La justicia de Daniel Ortega presentó en audiencia inicial a Yorling Alberto Robles Carballo, de 20 años, y Óscar Enrique Amador Acuña, de 40, originarios del municipio de Catarina, Masaya, acusados por los delitos de tráfico, fabricación, tenencia y uso de armas restringidas y tráfico de estupefacientes.
Ambos ciudadanos están detenidos en el Sistema Penitenciario Jorge Navarro, en Tipitapa, luego que la madruga del 27 de agosto fueran allanadas sus viviendas y señalados de haber lanzado bombas de contacto en esa localidad.
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La abogada Yonarqui Martínez, defensa de ambos acusados, dijo en entrevista a Artículo 66 que todas las diligencias e investigaciones para incriminar a los ciudadanos fueron hechas por la Policía de Masaya, por lo cual interpuso recurso de excepción por incompetencia de jurisdicción, el que las autoridades rechazaron.
«En la excepción consideré que el juez Abelardo Antonio Elvir Ramos, del Juzgado Séptimo Penal de Audiencia de Managua, no es competente para conocer del caso. Sin embargo, no dio lugar y mandó a juicio oral y público a los señalados. No dio fecha de la audiencia, sino que se les informó que será el juez de juicio quien establezca día y hora», declaró Martínez.
Síntomas de COVID-19
En cuanto a la salud de los dos ciudadanos, la abogada denunció que tanto Yorling Robles y Óscar Amador se encuentran con síntomas de COVID-19 y sin ser atendidos. «Óscar Amador presenta altos grados de fiebre y está en una celda con más de 80 personas».
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Además, la defensora indicó que los dos ciudadanos van a ser revisados por el Instituto de Medicina Legal para evitar algún deceso. «Es lamentable que ahora en día los presos políticos no están siendo atendidos por las autoridades del Sistema Penitenciario Nacional y las celdas no prestan las condiciones, porque hay hacinamiento, insalubridad y el riesgo es bastante alto».
Otra de las anomalías que reflejó la defensora de derechos humanos es la negación a que sus parientes los puedan ver. «Sus familiares hasta el día de hoy no los han visto y es preocupante que no se esté garantizando el derecho a la salud y que a los autoconvocados se les esté imponiendo delitos de índole de gravedad para que no sean objetos de cualquier beneficios, pero realmente son opositores al gobierno».
