Al menos 23 activistas políticos opositores al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que ya habían estado presos en las cárceles de Nicaragua en represalia por participar en las protestas antigubernamentales iniciadas en abril de 2018, han sido recapturados y acusados por delitos comunes, principalmente por casos relacionados con drogas, según denunciaron varios organismos defensores de derechos humanos y de presos políticos.
Según información recabada por Monitoreo Azul y Blanco, en Nicaragua hay, hasta inicios de septiembre de este 2020, 96 personas presas en el marco de la crisis sociopolítica que vive el país en ese contexto. A esta cifra se le suman 10 personas consideradas presas políticas que fueron capturadas y procesadas antes de las protestas.
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Del total de presos políticos, 23 son «recapturados», es decir, opositores que ya estuvieron en las cárceles por haber participado en las protestas y fueron liberados producto de la Ley de Amnistía que decretó el régimen supuestamente para beneficiar a los opositores, pero que en realidad, según la opinión de organismos de derechos humanos, fue para dejar en la impunidad los crímenes cometidos por sus fuerzas policiales y paramilitares señaladas de ser responsables de al menos 300 víctimas mortales, mutilaciones, violaciones sexuales y torturas de todo tipo.
Policía les «implanta» drogas para incriminarlos
De acuerdo con el abogado Salvador Montenegro, del organismo Defensores del Pueblo, que se dedica a representar legalmente a los presos políticos, el delito por el que más están acusando a los recapturados es por droga, además de robo agravado y tenencia de armas restringidas o explosivos.
«En sí, los delitos relacionados con drogas, para cualquier ciudadano dan temores, porque es un delito grave, porque estigmatiza ante la sociedad y afecta no solo al acusado sino a su entorno familiar, e incluso los abogados tienden a tener temor de representar este tipo de casos y los que lo hacen cobran mucho dinero. Los testigos de descargo no quieren asistir a declarar también por temor a represalias y los testigos de cargo son siempre policías investigadores y peritos de drogas que se ven incriminando a los reos políticos sin que nadie les pueda refutar sus falsedades y esa es una de las tragedias que viven los recapturados y acusados injustamente por delitos graves», dijo el abogado.
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El jurista explicó que «de acuerdo con los casos de recapturados y de la mayoría de nuevos presos políticos que hemos atendido, las pruebas que hemos revisado y las denuncias de testigos y familiares, hemos visto que les implantan drogas. Testigos presenciales afirman que tales delitos (por los que acusan a los presos políticos recapturados) no se cometieron, pero cuesta encontrar testigos de descargos porque temen».
Según el abogado de Defensores del Pueblo, la Fiscalía siempre está recusando a los testigos de la defensa que son generalmente madres, hermanas, gente del círculo familiar, aduciendo que son parientes y eso «viola el Artículo 15 del Código Procesal Penal que dice que cualquier hecho de interés para el objeto del proceso puede ser probado por cualquier medio de prueba lícito. Los jueces solo toman en cuanta los elementos que incriminan o que agravan los hechos acusados y las penas. Todo el sistema de justicia trabaja en función de condenarlos y aplicarles la mayor pena posible injustamente».
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En tanto, el presidente del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, Gonzalo Carrión argumentó que le han estado dando seguimiento a los más de 20 casos de opositores que han sido recapturados por el régimen y acusados injustamente de delitos graves para meterlos a la cárcel con penas altas.
«Son más de 20 los recapturados de manera arbitraria, han seguido la misma tónica (los policías del régimen), las mismas características, los asedian, los persiguen, los hostigan, los allanan (sus casas) para finalmente apresarlos de manera arbitraria, sin órdenes judiciales, sin pruebas de ningún tipo y los acusan generalmente por delitos comunes relacionados con droga, por robo a gravado o tenencia de armas y con este tipo de delitos lo que buscan es aplicarles altas penas de cárcel», denunció el activista proderechos humanos.
No tienen temor del Señor Jesucristo. Olvidan que El Señor hará justicia.