La organización Human Rights Watch (Observatorio de Derechos Humanos) instó a los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) a pronunciarse «urgentemente» contra los anteproyectos de ley del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
«La OEA debe rechazar categóricamente los recientes proyectos de ley que buscan aumentar la censura y la represión a los periodistas independientes y organizaciones de derechos humanos», indica el organismo en un comunicado publicado este jueves, ocho de octubre.
HRW declara que las iniciativas son «la más reciente arremetida autoritaria» de Ortega, en referencia al anteproyecto de Ley de Agentes Extranjeros, Ley de Ciberdelitos y reforma constitucional para instaurar la prisión perpetua, que la dictadura impulsó desde el mes de septiembre.
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Denuncia que el anteproyecto de ley presentado el 22 de septiembre, al que el régimen ha «rotulado agentes extranjeros», permitiría que el gobierno de Ortega controle las actividades de prácticamente cualquier persona que reciba fondos o apoyo del exterior, incluidas organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación independientes.

A su vez, señala que el 28 de septiembre, un grupo de legisladores oficialistas presentó otro proyecto de ley sobre «ciberdelitos» para penalizar la difusión de «noticias falsas» y otras expresiones en internet, que podría usarse para silenciar y castigar la libre expresión.
«Estos proyectos de ley pretenden darle una fachada de legalidad al gobierno de Ortega para seguir hostigando y persiguiendo a periodistas, organizaciones de derechos humanos y a cualquier otra persona que critique al gobierno», manifestó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
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«Estos proyectos de ley incluyen numerosas disposiciones de contenido excesivamente amplias que son incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos y podrían ser usadas fácilmente para perseguir a críticos y medios de comunicación», explicó Vivanco.
También mostró su preocupación ante la iniciativa de Rosario Murillo de condenar a prisión perpetua a quienes cometan supuestos «crímenes de odio». «El derecho nicaragüense no contempla los crímenes de odio, pero el gobierno a menudo ha acusado a críticos y opositores políticos de cometer estos delitos», denunció el director de la oenegé.
La organización reiteró que «los estados de la OEA no deben guardar silencio, mientras Ortega intensifica su ataque contra las voces críticas de su gobierno».