Trabajadores de la sede central del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) se presentaron este viernes, 16 de octubre, ante el Ministerio del Trabajo (Mitrab) para denunciar el incumplimiento del pago de tres meses de salario y las precarias condiciones laborales, por lo que piden se multe al tesorero del partido Martín Aguado Argüello por ser el supuesto responsable de no garantizarle su remuneración por su labor.
Los opositores Nelson Lorío, padre del niño Teyler Lorío, menor de año y medio asesinado en la represión de 2018 presuntamente por agentes policiales, y el exatrincherado Balbino Colleman fueron encerrados en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como el nuevo Chipote en Managua. El régimen los señala de robar un vehículo, aunque los familiares de los detenidos dicen que los dos acusados ni siquiera saben conducir.
Quince trabajadores del PLC demandan el pago de sus salarios correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre, por el orden de unos 127 mil córdobas mensuales más la multa del diez por ciento por retraso de pago. A la vez, denuncian las precarias condiciones en las que laboran, luego que se suspendieran los servicios básicos por no pagar las facturas de agua y energía eléctrica.
En la denuncia, aducen que existen dos firmas libradoras de cheques, que corresponden a María Haydeé Osuna Ruiz, presidenta y representante legal del PLC, y a Óscar Martín Aguado Argüello, tesorero del partido. Los trabajadores desligaron de responsabilidad a Osuna quien, según la demanda, firmó el cheque para que se efectúe el pago de los salarios; mientras tanto, señalaron que Martín Aguado se niega a hacer efectivo el desembolso.
«Estamos aquí respaldando a los trabajadores que están poniendo su denuncia sobre que no se les ha pagado tres meses ya y sobre las condiciones higiénico-sanitarias porque no permitieron que se pagara agua y luz y están en unas condiciones bien malas. Hoy lo que están haciendo es tomando la denuncia de los trabajadores en los dos sectores: El tema laboral e higiene-ocupacional», señaló el diputado Jimmy Blandón, de la fracción de Osuna.
El problema es a raíz del conflicto interno en el partido, intensificado con la pugna por el control del PLC, resuelto a favor de la diputada Osuna, exficha de Arnoldo Alemán, quien fue ratificada como presidenta y representante legal por el Consejo Supremo Electoral; dejando fuera de esa posición al también parlamentario Miguel Rosales, quien le disputó el cargo, acuerpado por los más fieles del exmandatario rojo.
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Desde entonces, según declaraciones de los partidarios, Osuna quedó con la potestad de firmar los cheques y realizar los pagos; sin embargo, el tesorero cercano a Alemán, ha sido el impedimento para hacer efectivo el desembolso. «Eso es lo malo que han hecho ellos, los derechos de los trabajadores no tiene que ver con ninguna posición partidaria. Es constitucional y un tema de derechos humanos. María Haydee fue electa por la Convención y certificada por el Consejo Supremo Electoral», añadió el diputado.
«Pierden credibilidad los que no quieren pagar porque si no son capaces de cuidar su casa, son incapaces de ofertar una propuesta para la nación. Hay todo un grupo de una parte del PLC que toman decisiones al respecto, ustedes ya saben quiénes son. Quien no ha firmado los cheques es Martín Aguado. Es intencional», añadió Blandón.
Ante la negativa, Aguado Argüello deberá pagar una multa estipulada por el Ministerio, indicó el diputado. «La multa va y no pueden detenerla, porque es una sanción que incurrieron por no haber hecho el pago a tiempo aún cuando tenía fondos», manifestó.
El Mitrab emplazó a Osuna, quien se presentó a la cita, para que presentara documentos de expediente socio laboral, nóminas de los meses de agosto, septiembre y primera quincena de octubre, con su debido soporte de pago; reporte de salarios ante el INSS de los meses de agosto y septiembre y toda la documentación referida al caso de los denunciantes. Por su parte, Martín Aguado Argüello, envió a su abogado Ricardo Cuadra, quien según información extraoficial, aceptó pagar los salarios, no así los servicios básicos de la sede central.
