El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas exigió la libertad inmediata del activista universitario, Kevin Solís, detenido de manera arbitraria por el régimen de Daniel Ortega, señala el documento compartido este martes, 21 de octubre, por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
Kevin Solís fue detenido el 6 de febrero de 2020, luego de haber participado en una manifestación en la Universidad Centroamericana (UCA) y condenado a cuatro años y seis meses de prisión por el supuesto delito de robo agravado contra un simpatizante sandinista. El documento argumenta que la detención fue el resultado del ejercicio de sus derechos a la libertad de opinión y expresión, así como a la libertad de reunión y asociación pacífica, y la participación en asuntos públicos.
El grupo de trabajo, dependiente del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, agrega que no hubo flagrancia delictiva y por el contrario, el delito fue realizado por individuos vestidos de civil, quienes lo detuvieron sin una orden de arresto expedida por un juez o autoridades competentes.
Añade que el joven fue sujeto de una desaparición forzada, de las 11:00 am a las 6:00 pm, «tiempo en que su derecho a la seguridad personal fue flagrantemente violado». Una vez el proceso judicial, a Kevin le fueron denegadas las garantías esenciales del debido proceso. «El Grupo de Trabajo consideró que en el contexto actual de la pandemia del COVID-19, el Gobierno debería “tomar medidas urgentes para garantizar su liberación inmediata”, y concederle el derecho a obtener una indemnización y otros tipos de reparación», indica el Grupo de Trabajo, recomendando a su vez, que «el Gobierno examine la compatibilidad de la Ley 952 en la que se establece que los casos de robo agravado deben tramitarse en prisión preventiva, de manera automática, con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pues la detención previa al juicio debería ser una medida excepcional en lugar de la regla».
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Durante la investigación, el Grupo de Trabajo solicitó en abril al gobierno de Nicaragua que suministrase información para contrastar la denuncia, sin embargo, el régimen ignoró la solicitud. La dependencia remitió el caso al Relator Especial sobre la Tortura, y solicitó tanto a los solicitantes como al Gobierno que provean la información de seguimiento en un periodo de seis meses.
El caso fue presentado ante la dependencia a solicitud del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ) y el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad).
Kevin estuvo atrincherado en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) y es uno de los sobrevivientes del ataque a la iglesia Divina Misericordia.
