Un grupo de exreos políticos de Managua, miembros del Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (GREX), denunció ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) la ola de asedios, por parte de la Policía y paramilitares de la dictadura de Daniel Ortega.
Los excarcelados del régimen refirieron que el método del que son víctimas va acompañado de detenciones arbitrarias, amenazas de muerte, persecución y hasta implicación de delitos comunes. «El asedio desde que salimos de la cárcel no ha parado. Hemos recibido amenazas de muerte a tal punto que los paramilitares nos han amenazado que si no nos vamos de nuestras casas llegaran a quemarla», señalaron.
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Leonardo Matus, exreo político y miembro GREX, relató que día y noche es asediado por la Policía orteguista. «No puedo salir tranquilo a mis labores porque soy perseguido todo el tiempo y amenazado con volver a ser secuestrado».
Denuncian detenciones arbitrarias
Por su parte, Walter Juárez denunció haber sido secuestrado la mañana del lunes, 21 de septiembre, por la Policía orteguista, quien justificó la detención afirmando que este estaba siendo investigado por un robo agravado, mismo delito por el que estuvo secuestrado por varios meses en el Sistema Penitenciario Jorge Navarro de Tipitapa.
«A las 10 de la mañana, la Policía llegó a sacarme de mi centro de trabajo en el barrio Costa Rica, me llevaron al Distrito Cuatro de la Policía de Managua y luego me trasladaron a la Dirección de Auxilio Judicial , pero ya estando allí me dijeron que lo único que querían era que dejara de participar en las protestas, porque si no me iban a volver a detener y que esta vez iba a ser para rato». Además, recalcó que antes de ser liberado la tarde del mismo día, fue golpeado.
«Después estar casi un año injustamente en La Modelo, sigo siendo víctima de este gobierno, temo por mi vida, porque lo que quiere la dictadura es volver a secuestrarme, simplemente por levantar mi voz y exigir justicia», refirió Juárez.
El abogado Pablo Cuevas, defensor de derechos humanos, condenó estos hechos, los que dijo son una «acción coordinada con civiles y policías para no dejar tranquilos a todos los presos políticos».
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Cuevas también dijo que el actuar por parte de la justicia orteguista en contra de todos los secuestrado ha venido cambiando ha venido cambiando, al igual de los delitos que les imputan a los opositores para que no sigan demando justicia.
«Primero acusaban a los opositores por terrorismo y entorpecimiento a los servicios públicos, pero ahora los culpan por delitos de drogas con el fin de engañar a la ciudadanía. Lo único que queda es desenmascarar al Estado y denunciar que los juicios que se hacen en contra de presos políticos son amañados para que no hagan huso de sus derechos.
Asedio policial en CPDH
Al realizarse la conferencia de prensa, al menos diez oficiales del régimen mantuvieron asediado el edificio y se dedicaron a tomar fotografías a las personas que ingresaban.
«Este asedio es constante en contra de nosotros, la Policía quiere bloquearnos todos los espacios para que no denunciemos los abusos de este gobierno», denunció el exreo político Roberto García, quien expresó que hace responsable al gobierno de Ortega si algo llega a pasar a todos los exsecuestrados del régimen.
Desde las primeras semanas de septiembre de 2020, la justicia de Ortega ha emprendido una persecución en contra de los presos políticos, a los que señalan de delitos comunes, para que su salida pueda ser más tardía. Uno de los últimos secuestros por arte de la dictadura, fue el Danny García, originario de Masaya, a quien ahora señalan del delito de posesión de drogas, armas y explosivos.
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