Diputados de la bancada sandinista en la Asamblea Nacional propusieron este martes, 22 de septiembre, la aprobación de una nueva ley llamada «Ley de Regulación de Agentes Extranjeros» que pretende someter a control a Organismos No Gubernamentales (ONGs), medios de comunicación, periodistas, empresas privadas y hasta a la Iglesia católica y se constituye en un instrumento jurídico más de represión, según opinó la abogada Martha Patricia Molina, investigadora del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción.
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«Esa ley es total y absolutamente lapidaria, es una ley inconstitucional que vulnera los artículos 5, 6, 44, 48, 50, 51, 52, 55, entre otros. Además vulnera todos los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos porque pretende mantener bajo control absoluto hasta el derecho de manifestarse políticamente a los nicaragüenses. Es absolutamente discrecional porque será aplicada a todo el que el Ministerio de Gobernación (MINGOB), considere que es agente extranjero, Las personas naturales que reciban fondos del extranjero están obligadas a inscribir en el Registro de Agentes Extranjeros, si no lo hacen les confiscarán sus bienes, obliga a registrase a las personas que dentro de Nicaragua actúen como consejeros, relacionistas públicos, agentes de publicidad, empleados de servicios de información (periodistas y corresponsales) o consultores políticos de instituciones u organismos o empresas privadas internacionales, es una ley muy peligrosa», advirtió la abogada.
Una vez aprobada y publicada la Ley de Regulación a Agentes Extranjeros, todos los que reciban pagos, donaciones, contribuciones en dinero u otros bienes, sean personas naturales o jurídicas, deberán inscribirse en el departamento de Agentes Extranjeros del MINGOB a más tardar en 60 días no podrían hacer movimiento de fondos en sus cuentas hasta cumplir con todos los requisitos establecidos.
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El grupo de organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos que conforman la Coalición Nacional presenta este 22 de septiembre oficialmente su propuesta de reformas electorales con la que busca que la dictadura acepte permitir un proceso electoral democrático y creíble, en caso que se den las elecciones generales de 2021 en Nicaragua.
Violeta Granera, miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) y de la Coalición Nacional, encargada de presentar la propuesta de reformas, dijo a Artículo 66 que cada punto de esa propuesta fue ampliamente consultado con las organizaciones sociales y partidos políticos y además con el llamado grupo promotor de las reformas electorales, por lo que consideran que ha sido un proceso democrático para exigir al régimen que de haber elecciones el próximo año sean libres, transparentes y democráticas.
Tamara Dávila, también dirigente de la UNAB y de la Coalición Nacional, insistió que la propuesta de reformas electorales es un requisito indispensable para ir a elecciones el próximo año. «Ya no es una propuesta solo de la Coalición, también han participado otros sectores sociales, otros actores como el grupo de promotor de reformas electorales. Lamentablemente, el partido político Ciudadanos por la Libertad (CxL) se negó a firmar esta propuesta, ya dijeron oficialmente que no van a firmar y es porque se oponen a la alianza entre sectores de la sociedad civil y partidos políticos. Sin embargo, nosotros seguimos insistiendo en que pueden participar, las puertas de la Coalición están abiertas para CxL y para todos los actores políticos y sociales del país para ir unidos en un proceso que derrotará a la dictadura», apuntó Dávila.
Noticia relacionada: Régimen de Ortega alardea que 650,000 ciudadanos han firmado respaldando su solicitud de cadena perpetua
La vicemandataria del régimen de Nicaragua, Rosario Murillo, aseguró en su intervención de este 22 de septiembre en los medios oficialistas que la dictadura ha levantado miles de firmas para legitimar la pena de cadena perpetua contra quienes cometan «crímenes de odio».
En un acto desesperado, la administración Ortega-Murillo mandó a sus organizaciones políticas a animar a sus adeptos y trabajadores del Estado a unirse al clamor de la pareja presidencial de instaurar una pena que, según expertos en derecho, es «inhumana y despropósito».
