El régimen Ortega-Murillo sigue manteniendo desde su llegada al poder en el 2007 una política hostil hacia la prensa independiente a través de chantajes, presión, intimidación y ataques, a fin de provocar la autocensura y para ello, ha utilizado desde el chantaje con publicidad estatal hasta acusaciones penales contra periodistas y terrorismo fiscal contra medios de comunicación, según indica el más reciente informe del Centro de investigación para la Comunicación (CINCO).
De cuerdo con el informe, denominado «Libertad de expresión y prensa en Nicaragua bajo pandemia y represión 2019-2020», la situación de riesgo para periodistas y medios no afines al gobierno de los Ortega-Murillo se agravó a partir de abril de 2018, cuando estallaron las protestas y movilizaciones sociales. Los periodistas que han dado cobertura a estos acontecimientos han sido atacados, amenazados e impedidos de ejercer su labor
El documento hecho público este lunes señala que la represión contra los comunicadores alcanzó incluso la fatalidad al ser asesinado el periodista Ángel Gahona en Bluefields mientas realizaba su trabajo y varios más fueron apresados de manera arbitraria, así como el exilio forzado por la represión de varias decenas de comunicadores que tuvieron que salir del país para preservar sus vidas, en tano, los medios de comunicación independientes han sufrido ataques, saqueos y confiscaciones arbitrarias del gobierno.
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«Los ciudadanos (nicaragüenses) han sido impedidos de ejercer su derecho a la libertad de expresión durante más de 13 años, especialmente desde el 2018 pues el gobierno ha establecido un estado de excepción de facto, prohibiendo expresiones de protesta pacífica, marchas, movilizaciones, entre otras», dice el informe de CINCO.
Asimismo, el organismo indica en su informe que durante la pandemia del COVID-19 la labor del periodismo independiente fue clave para ayudar a la población a conocer la verdad sobre el avance de la enfermedad en el país ante la política de secretismo que impuso el régimen.
«La nueva modalidad represiva del régimen contra los reporteros bajo la epidemia ha sido el asedio, agresiones, acoso judicial con denuncias de injurias y calumnias, y terrorismo fiscal aplicando cobros tributarios falsos y excesivos con la intención de apropiarse de los pocos medios independientes que subsisten en el país. En la práctica del oficio más de 30 reporteros se han contagiado de COVID-19, de de los que fallecieron tres periodistas: Sergio León, director de Radio La Costeñisima; Gustavo Bermúdez, de Radio Corporación; y Lorenzo Larios de Radio Sultana de Granada», apunta el informe.
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CINCO retoma los datos recopilados por el Observatorio de Medios de Comunicación que registró 351 delitos contra la libertad de prensa y de acceso a la información en los departamentos de Chinandega, León, Managua, Masaya, Granada, Carazo, Rivas, Madriz, Matagalpa, Jinotega, Estelí, Chontales, Río San Juan, Bluefields y Bilwi, en los últimos meses
De igual manera, periodistas han sido víctimas de vinculación a actos delictivos con el fin de desacreditar su labor y poner en riesgo su seguridad, procesando judicialmente e incluyendo ataques directos a familiares de periodistas y trabajadores de la comunicación como parte de la estrategia de represión e intimidación contra hombres y mujeres de prensa.
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Asimismo, se registraron casos de desplazamiento forzado de mujeres de prensa quienes se han visto obligadas a huir dejando atrás sus hogares con el fin de encontrar seguridad, a causa de la represión estatal contra el periodismo independiente que viola sus derechos humanos.
CINCO recoge la opinión del relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, quien advierte que «el gobierno cambia de estrategia para criminalizar con querellas de injurias y calumnias a quienes se expresan en temas de interés público. No debería ser la regla que los periodistas estén sometidos al uso del derecho penal o a comparecer por expresarse, criticar o informar. Esto se agrava cuando el Poder Judicial no ha dado muestras de independencia del poder que ejerce Daniel Ortega y Rosario Murillo. Preocupa porque puede terminar con periodistas en prisión».
El relator especial señala en el documento elaborado por CINCO que de las medidas privativas de la libertad, «el arma más aflictiva de los estados es el poder judicial. En el caso de la libertad de expresión y prensa, decimos que no es compatible ningún tipo penal como la injuria, la calumnia y desacato en temas que son de interés público, de gobierno, de transparencia y control de cómo se gobierna, particularmente grave en Nicaragua, porque ni el poder judicial ni la fiscalía han demostrado ser independientes del poder Ejecutivo».
El gobierno de Daniel Ortega inició en septiembre de 2020 una persecución fiscal más cruda contra los medios de comunicación independientes en Nicaragua, en especial contra las dos televisoras que quedan fuera del control mediático del régimen.
Pese a las practicas represivas que ejecuta el gobierno contra los medios de comunicación y periodistas independientes, CINCO destaca el hecho que entre 2018 y el 2020 surgieron 14 nuevas plataformas de comunicación donde se produce contenido periodístico.
Primero fueron los estudiantes, y ahora los periodistas, pero los dictadores han cometido crímenes contra la iglesia católica, la empresa privada, las ONG, y contra todos los ciudadanos, incluidos quienes les obedecen, x cuanto tienen q pagar los exagerados impuestos q los dictadores aprobaron. Pero los estudiantes, periodistas y sacerdotes son HÉROES
la esta echando roda mico mandante.