El Tribunal de Conciencia instalado por la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano concluyó que el régimen de Daniel Ortega incurrió en un crimen de tortura a través del abuso y violación sexual contra manifestantes opositores.
El jurado conformado por la abogada española Almudena Bernabéu, las juristas costarricenses Sonia Picado y Aida Facio, y la psicóloga colombiana Clemencia Correa revisaron las cuatro pruebas periciales de 18 testimonios de mujeres y hombres violentados durante la crisis sociopolítica de 2018.
«Resuelve que la violencia sexual cometida por el Estado de Nicaragua constituye un crimen de tortura y que esas torturas se cometieron de manera sistemática por agentes del Estado contra la población civil nicaragüense, constituyendo por tanto un crimen de lesa humanidad», indica el documento.
Los especialistas determinaron que a las personas detenidas de manera arbitraria por la dictadura las trasladaron a dependencias policiales o fincas privadas en diferentes partes del país, donde fueron custodiadas y sujetas al control de las fuerzas policiales y parapoliciales.
Una vez ahí, a los ciudadanos los sometieron a similares torturas y vejaciones, y posteriormente fueron amenazados.
«La tortura sexual se manifestó por medio de violaciones carnales anales, violaciones carnales vaginales, violaciones anales y vaginales con objetos (cañones de fusiles, escopetas, pistolas, macanas antidisturbios)», denunció el Tribunal de Conciencia.
Agregó que también «se manifestó por medio de violaciones múltiples de tres y más perpetradores (un caso 15 sujetos violando a una prisionera), quema de genitales con ácido (posiblemente ácido de batería), en casos, donde las mujeres fueron obligadas a abortar producto de las violaciones o utilizando suero abortivo».
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El Tribunal exhortó a la comunidad internacional por medio de organismos de protección de los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) sancionar a los responsables de los hechos.
Solicitó, a su vez, desconocer la legitimidad del régimen orteguista, convocándolos a intensificar la presión para conducir a un cambio democrático; y al pueblo de Nicaragua, exigir la realización de elecciones libres y transparentes, entre otras recomendaciones.
El tribunal sesionó del 8 al 11 de septiembre y contó con la participación de la defensora internacional de derechos humanos Bianca Jagger y el abogado español Jared Gensier. El relator fue el director de la Fundación Justicia y Género, Rodrigo Jiménez; el peritaje estuvo a cargo de la exdirectora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Soraya Long, y los nicaragüenses Javier Meléndez y Roberto Samcam, exmayor en retiro del Ejército de Nicaragua.