Los familiares de los presos políticos Cristian Meneses y Hader González, quienes denunciaron que el miércoles 15 de septiembre fueron agredidos a su ingreso al Sistema Penitenciario Jorge Navarro en Tipitapa los dos ciudadanos, señalaron que han solicitado a las autoridades del penal verlos para constatar la condición en la que se encuentran, pero les niegan el acceso y se burlan de ellos mostrándoles únicamente fotografías.
Claudia Meneses, hermana de Cristian Meneses, reveló a Articulo 66 que el martes, 22 de septiembre, cuando fue a dejar paquetería y solicitó hacer uso de la visita especial que tiene cada privado de libertad los responsables de «La Modelo» les respondieron con un no a su petición. «El funcionario que me atendió, me mostró una foto de mi hermano donde está siendo atendido por unos médicos y me dijo que me iba a dejar en ridículo por las denuncias que he hecho, porque ellos nos son torturadores».
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La hermana de Meneses refirió que nadie le puede asegurar que esa foto sea reciente, porque ya son reiteradas ocasiones que le han dicho que su hermano fue golpeado, tanto el 16 como el 20 de septiembre. «He recibido información que también Hader González, que fue capturado junto con mi hermano, fue seriamente golpeado y llevado al Hospital Fernando Vélez Paiz. No dudo que mi hermano también haya recibido atención médica debido a las agresiones».
Meneses agregó que ella le aseguró al alcaide que en caso de comprobar que «es mentira todo lo que se ha dicho de la agresión (a su hermano), yo misma hablo en los medios de comunicación y me disculpo por haber denunciado, pero ante este silencio por parte del penal puedo esperar lo peor, porque si la gente habla es porque hay algo de verdad».
En cuanto a la nueve lay de cadena perpetua que quiere introducir la dictadura de Daniel Ortega, Claudia Meneses expresó que eso no favorecerá a las mujeres víctimas de agresión, sino que el fin es perjudicar a todos los opositores y presos políticos. «Temo que una vez aprobada esa ley, hasta a mi hermano lo quieran condenar a cadena perpetua por delitos que nuca ha cometido».
Fotografías no es una garantías que estén bien
Por su parte, la abogada Yonarqui Martínez, defensora de Hader González, dijo a Artículo 66 que fue notificada que su defendido fue golpeado a su ingreso después de su trasladado a «La Modelo». «Mi preocupación ante esta situación es que en el caso de Hader ya hay antecedentes de agresión física y que además ya había sido asistido por personal médico del Hospital Fernando Vélez Paiz, porque tenía fracturada una de sus costillas tras la agresión recibida tras su detención por parte del Ejército».
Martínez también refirió que otra de las trabas es no poder tener un contacto físico con su defendido, porque en las galerías de máxima seguridad no permiten que haya comunicación directa con los familiares. «Lo único que muestra el Sistema Penitenciario son fotografías, las cuales no son evidencias que se encuentren bien».
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La abogada defensora explicó que el lunes, 21 de septiembre, tanto ella como los padres de Hader se hicieron presentes al Sistema Penitenciario para solicitar una visita de contacto y no por medio de fotografías, «porque lo que queremos es corroborar que si es cierto que mi defendido está bien, aunque sabemos que su condición no es la mejor, debido a los múltiples traumas físicos que presenta desde su captura y que ahora con esta golpiza, su estado se complica».
En una reciente entrevista con el abogado Julio Montenegro, representante de Cristian Meneses, señaló que debido a la falta de acceso que tienen los defensores de derechos humanos en el pena no han podido constatar la agresión a los dos presos de la dictadura, «por lo que se solicitará un oficio para que mi defendido (Cristian Meneses) sea remitido al Instituto de Medicina Legal y sea evaluado y atendido como corresponde».
Acusados de se seis delitos
En la audiencia inicial, celebrada el nueve de septiembre en contra de los dos ciudadanos de Masaya, los cuales fueron capturados por el Ejército de Nicaragua el 15 de agosto en una zona de la frontera entre Nicaragua y Costa Rica, la juez orteguista Karen Charraría, del Juzgado Noveno Distrito Penal de Audiencias de Managua, admitió las pruebas presentadas por la Fiscalía y programó juicio oral y público para el cinco de noviembre a las nueve de la mañana.

La justicia de la dictadura acusa a ambos ciudadanos de asesinato, robo agravado, tráfico de estupefacientes sicotrópicos y otras sustancias controladas, tráfico, uso y tenencia ilegal de armas restringidas en perjuicio del Estado de Nicaragua y de las víctimas Gregorio Francisco Quintero Balladares, de 36 años, y Jonder Antonio Zamora Quintero, de 18, asesinados el 21 de julio en el sector Santa Isabel de Masayón, comunidad de Puerto Príncipe, Nueva Guinea.