«Para que se establezca la pena máxima posible para aquellas personas perturbadas, perturbadas mentales o con odio en el corazón que cometen asesinatos atroces, violaciones, crímenes de odio, tratos crueles, aberrantes, humillantes, inhumanos, denigrantes y degradantes», reiteró Murillo en su monólogo, asegurando que al momento contabilizan unas 650 mil firmas.
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Un grupo de exreos políticos de Managua, miembros del Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (GREX), denunció ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) la ola de asedios, por parte de la Policía y paramilitares de la dictadura de Daniel Ortega.
Los excarcelados del régimen refirieron que el método del que son víctimas va acompañado de detenciones arbitrarias, amenazas de muerte, persecución y hasta implicación de delitos comunes. «El asedio desde que salimos de la cárcel no ha parado. Hemos recibido amenazas de muerte a tal punto que los paramilitares nos han amenazado que si no nos vamos de nuestras casas llegaran a quemarla», señalaron.
El abogado Pablo Cuevas, defensor de derechos humanos, condenó estos hechos, los que dijo son una «acción coordinadas con civiles y policías para no dejar tranquilos a todos los presos políticos».
Noticia relacionada: Minsa reconoce más de 5,000 casos de COVID-19, menos de la mitad de los que registra el Observatorio Ciudadano
El recuento semanal presentado por el Ministerio de Salud (Minsa) este 22 de septiembre reflejó que en la más reciente semana, según los datos oficiales, en el país solo se registraron dos fallecidos por COVID-19. La entidad sumó en siete días 112 casos confirmados, 31 menos si se compara con los números que reportaron del ocho al 15 de este mes.
El acumulado de pacientes confirmados hasta el quince de septiembre era 4,961 personas, a lo que se le suman los casos reportados en los últimos siete días, dejando así un total de 5,073 personas en el país que han contraído el virus. En cuanto a los muertos, hasta mediados de mes asumía 147, más los dos con cierre al 22 hacen un total de 149 decesos por coronavirus, desde que se hizo oficial el primer caso en la nación el 18 de marzo de 2020.
La institución destacó que desde el inicio de la pandemia a la fecha, el Minsa ha atendido y dado seguimiento a 4,065 personas y el número de pacientes recuperados se elevó a 3,804. El régimen sigue promoviendo las aglomeraciones e insiste en su discurso que la pandemia viene en picada.
Noticia relacionada: Mayoría de vuelos de Managua hacia EE.UU. despegarán hasta octubre
La Embajada de Estados Unidos en Managua informó a sus ciudadanos a través de sus redes sociales la actualización sobre la posible reanudación de vuelos al país norteamericano por parte de las diferentes aerolíneas que operan en Nicaragua. Desde marzo de 2020, se cancelaron los viajes debido al aumento de la pandemia del coronavirus en la nación y por el cierre de fronteras del resto de países, lo que dejó cercado al régimen de Nicaragua y lo obligó a plegarse a las disposiciones internacionales para contener el contagio.
La entidad deja claro que hasta el momento es una «intención» de nuevamente volver a brindar el servicio de vuelos comerciales entre EE.UU. y Nicaragua. La embajada notificó que actualmente solo Avianca está operando, empresa que retomó los viajes el 19 de septiembre de 2020.
Asimismo, dieron a conocer las fechas tentativas que tienen las demás aerolíneas. «Spirit Airlines planea reanudar el servicio el 01 de octubre de 2020. American Airlines planea reanudar el servicio el 20 de octubre de 2020. United Airlines planea reanudar el servicio el 16 de octubre de 2020. Aeroméxico planea reanudar el servicio el 31 de octubre de 2020. Copa Airlines planea reanudar el servicio en octubre de 2020, con una fecha por determinar. Delta Airlines aún no ha anunciado fecha para la reanudación de su servicio entre Nicaragua y Estados Unidos», señala el comunicado.
