Un informe realizado por la Red de Mujeres Contra la Violencia (RMCV) basado en cuatro sentencias de femicidios perpetrados este 2020 confirmó el desconocimiento del Estado de Nicaragua sobre la violencia de género y los vacíos legales que generan impunidad. El estudio refleja la escalada de femicidios en el país con el objetivo de concientizar sobre la responsabilidad del gobierno para prevenir, atender y sancionar estos casos.
La organización analizó las sentencias de los femicidios de Letty Jasmara Martínez Pérez, de 15 años, procedente de una comunidad rural de Boaco; Josseline Catalina Pineda Romero, de 17 años, originaria de Chichigalpa, Chinandega; Ruth Elizabeth Aburto Acevedo, de 21 años, de Jinotepe, Carazo; y las jóvenes Guadalupe del Carmen García y Martha Auxiliadora López Centeno, ambas de 24 años, asesinadas por el mismo femicida, en la ciudad de Granada.
«El Ministerio Público no presenta evidencias de las violencias vividas por las mujeres antes de cometerse el femicidio, esto nos confirma que las valoraciones ante la judicial se realizan de forma aislada y no como realmente se viven las violencias por las mujeres, como un continuo hasta llegar a la máxima expresión de violencia como es el femicidio», señala el informe.
En el caso específico de los femicidios cometidos contra las dos adolescentes, el documento recalca que la declaración espontánea de los femicidas (declararse culpables) «abre posibilidades para la impunidad de otros delitos recurrentes que antecedieron a los femicidios porque al hacer esta declaración de culpabilidad, el proceso se acorta y elimina la etapa de presentación de pruebas, donde se podría comprobar si estos han cometido otros actos de violencia hacia estas víctimas, otras adolescentes o mujeres adultas».
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Agrega que en tres de cuatro sentencias, se observó que en las resoluciones los jueces y juezas no hacen referencias a restituir, reparar daños o indemnizar los perjuicios, con su descripción concreta y detallada y su monto exacto.
Finaliza aclarando que «aunque el país ha avanzado en el reconocimiento de la desigualdad y la existencia de la violencia contras las mujeres, el Estado incumple los convenios y tratados internacionales, manteniendo a través de sus instituciones leyes, procedimientos y presupuestos; todo un sistema patriarcal, machista y sexista».
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Los femicidios registrados
Josseline Pineda Romero, de 17 años, fue privada de la vida por el taxista José Martín Ocampo, cuando se disponía a ir a clases, el 25 de enero, en Chichigalpa. El femicida debía trasladarla hacia la terminal de buses, sin embargo, la llevó por otro camino; al sentirse en peligro, Josseline intentó abrir la puerta del taxi, forcejeó con el asesino y fue obligada a ir a un lugar deshabitado, donde Martín Ocampo la asesinó con saña y huyó con su celular. Fue declarado culpable a 30 años de cárcel, la pena máxima en Nicaragua establecida en la Constitución Política, por los delitos de robo con violencia agravado en concurso real con el de asesinato agravado.
La RMCV denuncia que «el judicial a cargo del Juzgado de Distrito Penal de Audiencia de Chinandega, quien no está autorizado por la ley original Ley 779, para juzgar el femicidio; el funcionario juzgó con el Código Penal y coloca en primer lugar el objeto (lo material, el celular) y en segundo lugar la vida de la víctima (JPR)».
Letty Martínez Pérez, de 15 años, fue asesinada por Pedro Rafael Méndez Oporta de 46 años, el siete de marzo en Boaco. El femicida esperó a la niña escondido con un trozo de madera y machete en mano. Según el Ministerio Público, Méndez Oporta le arrebató la vida «para que no lo denunciaran por la relación sexual que sostuvo con la víctima», luego que la madre de la menor le reclamara por el hecho. A Méndez lo condenaron a 25 años de prisión.
El informe de la Red de Mujeres resalta que, en este caso, «no se tipifican dos delitos que le antecedieron al femicidio; acoso sexual y el estupro; quedando esos delitos en la impunidad al no reconocerlos ni sancionarlos. Una relación entre un hombre de 46 años y una adolescente de 15 años jamás puede considerarse relación consensuada».
Guadalupe del Carmen García y Martha Auxiliadora López Centeno, ambas de 24 años, asesinadas por el estadounidense Larry Robert McCartney, de 68 años, el dos de marzo en la ciudad de Granada. McCartney asesinó a su pareja Guadalupe y a la amiga de la misma, Martha Auxiliadora, tras una discusión, mientras viajaban en un vehículo particular. El autor del crimen las bajó del carro, les disparó y dejó sus cuerpos en la vía pública.
Al respecto, el informe califica la sentencia como «insólita», ya que el «Ministerio Público solicitó la expulsión del femicida a la Juez de Distrito Especializado en Violencia de Granada, quien de manera expedita ordenó que se giraran oficios (…), para que realizaran trámites que tenían que ver con la expulsión del femicida Larry McCartney. Al menos debe existir una pena dictada y esta debe ser menor de cinco años. El femicida en ese momento aún no había sido condenado. Dejan interrogantes ante la evidencia de abuso de poder, desconocimiento de la ley y sobre todo los hilos del “Poder Oculto” que se manejaron fuera del marco de la Ley».
Ruth Elizabeth Aburto Acevedo, 21 años, de Jinotepe, Carazo, asesinada el 19 de enero por su pareja Jeyson Joesman Castro Ortez, condenado a 30 años de prisión por el delito de femicidio y un año de cárcel por el delito de portación ilegal de armas de fuego. El femicida privó de la vida a la joven, luego que ella le reclamara el hurto de su dinero que Castro usó para comprar licor. Posterior al crimen, huyó y encontró apoyo en un par de amigos, quienes también enfrentaron la justicia.
«En las cuatro sentencias, a los femicidas no se les investigaron sus antecedentes, tampoco sus conductas violentas. Probar que el femicida no tiene antecedentes, le corresponde a la Fiscalía auxiliada por las Comisarías de la Mujer y la Niñez, Oficinas de Auxilio Judicial y otros órganos del Estado que se les demande; sin embargo, estas no lo hacen, aún teniendo la responsabilidad de probar los hechos que están acusando». Hasta el mes de agosto de 2020, de acuerdo con el reporte la organización de mujeres, del 100% de los femicidios cometidos contra adolescentes, solamente el 40% (2) habían sido llevados a juicio y con sentencias dictadas.
