Dictadura se apura a aprobar ley mordaza y manda a sus «diputados a analizarla»

La bancada parlamentaria del Frente Sandinista de Libración Nacional (FSLN), subordinada al dictador Daniel Ortega, va en carrera en el proceso de aprobación de la que llaman «Ley Bozal» o Ley Especial de Ciberdelitos, con la que pretenden imponer un censura generalizada a la libertad de expresión de la sociedad nicaragüense mediante el control de las redes sociales. Los parlamentarios del orteguismo enviaron a análisis de comisión dicha iniciativa.

De acuerdo con lo dicho por el presidente del Legislativo, el diputado sandinista y sancionado por Estados Unidos, Gustavo Porras, la comisión encargada de analizar y dictaminar la Ley de Ciberdelitos es la Comisión de la Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos, la que deberá presentar el dictamen en los próximos días.

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Algunos analistas de la comunicación, señalan que esa propuesta tiene como fin, castigar a los periodistas y medios de comunicación independientes, pero también a la ciudadanía en general por los delitos que puedan cometer al hacer uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

El Artículo 30 de dicha ley establece que «quien usando las tecnologías de la información y la comunicación publique y difunda información falsa y/o tergiversada que produzca alarma, temor, zozobra, en la población o un grupo o sector de ella a una persona o a su familia, se impondrá la pena de 2 a 4 años de prisión y 300 a 500 días multa. Si la publicación o difusión de la información falsa y/o tergiversada perjudique el honor, prestigio o reputación de una persona o a su familia, se le impondrá la pena de 1 a 3 años de prisión y 150 a 350 días multas. Si la publicación o difusión de la información falsa o tergiversada incita al odio y a la violencia, pone en peligro la estabilidad económica, el orden público y la salud pública o la seguridad soberana, se le impondrá pena de 3 a 5 años de prisión y 500 a 800 días multas».

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Precisamente el articulo 30 es uno de los más cuestionados, porque criminaliza la difusión de información que, a criterio del régimen, pueda ser considerada violatoria de la Ley aunque no lo sea y por ello es que se considera que está dirigida contra la oposición política y los medios de comunicación libres. Su alcance es contra todo nicaragüense que se encuentren tanto dentro como fuera del territorio nacional, por lo que se contempla la extradición.