Las autoridades de Migración de Costa Rica confirmaron que el gobierno de ese país permitió que este viernes, 31 de julio, iniciaran a realizar la prueba de COVID-19 a los cientos de nicaragüenses varados en la frontera de Peñas Blancas desde hace 13 días. El Gobierno costarricense delegó al ministro de Seguridad, Michael Soto, y a la directora de Migración y Extranjería, Raquel Vargas, para constatar la situación en la que se encuentran los ciudadanos.
En ese sentido, la Fundación Arias para la Paz de Costa Rica, una de las organizaciones no gubernamentales que gestionó la donación de unas 500 pruebas de coronavirus, manifestó a través de su directora, Lina Barrantes, que los test se estarían realizando solamente para las personas que están en la línea fronteriza desde hace dos semanas.
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La fundación está trabajando en coordinación con el Ministerio de Salud Pública y la Dirección General de Migración costarricense. Los compatriotas varados en Peñas Blancas ya comenzaron a presentar desgaste físico ante las condiciones deplorables que se encuentran ante la negativa del régimen de permitir su ingreso al país.
Al menos 29 asociaciones médicas de Nicaragua emitieron un comunicado en el que llaman a los nicaragüenses a «no bajar la guardia» ante una falsa impresión de que la pandemia del COVID-19 se está acabando en el país, y advierten una nueva oleada de contagios en caso de que la ciudadanía continúe relajando las medidas de prevención.
Los médicos, que a inicios de junio instaron a la población a realizar una cuarentena voluntaria para contener los contagios, aplaudieron la aceptación a su llamado, pero insisten en «estar preparados en nuestros hogares y en las unidades de salud, a todos los niveles, y continuar manteniendo las medidas de prevención y protección establecidas».
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La organización Nicaragüenses en el Mundo dirigió una carta de protesta al Senado de Hamburgo, a quien solicitan que detengan su cooperación financiera de 20 mil euros, es decir, cerca de 27 mil dólares, hacia la Alcaldía de León en Nicaragua por considerar que es una entidad cómplice del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en la represión a los ciudadanos leoneses.
Haydée Castillo, defensora de derechos humanos y miembro de la organización, explicó a Artículo 66 que la carta de protesta se debe a que que esa donación va en contra de la sanciones que la Unión Europea ha determinado para el régimen, allegados y cómplices.
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El régimen de Daniel Ortega, a través del Parque Nacional de Ferias, anunció 16 días cargados de varias actividades como parte de la celebración de las fiestas patronales de Santo Domingo de Guzmán, iniciando el primero de agosto y culminando el 16.
La convocatoria se da pese a que la Iglesia católica suspendió todas las festividades en honor al santo patrono de los managuas. Aunque se supone que a «Mingüito» este año no lo bajarán de su morada en Las Sierritas, el régimen promete que en el Parque Nacional de Ferias tendrán el acostumbrado recorrido de la diminuta imagen, también se realizará «el tradicional baile de las vacas culonas y el reto del palo lucio, todo esto en plena pandemia.