Con 70 votos a favor y 17 en contra, la aplanadora de diputados orteguistas aprobó este 15 de octubre la Ley de Regulación Agentes Extranjeros, llamada por la oposición «Ley Putin», con la que el gobierno de Daniel Ortega pretende mantener bajo lupa y amenaza a los Organismos No Gubernamentales y a los grupos opositores que reciban cooperación económica desde el extranjero.
El régimen ha insistido que el único objeto de la nueva ley es la protección de la soberanía nacional argumentando que entidades de la sociedad civil reciben financiamiento desde el exterior para utilizarlo en actividades «desestabilizadoras e injerencistas» contra el Gobierno.
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La Organización de Estados Americanos (OEA) expresó su condena a las persistentes violaciones de derechos humanos en Nicaragua e hizo un llamado al gobierno de Daniel Ortega a corregir las repetidas vulneraciones al Estado de Derecho y la alteración al orden constitucional. La organización informó que ha sostenido reuniones con integrantes de la sociedad civil nicaragüense y continúa recibiendo denuncias que los obligan a alertar a líderes regionales y a la comunidad internacional en general.
El gobierno de Nicaragua removió de sus funciones al norteamericano y recién sancionado Paul Oquist, quien hasta este día fungía como miembro de la junta directiva de la Empresa Nicaragüense de Petróleo (Petronic) y de la Empresa Nicaragüense de Minas.
La notificación se hizo oficial a través de la publicación de un acuerdo presidencial publicado en La Gaceta. La remoción se realizó a menos de una semana de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, incluyera al secretario presidencial, Oquist Kelley, en la «lista de sancionados». En sustitución, Daniel Ortega nombró a Marco Aurelio Rivas Kauffman, quien ocupara el espacio de Oquist en Petronic y Eniminas.
En su monologo de este jueves, 15 de octubre, la vicepresidenta y vocera del gobierno de Nicaragua, Rosario Murillo, se lanzó contra los viejos cuadros del Frente Sandinista de Liberación Nacional y ahora disidentes del orteguismo, a los que tildó de «traidores» y los mandó a verse a un espejo para recordar de dónde vienen en el ámbito político.
Este nueva «indirecta» va dirigida a los miembros del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), a quienes siempre ha criticado por darle la espalda a su régimen. Asimismo, Murillo desempolvó su diccionario de descalificativos a la oposición y los tildó de “puchos, poquitos, irredentos y vendepatrias”.
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La jueza Fátima Rosales, del Juzgado Décimo Tercero Penal de Juicios de Managua, declaró culpables por los delitos de transporte de estupefacientes y tenencia ilegal de armas a los presos políticos Wilfredo Brenes y Karla Escobar, originarios de la ciudad de Masaya.
El fiscal Rafael Castilla solicitó la pena máxima de 15 años de prisión.. El abogado Julio Montenegro, defensor de Wilfredo Brenes, dijo a Artículo 66 que a pesar que el Ministerio Público no pudo sustentar los delitos imputados a los acusados, la judicial desestimó las pruebas de descargo que mostraban su inocencia.
Previo a la Asamblea general de la Organización de Estados Americanos OEA, el bloque de organizaciones de familiares de presos políticos de Nicaragua pidió al organismo que no de más tregua al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, acusados de delitos de lesa humanidad en contra del pueblo nicaragüense. También exigió que se libere antes del 15 de noviembre a los 113 ciudadanos encarcelados por oponerse al régimen.
