La Asociación de Periodistas de Nicaragua (APN) en conjunto con la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua (CPDH) no descartan recurrir por inconstitucionalidad una vez sean aprobadas las iniciativas de Ley de Ciberdelito y Ley de Regulación de Agentes Extranjeros que impulsa el régimen de Daniel Ortega, las que según las organizaciones son ambiguas, obsoletas, obscuras y por ende, inconstitucionales.
El Cenidh informó que la presidenta de ese organismo, Vilma Núñez, conversó con la primera secretaria de la Embajada de Taiwán en Managua, Eva Wei, quien desenmascaró a la vocera gubernamental Rosario Murillo, la que atribuye el financiamiento de esas dependencias de salud en edificios robadas a Taiwán. La diplomática le detalló a Núñez que no tienen nada que ver con las casas maternas inauguradas en las instalaciones de Confidencial y del Cenidh. Wei sostuvo que la afirmación de la vicedictadora de Nicaragua «los asustó mucho».
La advertencia la hicieron este cinco de octubre durante el «Foro-análisis de leyes que violentan libertades: Ley de Ciberdelitos y Ley de Regulación de Agentes Extranjeros», con el objetivo de visibilizar el alcance de ambas iniciativas gubernamentales.
«(Estas iniciativas) pretenden criminalizar y coartar la libertad de expresión de los usuarios de internet. La definición de ciberdelito es una concepción, amplia, ambigua, obscura que genera totalmente suspicacia en su aplicación. Queda sujeto a una interpretación subjetiva, lo cual es prohibido por la ley, cuya interpretación va a estar determinada por la Policía, Ministerio Público y Poder Judicial; que a raíz de la crisis, sabemos que las instituciones no trabajan bajo el derecho de objetividad. Se abre una puerta para cometer mayores injusticias», explicó la abogada María Oviedo, de la CPDH.
Al respecto, Pedro González, de la APN, resaltó la importancia de las plataformas digitales para prevalecer el derecho de libertad de prensa y libertad de expresión en el país. «La columna vertebral, espina dorsal de los medios independientes es el medio digital. Esos son los medios que están manteniendo la democracia en el país», manifestó.
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La abogada Oviedo añadió que la iniciativa de Ley de Ciberdelitos, conocida como «Ley del Bozal», «pretende acallar más allá de las voces en las calles, de los ciudadanos que quisieron protestar; pretende sancionar esa libertad de expresión en las redes sociales y medios digitales. Ataca la libertad de expresión, no solo de los periodistas de manera particular, sino de cualquier ciudadano que decida a través de un dispositivo, elevar su voz y protestar contra las políticas del gobierno».
Detalló que la iniciativa presenta «preceptos ambiguos» que podrían derivar en interpretaciones sesgadas y erróneas; por ejemplo, «al momento a quien le toque interpretar qué es incitar, qué es promover a la comisión de delito, desde ahí vemos que estos términos son peligrosos, al igual, ¿Qué es la información falsa? ¿Cuál va a ser el criterio si sabemos que la Ley de Acceso a la Información no es una realidad en Nicaragua? No se va a poder informar de ninguna manera, no se va a establecer ninguna presunción que una situación se está generando. Habrá limitantes a hacer pública las denuncias».
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Por otro lado, el anteproyecto de Ley de Agentes Extranjeros, llamada también «Ley Putin», viola derechos y garantías establecidos en la Constitución Política como el derecho de asociación y participación en la vida pública, sostuvo Carla Sequeira, de la CPDH. «Una persona que se le dé algún tipo de beneficio como una beca, o ayuda económica o canasta básica también pueden ser catalogada como agente extranjero y este es el alcance de la ley. Esta ley no solo violenta derechos constitucionales que trabajamos en organizaciones, sino toda la población en general», advirtió Oviedo.
Agregó que las organizaciones tiene el derecho de intervenir en cuestiones de políticas internas, en cuanto deben mostrar las violaciones a los derechos humanos, sin embargo, la ley podría calificar el hecho como un delito. «Todas las leyes que se han creado últimamente están sirviendo para amedrentar, acallar, a la sociedad civil. Estamos sumamente alarmados y preocupados porque el fin es criminalizar. Es una mordaza para la población en general. Detrimento a los derechos humanos. Son dañinas y de carácter dictatorial. (Leyes de) modelos antiguos y cerrados», precisó.
Las expertas señalaron que, una vez que el régimen apruebe estas leyes, «todos nosotros, todos los ciudadanos tiene derechos de recurrir por inconstitucionalidad, dado que violenta derechos y garantías constitucionales. Esta herramienta legal es la que utilizarán de forma inmediata, mientras analizan otras formas de contrarrestar cualquier tipo de acción inconstitucional».
