Luego que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a la fiscal general de la República, Ana Julia Guido, al asesor presidencial Paul Oquist y a la cooperativa de ahorro bajo el mando de la dictadura Caja Rural Nacional (Caruna), señalados de operar en favor de la dictadura de Daniel Ortega en la represión estatal en contra de los nicaragüenses, opositores al régimen reaccionaron aplaudiendo las acciones del Gobierno de Donald Trump que sigue «poniendo el dedo» en contra de la administración de Nicaragua.
Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), expresó que estas nuevas sanciones, con las que se suman 25 personeros del régimen, afectan fuertemente «la capacidad represiva judicial de la dictadura, la capacidad diplomática que ha sido un fracaso y la capacidad económica para poder reprimir».
Chamorro señaló que por segundo día la comunidad internacional ha reaccionado «de manera enérgica y fuerte en contra de una dictadura que cercena los derechos y libertades públicas…». Además, destacó que «llama la atención que (Ana Julia) Guido es la primera funcionaria pública del sistema de justicia de Nicaragua que es sancionada».
«Ortega está acabado»
Por su parte, Támara Dávila, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), hizo énfasis en que Estados Unidos sancionó a un pilar fundamental de la represión gubernamental en Nicaragua, ya que Guido «es la fiscal general de lo que ha sido el pelotón dé fusilamiento judicial desde abril de 2018 y también es clave para todas las acciones de criminalización que ha realizado Ortega y Murillo a cualquier persona que ha protestado a lo largo de estos dos años y medio».
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«También fue sancionado Paul Oquist, ciudadano estadounidense, pero que es secretario de la presidencia y por tanto es el vocero (del régimen) a nivel internacional, su labor ha sido de cabildear a nivel internacional con discursos que miente y criminalizan la protesta cívica», enfatizó la opositora, agregando que estas nuevas acciones «son un aviso más a (Daniel) Ortega y (Rosario) Murillo que cada vez están más acabados, más solos y que quienes quieran apoyarlos también serán sancionados».

También refirió que el gobierno de Trump castigó a una institución financiera a manos de la dictadura y que esto es «un duro golpe al lavado de dinero que tiene este narco estado. Es por eso que nosotros hacemos un llamado a todas las personas que Caruna les debe para que vayan a cobrarles, porque lo que quiere hacer (la dictadura) es seguir y robando…».
Un golpe fuerte a la billetera de la dictadura
Félix Maradiaga refirió que estas sanciones son una victoria más para el pueblo de Nicaragua que sigue en su búsqueda de justicia. Igualmente, destacó que las sanciones son un «golpe fortísimo» a la billetera de la dictadura de Daniel Ortega quien le sigue robando al país.
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«En el año 2017, Caruna trasladó todo sus activos al Bancorp (Banco Corporativo) que administraba el dinero del régimen, pero como posteriormente fue sancionado, en abril de 2019, Caruna retomó esos activos, creyendo que con eso podían burlar las sanciones internacionales. Hoy esta financiera administra aproximadamente 2,400 millones de dólares en activos petroleros, así como propiedades y en créditos».
En cuanto a Ana Julia Guido y a Paul Oquist, Maradiaga dijo que las sanciones son justas, porque la primera (la fiscal orteguista) es señalada de fabricar casos en contra de opositores desde su posición, «por lo tanto, está implicada en violaciones de derechos humanos y en crímenes de lesa humanidad« y el segundo (Paul Oquist) es mano derecha de Daniel Ortega desde los años 70 y actualmente es cómplice de encubrimiento de crímenes de lesa humanidad al querer tergiversar la verdadera narrativa».
Dictadura cada vez más aislada
Para Suyen Barahona, miembro del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), estas sanciones aíslan cada vez más a la dictadura de Daniel Ortega, porque tanto Ana Julia Guido, Caruna y Paul Oquist son parte del entramado de corrupción y de la violación a los derechos humanos de los nicaragüenses. «El régimen de los Ortega y Murillo no ha podido prosperar en su discurso de tergiversar la realidad de Nicaragua. El repudio es generalizado y manifestamos nuestro agradecimineto a la comunidad internacional por estar en favor de los nicaragüenses».

La opositora mencionó que otra prueba de que que el régimen está hundido fue «la contundente resolución del Parlamento Europeo en rechazo a la Ley Mordaza y el rechazo y repudio a la Ley de Agentes Extranjeros, porque lo que se necesita en Nicaragua es la libertad de los presos políticos, el retorno de nuestros hermanos y elecciones libres y transparentes…».
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Con esta nueva acción de Washington contra la dictadura de Ortega y sus operadores, la Oficina de Control de Activos (OFAC) remarca que «todos los bienes e intereses en la propiedad de estas personas o entidades que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados y deben ser reportados a la OFAC.
Además, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50 por ciento o más de dichas personas también está bloqueada. Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todos los tratos por parte de personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas bloqueadas o designadas».