El Tribunal de Conciencia instalado por la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano concluyó que el régimen de Daniel Ortega incurrió en un crimen de tortura a través del abuso y violación sexual contra manifestantes opositores.
El jurado conformado por la abogada española Almudena Bernabéu, las juristas costarricenses Sonia Picado y Aida Facio, y la psicóloga colombiana Clemencia Correa revisaron las cuatro pruebas periciales de 18 testimonios de mujeres y hombres violentados durante la crisis sociopolítica de 2018.
«Resuelve que la violencia sexual cometida por el Estado de Nicaragua constituye un crimen de tortura y que esas torturas se cometieron de manera sistemática por agentes del Estado contra la población civil nicaragüense, constituyendo por tanto un crimen de lesa humanidad», indica el documento.
Imagen: Luis González.
Los especialistas determinaron que a las personas detenidas de manera arbitraria por la dictadura las trasladaron a dependencias policiales o fincas privadas en diferentes partes del país, donde fueron custodiadas y sujetas al control de las fuerzas policiales y parapoliciales.
Una vez ahí, a los ciudadanos los sometieron a similares torturas y vejaciones, y posteriormente fueron amenazados.
«La tortura sexual se manifestó por medio de violaciones carnales anales, violaciones carnales vaginales, violaciones anales y vaginales con objetos (cañones de fusiles, escopetas, pistolas, macanas antidisturbios)», denunció el Tribunal de Conciencia.
Agregó que también «se manifestó por medio de violaciones múltiples de tres y más perpetradores (un caso 15 sujetos violando a una prisionera), quema de genitales con ácido (posiblemente ácido de batería), en casos, donde las mujeres fueron obligadas a abortar producto de las violaciones o utilizando suero abortivo».
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El Tribunal exhortó a la comunidad internacional por medio de organismos de protección de los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) sancionar a los responsables de los hechos.
Solicitó, a su vez, desconocer la legitimidad del régimen orteguista, convocándolos a intensificar la presión para conducir a un cambio democrático; y al pueblo de Nicaragua, exigir la realización de elecciones libres y transparentes, entre otras recomendaciones.
El tribunal sesionó del 8 al 11 de septiembre y contó con la participación de la defensora internacional de derechos humanos Bianca Jagger y el abogado español Jared Gensier. El relator fue el director de la Fundación Justicia y Género, Rodrigo Jiménez; el peritaje estuvo a cargo de la exdirectora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Soraya Long, y los nicaragüenses Javier Meléndez y Roberto Samcam, exmayor en retiro del Ejército de Nicaragua.
