Los diputados de la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), subordinados al dictador Daniel Ortega, dictaminaron favorablemente la iniciativa de Ley de Ciberdelitos, conocida como Ley Mordaza y con ello, la iniciativa queda lista para ser aprobada y puesta en vigencia.
Carlos Tünnermann y Fabio Gadea Mantilla instalaron la «Comisión de buena voluntad» que iniciará acercamientos con los grupos de oposición para lograr una alianza electoral única.
La controversial Ley ha sido ampliamente cuestionada porque en su articulado contiene ataques directos a la libertad de expresión y castiga con multas y hasta con cárcel lo que el gobierno pudiera considerar «difusión de noticias falsas».
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La iniciativa fue dictaminada por los legisladores sandinistas de las comisiones de Educación Cultura, Deportes y Medios de Comunicación Social; la de Infraestructura y Servicios Públicos, y la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos.
Liberales se opusieron con voto razonado
El diputado del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) Jimmy Blandón dijo a Artículo 66 que todos los legisladores de su partido que pertenecen a las comisiones encargadas de dictaminar la iniciativa de Ley de Ciberdelitos se opusieron mediante un voto razonado al dictamen favorable que emitieron los sandinistas, sin embargo, debido que los partidarios de Daniel Ortega son mayoría en el Parlamento y en las Comisiones, es inevitable que la Ley sea aprobada tal como fue presentada.
«Nosotros nos oponemos a la Ley de Ciberdelitos porque viola la Constitución Política de la República, sin embargo los sandinistas son mayoría y creemos que la van a aprobar el próximo martes, 27 de octubre, a menos que salgan con una sorpresa y convoquen (a sesión parlamentaria) a última hora para este viernes», dijo Blandón.
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El diputado del PLC explicó que el voto razonado que emitió su bancada en el dictamen de la iniciativa de Ley de Ciberdelitos lo basaron en seis argumentos, casi todos porque dicha normativa roza con la Constitución Política de Nicaragua.
Entre esos argumentos destacan que el «Estado de Nicaragua, aún a este día, fecha y hora no es suscriptor de Convenio y/o tratado alguno sobre los ciberdelitos, pues no basta invocar la asistencia legal mutua en el principio de reciprocidad conforme al Derecho Internacional; pues con este principio no se puede violentar el Artículo 43 parte infine de nuestra Constitución Política, sobre la extradición de sus ciudadanos».
Asimismo, en el punto tres del voto razonado, los diputados liberales argumentan que «nos oponemos en lo particular al artículo 30 de la iniciativa de Ley Especial de Ciberdelitos, dictaminado por la mayoría de los diputados oficialistas, pues consideramos que dicho articulado violenta los derechos humanos y constitucionales que tenemos los ciudadanos nicaragüenses a la libertad de expresión establecido en los artículos 66, 67 y 68 de la Constitución Política de Nicaragua, ya que viene a crear un obstáculo a la labor que ejercen en general los distintos medios de comunicación social, impresos, radiales, televisivos y digitales».
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También agregan que se oponen a ese artículo porque afecta de forma directa a la población en general, pues «a los ciudadanos nicaragüenses dentro y fuera del país, se les inhibe del derecho de denunciar a través de cualquier medio de comunicación las anomalías y arbitrariedades que cometan los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos, lo cual es fundamental en todo Estado Social y Democrático de Derecho. El artículo 66 de nuestra Carta Fundamental estipula que los nicaragüenses tenemos derecho a informarnos privada y colectivamente».
Asimismo, los diputados liberales razonan su voto en contra de la aprobación del dictamen favorable a la Ley Mordaza, exponiendo que los sandinistas no cumplieron con el proceso de formación de ley, como lo establece el Artículo 110 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, donde se establece que en el proceso de consulta de una iniciativa de ley se debe de consultar no solo al órgano u órganos que van a ejecutar la ley, sino que también a los destinatarios o usuarios y que esto es obligatorio.
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«En virtud que la presente iniciativa (de Ley de Ciberdelitos) también afecta a los distintos medios de comunicación por la forma escrita, radial, televisiva y digital, se debió consultar con los distintos prestadores de servicios tecnológicos, a la empresa privada a través de su respectiva cámara, mismos que fueron excluidos del proceso de consulta de la ley; pues era primordial conocer su opinión al respecto por ser usuarios y destinatarios de la misma, ello transgrede el proceso de formación de la ley», razonan los legisladores del PLC.
Los diputados sandinistas en el dictamen de la Ley establecieron que la queja, denuncia o acusación se hará a través del Ministerio Público y la Policía Nacional. Los diputados liberales critican que esas instituciones no tienen personal especializado en ciberdelitos, además que son instituciones poco confiables por ser parcializadas y politizadas en favor del régimen Ortega-Murillo.
