Janneth Hernández llegó a Managua, a las oficinas de Católicas por el Derecho a Decidir, para demandar justicia por la muerte de su hija. Recurrió a esta organización, porque la justicia de Nicaragua dice que le ha dado la espalda. Hernández es madre de la niña de iniciales D.T.M.H., quien a los 14 años, según el relato de su progenitora, fue raptada el 23 de enero de 2019 por su padrastro. No se supo sobre el paradero de la menor durante año y medio, pese a que se interpuso la denuncia desde que se reportó la desaparición.
El cuerpo de A D.T.M.H. lo encontraron flotando en el río Kukra Hill el 12 de agosto de 2020. La madre de la víctima sostiene que las autoridades están protegiendo al supuesto agresor. El que fuera la pareja de Hernández, José Luis Suárez Rocha, y a quien ella le imputa el femicidio está en libertad. «Ellos (los policías) dijeron que fue accidental, ellos lo dejaron libre y yo le hago un llamado a esas mujeres que no se queden calladas, que denuncien cualquier daño, porque no es un animalito a quien ellos hallaron, es una niña que tenía su vida por delante», dijo entre lágrimas Janneth, resaltando que en Bluefields «(las autoridades) no me hacen caso, porque no archivaron la denuncia. No quiero que la muerte de mi niña quede impune».
Dos de las madres de las víctimas que demandaron justicia por la muerte de sus hijas. Foto: N. Pérez/Artículo 66
Hernández ahora también teme que el agresor le haga daño a ella o su familia. Sobre este caso, Martha Flores, coordinadora de Católicas Por el Derecho de Decidir, se mostró preocupada por los dictámenes que está emitiendo el Instituto de Medicina Legal (IML). En el escrito emitido sobre la muerte de D.T.M.H. quedó plasmado que el estado civil de la menor es «unión libre, cómo podríamos ponerle a este dictamen unión libre teniendo 15 años. Aquí violan los derechos de las niñas; cómo en una sociedad las niñas puedan tener una unión libre con la persona que la raptó. Ella (la madre) fue a Bluefields a reconocer al hombre y luego en la siguiente llegada le dijeron que el hombre estaba libre. Estos son los atropellos grandísimos que se están dando».
«Los delincuentes andan sueltos»
Por su parte, Yadhira Velásquez, progenitora de Jessenia Téllez Rivera, también denunció que el victimario de su hija sigue en libertad, porque supuestamente la Policía le aseguró que anda huyendo. Sin embargo, la afectada afirma que «eso es falso, que la misma Policía lo dejó en libertad», alegando que estaba «loco».
Este hecho donde murió Jessenia se registró el 22 de enero de 2020. Su agresor la atacó a pedradas, dándole en dos ocasiones con un tenamaste en su cabeza, al momento en que ella iba hacia la parada de autobús para retornar a Nagarote, desde donde viajaba para vender quesillos en Managua. Un día después del suceso, la joven de 33 años murió.
Velásquez reprocha que «el gobierno, la autoridad haya puesto en libertad al agresor. ¿Por qué lo sacan? Ahora anda impune. Mañana mata a otra y entonces cuántas mujeres van a morir así, porque los delincuentes andan sueltos (…) Le digo al gobierno que haga algo por las mujeres, que no se ensañen así en las mujeres».
Maricé Mejía, enlace nacional de la Red de Mujeres Contra la Violencia, menciona que la impunidad que reina en estos casos «es una muestra de la desatención y desprotección del Estado (…) Demandaremos la aplicación real de la Ley 779, donde se prohibía la mediación en los delitos que contempla la ley, pero con las reformas fue incorporada. En casos de violencia de género no puede haber mediación, porque ha habido violencia, ha habido abuso de poder del victimario hacia la víctima que denuncia cuando ya no aguanta más. La mayoría de las mujeres que han denunciado y fueron obligadas a mediar, después fueron asesinadas por sus agresores»
La organización Católicas por el Derecho A Decidir registra 50 femicidios en lo que va de 2020, que ha dejado a 62 menores en la orfandad y además, reportan 68 femicidios en grado de frustración. Las feministas critican también que el régimen esté otorgando la libertad a presos comunes, entre ellas abusadores y femicidas, ya que para ellas eso representa mayor inseguridad general en Nicaragua y, en especial, a las mujeres. Para las representantes de esas entidades, esos exreos que no cumplieron con su condena estarán con carta abierta para «matar, serán otros más que quedarán armados».
