El problema de la informalidad (trabajo informal) en Nicaragua es un lacerante problema socio laboral presente de tiempo atrás, pero acicateado durante el régimen Ortega-Murillo.
Los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) debaten sobre la situación de Nicaragua y Venezuela en la 50 Asamblea General del organismo. Pese a la negativa del régimen de Daniel Ortega, el organismo analizará el restablecimiento de la democracia y respeto de los derechos humanos de Nicaragua, mediante elecciones libres y justas.
A estas alturas alrededor el 76 por ciento de la PEA (Población Económicamente Activa) sobrevive en precaria situación. Sin prestaciones de ninguna naturaleza y con remuneraciones entre el 25 y 50 por ciento inferiores a las pagadas en el trabajo formal, donde el panorama tampoco es grato, porque los salarios ofrecidos resultan cada día menores en relación al costo de la canasta básica.
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En diciembre del 2017, de acuerdo con el Banco Central de Nicaragua (BCN), la población económicamente activa (PEA) de Nicaragua era cercana a 3.3 millones de personas, de los cuales solo 913,797 trabajadores (27.81 por ciento) estaban afiliados al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS); por lo tanto, el 72.19 por ciento de la PEA estaba en la informalidad, desprotegidos de beneficios y seguridad social o en el desempleo.
A marzo de 2018, se registraban 896,869 trabajadores afiliados al INSS; es decir, personas que tenían empleo formal, lo que representaba un 14.2 por ciento de la población total del país estimada en 2018 en 6.3 millones de personas, de acuerdo a los datos oficiales del BCN.
Desde abril 2018, el INSS ha venido perdiendo cotizantes. A junio de 2018, la cantidad de trabajadores que cotizaban al INSS bajó hasta 810,430; o sea, se redujo el trabajo formal en 86,439 desde finales de marzo a finales de junio de 2018.
Acorde a los anuarios estadísticos del INSS, en diciembre 2017, el número de cotizantes ascendía a 913,797. A finales de 2018, producto de la crisis sociopolítica, 157,923 personas salieron del sistema cerrando ese año en 755,874 asegurados.
El 17 de agosto de 2020, Roberto López, titular del INSS, afirmó y de acuerdo con los medios oficiales, que en agosto 2020 el número de afiliados al seguro social era de 693,476 personas.
En diciembre de 2017 había 913,797 afiliados; en agosto de 2020 los afiliados descendieron a 693,476, lo que significa una contracción del -24.12 por ciento en el número de afiliados.
Es decir, entre diciembre 2017 a agosto 2020 se desafiliaron 220,327 personas producto de la profundización de la recesión económica que implicó el cierre del 54 por ciento de las empresas (según encuesta del COSEP), en todos los sectores económicos, principalmente en la construcción, comercio, turismo, servicio, etcétera. Todo lo anterior ha tenido repercusiones negativas en las finanzas del INSS.
