La Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó este miércoles, 21 de octubre, la resolución denominada «restablecimiento de las instituciones democráticas y el respeto de los derechos humanos en Nicaragua mediante elecciones libres y justas» que plantea como tema toral, establecer reformas electorales en el país a más tardar en mayo de 2021.
A su vez, la OEA insta al régimen a que acepte el despliegue amplio y efectivo de misiones de observación electoral integradas por observadores internacionales independientes y acreditados en el proceso electoral de Nicaragua.
Los estados miembros reiteraron que observan con «preocupación» que el Gobierno de Nicaragua no ha implementado una serie de medidas acordadas, tales como la liberación, debidamente monitoreada y verificada de todos los presos políticos; y no ha permitido la labor efectiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y sus mecanismos en Nicaragua, incluido el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni); y no ha garantizado la libertad de expresión, incluso para la prensa, ni el ejercicio del derecho de reunión pacífica.
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La resolución fue aprobada con 20 votos a favor, dos en contra y 12 abstenciones, pese a la negativa del régimen de Ortega, que de antemano «rechazó» y «desconoció» la resolución, durante su intervención del martes, 20 de octubre, en el inicio de la 50 Asamblea General de la OEA.


Personalidades internacionales, así como representantes de la oposición en Nicaragua y organismos de derechos humanos reaccionaron en apoyo a la resolución aprobada este miércoles, 21 de octubre, por la Quincuagésima Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), la que valoran como la última oportunidad que se la da Daniel Ortega para alcanzar una solución pacífica a la actual crisis en Nicaragua.
La Coalición Nacional (CN) en un comunicado oficial dado a conocer a los medios de comunicación inmediatamente después de conocerse el resultado de la votación señala que la decisión «reafirma la grave preocupación que esta organización ha sostenido a lo largo del proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana por el deterioro de las instituciones democráticas y los Derechos Humanos en Nicaragua».
El pronunciamiento agrega que «esta resolución es un llamado más, de su máxima autoridad política, que al tenor de lo previsto en el Artículo 20 de la Carta Democrática, agota las gestiones diplomáticas para promover la normalización de la institucionalidad democrática en Nicaragua, ofreciendo una señal a Ortega de que las elecciones de 2021 representarían la última oportunidad para una solución pacífica de la actual crisis en Nicaragua».


Una furibunda Rosario Murillo atacó nuevamente a los grupos de oposición de Nicaragua. La vicedictadora y vocera gubernamental aprovechó su monólogo en los medios oficiales para continuar responsabilizando a sus adversarios por la inestabilidad del país, Otra vez los llamó «miserables y migajas humanas», pero también les agregó otros descalificativos como «rostros desfigurados por el odio y rabiosos».
La también sancionada primera dama reiteró su famosa frase de «¡Ni pudieron, ni podrán!», al tiempo que tildó a sus oponentes de «rostros desfigurados por el odio, que vemos con alguna frecuencia, cada vez menos, pero sobre todo que vemos en medios de difamación internacional, medios que sirven para distraer, para calumniar, medios que no conocen Nicaragua, nunca han estado aquí, no saben cómo vivimos».
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En medio de la crisis económica que atraviesa Nicaragua, producto de la situación política social y agravada por la crisis provocada por la pandemia del COVID-19, la estatal Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Enatrel) inició esta semana la instalación de los acostumbrados adornos navideños en las calles del centro de Managua, obra que representa una inversión de varios millones de córdobas que salen de las arcas de esa empresa pública.
El concejal liberal Carlos Bonilla afirmó a Artículo 66 que según los cálculos que han hecho en otros años, la municipalidad de Managua gasta más de 10 millones de córdobas en mano de obra y logística, más los costos por el consumo de energía, que en parte los paga la Alcaldía.
«Calculamos que se utilizan alrededor de 50,000 bombillos y que cada uno gasta siete kilowatts, es decir, que son 2 millones 520 mil córdobas que se gastan en energía eléctrica entre noviembre, diciembre y la primera semana de enero», dijo el delegado de la Alcaldía de Managua.


El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) prepara un recurso por inconstitucionalidad contra la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, afirmó el presidente del gremio empresarial, Michael Healy, en conferencia de prensa virtual.
«Nos preocupa porque lo que seguimos viendo es una represión, es una ley que está articulada para seguir inhibiendo y reprimiendo a los nicaragüenses, como la criminalización a las personas que se inscriban en esta ley (…) y los inhibe de participar en temas electorales como candidatos a cargos públicos. Esto es totalmente violatorio a los derechos constitucionales», manifestó Healy.
El empresario explicó que «una ley que está por debajo de la Constitución Política» no puede inhibir a quienes aspiran a participar en la administración pública; y por el contrario, la ley representa un instrumento jurídico que aumenta la represión contra los actores políticos opositores.


Un grupo de familiares de reos de la dictadura de Nicaragua, pertenecientes al Comité Pro Liberación de Presos y Presas Políticas, a la Organización Víctimas de Abril y a la Asociación de Familiares de Presos Políticos, llegaron al Sistema Penitenciario Jorge Navarro, de Tipitapa, para tomarle la palabra a Daniel Ortega y exigir que les dejaran ver a sus parientes. Sin embargo, la solicitud fue denegada por las autoridades del penal.
«Le tomamos la palabra al presidente Daniel Ortega, aquí estamos para que se nos permita ver a nuestros presos políticos. No es cierto que nos tratan bien. Solo por ser familiar de un secuestrado político, las represalias son mayores», denunciaron los manifestantes, quienes protestaron por más de media hora en las afueras de la cárcel «La Modelo». «Que no diga el presiente que somos mentirosa, porque aquí hay evidencia de la negativa de las autoridades del penal», reiteraron.
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Por su parte, la abogada Yonarqui Martínez, defensora de derechos humanos y representante legal del Comité Pro Liberación de Presos Presas Políticas de Nicaragua, solicitó entrar a la prisión, pero le negaron el acceso. «Las condiciones de los familiares de los presos políticos es indignante, porque las autoridades de “La Modelo” abusan de su autoridad (…) Si el presidente dice que están abiertas las puertas del penal, pues que nos permitan el acceso».