La Fundación Arias para la Paz, fundada por el expresidente costarricense Óscar Arias, instaló este martes el Tribunal de Conciencia contra el dictador Daniel Ortega, su vicepresidenta y esposa, Rosario Murillo, y la cadena de mando policial por delitos de violencia sexual como crimen de lesa humanidad.
Los especialistas presentaron cuatro informes periciales con el testimonio de cerca de 20 víctimas de violencia sexual, que señalan como responsables de esos hechos a la dictadura orteguista durante la represión de 2018. «Los expertos (confirmaron) que había sido un hecho sistemático y no casual. El primer paso hacia la justicia es que se reconozca y se hable de esto. El segundo será tratar de llevarlo ante una instancia jurisdiccional internacional», señaló Lina Barrante, directora ejecutiva de la Fundación Arias.
Barrantes relató que hace año y medio las víctimas de la dictadura buscaron auxilio en la Fundación, por lo que se procedió a investigar, determinando la ocurrencia de vejaciones cometidas a una veintena de denunciantes.
La directora narró que la pareja presidencial y su aparato represor cometieron delitos contra hombres y mujeres utilizando distintos patrones de abuso que incluyó desnudarlos, usar palabras lascivas, manoseo, obligarlos a hacer sentadillas y en el caso de los hombres, penetrarlos con armas recién disparadas, con el fin de desgarrarlos y quemarlos. «La violencia que han sufrido estas víctimas es sorprendente. Es impresionante que pueda haber tanta maldad en alguien como para que pueda cometer este tipo de crímenes», indicó Barrantes.
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Soraya Long, perita forense del Tribunal de Conciencia, indicó que los actos cometidos constituyen una forma de tortura y a su vez, un delito de lesa humanidad. Detalló que de los 18 testimonios, diez víctimas fueron torturadas en la Dirección de Auxilio Judicial en Managua, conocida como El Chipote, otras en postas policiales y una persona declaró haber sido remitida a una finca que le llamaban «Pajarito Azul». «Significa que (posiblemente) otras víctimas fueron llevadas a otros lugares que fueron utilizados como centro de tortura» señaló Long.
Por su parte, Álvaro Leiva , secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), resaltó que la organización brinda acompañamiento a las víctimas para «castigar a todos los que han cometido delitos graves en contra de los derechos humanos, delitos de lesa humanidad y genocidio viral que tiene que ser castigado por la justicia internacional».
«No hay lugar para amnistía, ni perdón para aquellos que han cometido delitos graves contra el pueblo de Nicaragua», añadió Leiva. El abogado explicó que los sobrevivientes de la dictadura no pueden recurrir a la justicia nicaragüense, por lo que la administración de justicia internacional tendrá incidencia en la búsqueda de castigo para sus agresores.
Un día antes de la instalación del Tribunal de conciencia, la Fundación Arias denunció ataques sistemáticos a las redes sociales e intento de sabotaje a los sistemas informáticos de la organización, por parte de parte de seguidores de la dictadura.
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El tribunal sesionará del 8 al 11 de septiembre y estará integrado por las juristas costarricenses Sonia Picado y Aida Facio; la defensora internacional de derechos humanos, Bianca Jagger; la abogada española Almudena Bernabéu; la psicóloga colombiana Clemencia Correa, y el abogado español Jared Gensier.
El relator es el director de la Fundación Justicia y Género, Rodrigo Jiménez, el peritaje está a cargo de la exdirectora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Soraya Long, y los nicaragüenses Javier Meléndez y Roberto Samcam, exmayor en retiro del Ejército de Nicaragua.
Debe quedar una.memoria histórica. Dejar sentado un precedente para que algún día la justicia brille en Nicaragua