejorar la calidad de vida de los nicaragüenses.
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La comisión puramente un circo pues con los 79 sapos qué están es suficiente para la aprobación de la ley nefasta,nunca han he6un estudio sobre las leyes aprobadas pues vienen ordenadas del Carmen